FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (VP/EFE). El exconseller Rafael Blasco, condenado a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental por el desvío de fondos públicos destinados a cooperación internacional, disfruta ya de sus primeros días fuera de la prisión de Picassent tras haber obtenido el tercer grado penitenciario.
La concesión de esa medida fue aprobada por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, con fecha del 29 de enero, tras cumplir tres años y siete meses de la condena impuesta.
Hasta ahora Blasco, de casi 74 años, había disfrutado de dos permisos penitenciarios ordinarios: el primero a finales de 2017 y el segundo en el verano de 2018.
En ambos casos, fueron concedidos por el juez de vigilancia penitenciaria tras sendos informes favorables de la Junta de Tratamiento y sin oposición del Ministerio Fiscal por entender que podía "redundar en beneficio del interno y en la consecución de la rehabilitación del mismo".
Según confirmó a este periódico un portavoz de Instituciones Penitenciarias, el exconseller se encontraba desde el miércoles pasado en el Centro de Inserción Social (CIS) en el que pasará el tiempo que le resta para liquidar su condena, que termina en diciembre de 2021. Estas fuentes no precisaron si el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria apoyó la propuesta de salida de la Junta de Tratamiento.
Los reclusos que siguen cumpliendo condena en el CIS siguen sometidos a las revisiones periódicas sobre su clasificación, de modo que únicamente cambian a un régimen abierto, en función de su situación personal y los motivos por los cuales se les ha concedido el tercer grado penitenciario.
Los reclusos en tercer grado pueden acudir a un puesto de trabajo, en caso de que lo tengan; acudir a sus domicilios para cuidar a familiares, realizar labores de voluntariado o asistir a terapias en caso de necesitarlas, todo ello en función de las actividades que se le marquen desde el centro atendiendo a cada situación concreta, han informado las mismas fuentes.
El exconseller y exdirigente del PP tiene pendiente el juicio por otras dos piezas separadas del caso Cooperación, que previsiblemente se celebrará entre el 15 de abril y el 19 de julio de este año, según las estimaciones previstas inicialmente por las partes.
Junto a Blasco se sentarán en el banquillo otros veintitrés acusados por el desvío de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios.
En este juicio se determinarán las responsabilidades por las supuestas irregularidades cometidas al conceder subvenciones a ONG en 2009, 2010 y 2011 y para el proyecto de construcción de un hospital en Haití.
Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.
En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".
Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.
En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.
