VALÈNCIA. Bolsa de Valencia dejará el Palau de los Boïl d'Arenós, el histórico edificio de la calle Llibrers donde tiene su sede, como máximo el próximo mes de noviembre. Así lo recoge una carta de Vicente Olmos, presidente de la institución integrada en Bolsas y Mercados Españoles (BME), a la que a finales del pasado año se la instó a abandonar el edificio público en el que estaba instalada de forma gratuita.
El escrito de contestación, recepcionado en la dirección general del Sector Público y Patrimonio pocos meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) denegara la suspensión cautelar de la orden de 'desahucio', deja clara la asunción de la petición, que se alargará como máximo hasta el próximo 20 de noviembre.
El palacio, declarado Monumento Histórico Artístico en 1977, fue requerido por la Generalitat a finales de 2020 para ubicar la sede del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Una decisión por la que se rompía el convenio suscrito entre la Generalitat y Bolsa de Valencia que, inicialmente, estaba previsto hasta 2025.
La Generalitat Valenciana adquirió el Palau de los Boïl d'Arenós en la década de los ochenta para rehabilitarlo como sede de la Bolsa de Comercio de Valencia. El decreto de cesión gratuita por motivos de "utilidad pública e interés social" de los fines a los que se destina el edificio de la Bolsa fue aprobado en 1995. Un decreto posterior aprobado en noviembre de ese mismo año y firmado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el conseller de Economía y Hacienda, José Luis Olivas, concretó el alcance de la cesión.
En este decreto quedó establecido que el derecho de uso gratuito estaba condicionado a la utilización del inmueble como sede de la Bolsa y sus servicios propios y también se fijaron las circunstancias en las que la cesión podría ser revocada. "En caso de que las sociedades cesionarias dejen de cumplir los fines objeto de la cesión, el uso del inmueble cedido revertirá automáticamente a la Generalitat Valenciana", concreta el texto.
Ahora, el acuerdo que rompe dicho convenio por necesidad del espacio por parte de la administración marca un plazo de tres meses para formular la denuncia y tres meses para la reversión del inmueble. En este sentido, fija la fecha el 17 de septiembre de 2021, cuando el conjunto inmobiliario debería estar en posesión de la Generalitat y libre de enseres. Sin embargo, según expresa Olmos en dicha carta, la denuncia fue realizada el pasado 20 de mayo, por lo que el plazo para salir del espacio debería alargarse al 20 de noviembre de 2021.
Para las dudas que pudieran generarse, el ente participado por BME ha solicitado la creación de un grupo de trabajo para plantear cuestiones relevantes para la entrega. En éste participarán Alejandro Diez, vicesecreatario, Carlos Ochoa, asesor legal, y José Pons, responsable de mantenimiento.
Respecto a la liberación del interior de las instalaciones, desde Bolsa de Valencia señalan las dificultades que podrían derivarse de la desinstalación de los medios técnicos utilizados habitualmente para las tareas de supervisión de la negociación bursátil y señalan que comunicarán cualquier problema que pudiera darse en este sentido.
Además, también aluden a las inversiones realizadas con fecha prevista de finalización del convenio en 2025, año en el que expiraba el acuerdo de cesión por 30 años, y hacen referencia a las amortizaciones pendientes de las actuaciones abordadas por la entidad bursátil durante su estancia.
Desde la Generalitat Valenciana estuvieron meses intentando llegar a un acuerdo con Bolsas y Mercados de España (BME) para compartir este histórico edificio de la calle Llibrers con la finalidad de albergar la sede del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Sin embargo, la falta de consenso llevó a que la Conselleria de Hacienda tomara la decisión de romper de forma unilateral el convenio tras no llegar a un acuerdo respecto a la posibilidad de convertirlo en un 'edificio financiero' en el que IVF, Bolsa de Valencia y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) compartieran emplazamiento.
En este sentido, las peticiones realizadas por la institución bursátil en cuestiones como el espacio a ocupar -ya que Bolsa de Valencia cuenta con 12 trabajadores- o el plazo de tiempo a permanecer no cuajaron en Hacienda, motivo por el que finalmente la única opción era instar a Bolsa de Valencia a que se fuera y lo hizo denunciando el convenio suscrito para recuperar el espacio.