VALÈNCIA (P.G./EP). Compromís y PSPV-PSOE piden a la alcaldesa, María José Catalá, que el informe que ha encargado a la Asesoría Jurídica sobre el expediente de la permuta de 39 VPP por suelo municipal a Domio también incluya el análisis de la documentación que aportaron las familias afectadas al Ayuntamiento.
Cabe recordar que esta operación sigue bajo el foco desde que la pasada semana el grupo socialista anunciase que llevará a la Fiscalía la permuta al considerar que es "irregular" y que se ha formalizado sin cumplir los requisitos establecidos porque las 39 VPP incluidas en ella "ya estaban comercializadas" por su promotora antes de formalizarse el cambio con el Ayuntamiento. El PSPV-PSOE señaló que hay personas que "han facilitado documentación que prueba que tenían derechos adquiridos" sobre esos inmuebles y que habían "pagado 1.000 euros como prerreserva" para adquirirlos.
Informe "riguroso"
La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, y el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, han anunciado la decisión de pedir el citado documento a la Alcaldía a través de un comunicado. Estos ediles han detallado que instan a solicitar "un informe completo" a la Asesoría Jurídica municipal "para que revise tanto el expediente de la permuta como la documentación presentada por las familias afectadas, en la que se acreditaba que las viviendas estaban ya prerreservadas y, por tanto, comercializadas" antes de ese intercambio entre el Ayuntamiento y la promotora.
Sanjuan ha expuesto que "el objetivo es que la Asesoría Jurídica analice toda la información relevante, incluidas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía la situación de esas viviendas antes de adjudicar la operación". "No vamos a permitir que el gobierno de --la alcaldesa-- María José Catalá (PP) remita a los servicios jurídicos información sesgada para impedir que se analice lo sucedido de manera transparente y objetiva", ha subrayado.
"Aquí hablamos de 39 familias que ya tenían asignada una vivienda de protección pública y que ahora se ven en la calle por una operación que huele a pelotazo urbanístico", ha señalado Papi Robles, que ha considerado que "lo mínimo exigible es un informe jurídico riguroso, con toda la información sobre la mesa" y "no un trámite a medida para tapar responsabilidades políticas".
El portavoz del grupo socialista ha criticado que el gobierno local "quiera limitarse a solicitar un informe a la Abogacía del Ayuntamiento sin incorporar toda la información relevante". En este sentido, ha subrayado que "ante la sospecha de que lo que quieren hacer es darle información parcial a la Abogacía", los dos grupos de la oposición pedirán su "propio informe a la Asesoría Jurídica" del consistorio, "incluyendo todas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía que esas viviendas estaban prerreservadas y que, por tanto, esa adjudicación es ilegal".
Borja Sanjuan ha manifestado que en el pleno del Ayuntamiento celebrado este martes, Catalá y el edil de Grandes Proyectos y Contratación --titular de Patrimonio cuando se impulsó la permuta-- José Marí Olano (PP) "intentaron despejar balones fuera" sobre esa permuta, "a pesar de que el concejal reconoció que conocía y tenía relación con la persona apoderada de la empresa que se ha llevado el pelotazo urbanístico que ha dejado sin casa a 39 familias".
"Olano acumula tantas sombras de sospecha que es esencial saber cómo se ha gestado toda esta operación, con luz y taquígrafos. También vimos más nervioso que nunca a --el edil de Urbanismo y Vivienda, Juan-- Giner (PP) durante el pleno", ha añadido Papi Robles, que ha dicho que ese "es un síntoma de que no han hecho las cosas bien".
Sanjuan ha aseverado que "la operación tenía como único objetivo entregar suelo público y dinero público a una promotora para que hiciera negocio privado a costa de los derechos de 39 familias que ya tenían asignada una vivienda de protección pública".
"Nulidad"
Compromís y PSPV solicitarán que "el informe jurídico valore, si procede, además de la eventual responsabilidad de la empresa promotora, la revisión de la nulidad de pleno derecho de la concesión de la permuta si se confirma que se adjudicó sabiendo que las viviendas ya estaban comprometidas".
"Estamos hablando de una operación que ha dejado sin casa a 39 familias y que podría ser jurídicamente nula. Lo mínimo que merece esta ciudad es un análisis riguroso, completo y transparente", ha asegurado el portavoz del PSPV-PSOE. "No es una cuestión técnica, es una cuestión de justicia. Si ha habido irregularidades, esta ciudad no puede mirar hacia otro lado", ha agregado la representante de Compromís.
