Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Se acaba el tiempo y se intensifican las gestiones para que la Comunitat Valenciana no pierda las competencias en regulación del derecho civil autóctono. La publicación este martes en Valencia Plaza de un artículo de la Associación de Juristes Valencians advirtiendo de que es inminente el fallo del Tribunal Constitucional a los recursos del Estado contra las tres leyes valencianas -de régimen económico matrimonial, de uniones de hecho y de custodia compartida- no dejó indiferente a nadie.
Fuentes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) aseguraron a este periódico que tanto su presidenta, Isabel Bonig, como la vicesecretaria y diputada nacional Elena Bastidas han intensificado en la últimas semanas las "gestiones con altas instancias del Gobierno" para que retire los recursos de inconstitucionalidad, única manera de asegurar la pervivencia no sólo de las leyes, que en este momento es lo menos importante, como del derecho de los valencianos a legislar en materia de derecho civil a través de las Corts. Algo que sí se reconoce a otras comunidades, como Aragón, Cataluña, Navarra o Galicia.
La propia Bonig, que este martes estaba en Madrid con motivo del debate en el Congreso sobre la reforma del Estatut, confirmó a Valencia Plaza que ha intensificado las gestiones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para hacerles ver la conveniencia para el propio Partido Popular de evitar este revés para la autonomía valenciana, que se sumaría a los agravios percibidos por los valencianos en materia de financiación autonómica o de inversiones como el Corredor Mediterráneo.
Con la consecución de este objetivo, Isabel Bonig se apuntaría un tanto ante los suyos y ante los valencianos, en medio de tanta decepción por el estallido de los últimos casos de corrupción. En caso contrario, arreciarían las críticas contra el PP, al que desde los partidos que sustentan el Consell se responsabiliza por no haber retirado los recursos durante la legislatura. Ello a pesar de que, como recuerdan los populares, dos de los tres recursos ante el Constitucional fueron interpuestos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El tercero fue presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
También el diputado popular en el Congreso José María Chiquillo confirmó que el partido está haciendo un esfuerzo por convencer al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. "Se ha hecho ver al Gobierno que hay un amplio consenso en la Comunitat, con resoluciones de más de 40 ayuntamientos y casi todos los partidos en las Corts, que el Tribunal Constitucional desestimó la suspensión cautelar y, por tanto, son leyes que están en vigor y los valencianos y valencianas se han acogido ellas sin ningún problema", recalcó.
Sin embargo, avanzó que lo ve difícil y explicó por qué no es optimista: "Es un Gobierno en funciones y retirar tres recursos de inconstitucionalidad no es un tema menor", afirmó. No obstante, el mismo Gobierno en funciones acaba de interponer un recurso, en este caso contencioso-administrativo, contra los decretos del actual Consell que conceden subvenciones a pensionistas y personas con diversidad funcional para eliminar los efectos del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012, lo que hace abrigar alguna esperanza de que también pueda retirar recursos aun estando en situación de interinidad.
Ante la inminencia del fallo, la AJV ha acentuado en las últimas semanas su campaña de movilización iniciada a mediados de 2015. Tras convencer a la práctica totalidad de las fuerzas políticas valencianas, con la excepción de Ciudadanos entre las que tienen representación en las instituciones, la asociación solicitó este martes sendas "entrevistas urgentes" con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, para transmitirles "la preocupación por las graves consecuencias que para la ciudadanía valenciana tendría una sentencia del Tribunal Constitucional que negara la capacidad de legislar a las Corts en materia de Derecho Civil", según avanzó el abogado José-Ramón Chirivella, portavoz de la plataforma.
Aunque el artículo de los juristas valencianos hablaba de un posible fallo esta semana, en su opinión previsiblemente contrario a las tres leyes forales, fuentes oficiales del Tribunal Constitucional explicaron a Valencia Plaza que no es esta semana sino la próxima cuando hay pleno del organismo, aunque no revelaron si en el orden del día, que no es público, figura la deliberación y fallo sobre los recursos contra las tres leyes. Esa información, en su caso, se dará después del pleno, cuando se hacen públicos los acuerdos que se han tomado.
Lo que sí es seguro es que la decisión irá a pleno, es decir, que será votada por los 12 integrantes del Tribunal Constitucional. La ponente será toda una experta en la materia, Encarnación Roca Trías, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, que antes de su nombramiento como magistrada del TC en 2012 había sido durante siete años magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo.
