VALÈNCIA. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, movió ficha finalmente. Tal y como avanzó este diario días atrás, diputados valencianos en el Congreso habían comentado internamente la posibilidad de buscar algún golpe de timón en los Presupuestos Generales de Estados 2018 en algunas de las reivindicaciones emblemáticas de la Comunitat, concretamente respecto al Transporte Metropolitano de València.
El Gobierno no había incluido ni un solo euro para la Autoridad del Transporte Metropolitano de València. La Generalitat y los ayuntamientos exigían 38 millones y Ciudadanos negoció una enmienda de 10 mientras Bonig rechazaba públicamente apoyarla alegando que faltaba un plan de movilidad. Pero pese al rechazo inicial de la líder de los populares a implicarse en la batalla de las enmiendas, el avance de Ciudadanos en la negociación con el Gobierno central para conseguir 10 millones hizo reaccionar a Bonig.
No obstante, el golpe de timón de la presidenta regional resultó más efectista que efectivo. Sus reuniones en Madrid a lo largo de este miércoles con miembros de la dirección nacional del PP y del grupo parlamentario, conversaciones en las que, según algunas fuentes, participó el propio ministro Cristóbal Montoro, alumbraron un acuerdo que no mejora especialmente lo conseguido por Ciudadanos, sobre todo si se atiende a la letra pequeña de la enmienda de modificación presentada, que la formación naranja no tuvo reparo en firmar puesto que asumía su petición inicial de los 10 millones de euros.
En este sentido, el acuerdo al que dio el visto bueno el Ministerio de Hacienda incluye los citados 10 millones para el presente ejercicio así como 20 millones de euros para 2019 y 30 para el año siguiente. Eso anunció el PPCV y de eso presumirá este jueves Bonig, que ha convocado a la prensa para explicarlo.
Ahora bien, acudiendo al texto firmado, la propia redacción no inspira demasiada confianza: "En tanto que no haya una ley del transporte colectivo urbano, a la finalización del periodo al que se refiere la subvención de este apartado se procederá a evaluar el impacto de las aportaciones del conjunto de las Administraciones sobre el equilibrio financiero del sistema de transporte referido; como resultado de dicha evaluación se podrá promover, en su caso, un incremento anual máximo de 10 millones de euros de la aportación estatal, con respecto al año precedente, en los años 2019 y 2020 hasta un máximo de 10.000 miles de euros para cada uno de dichos años".
Es decir, el texto evidencia que ese incremento de fondos para el Transporte Metropolitano de València podrá producirse o no, ya que no existe ninguna garantía de que tendrá lugar. De hecho, en el texto se alude a tal posibilidad tras "evaluar el impacto" de la aportación de este año "a la finalización del período". Dado que los presupuestos de 2019 se tienen que presentar el próximo mes de septiembre y aprobar en diciembre, es imposible que para entonces haya esa evaluación del impacto de la subvención en 2018 que justifique el aumento de 10 millones más.
Por otro lado, cabe recordar que PSPV, Compromís y Podemos presentaron una enmienda para este mismo asunto por un montante de 38 millones de euros, lo proporcional a lo que reciben Madrid y Barcelona respecto a su población: en el mejor de los casos para la Comunitat Valenciana, el compromiso acordado por Bonig no alcanzaría esa cifra en los próximos tres años ni siquiera aunque el Gobierno de Rajoy cumpliera con el máximo establecido en la enmienda, que son 30 millones en 2020. De esta manera, lo que Cristóbal Montoro ha conseguido con este acuerdo es asumir los 10 millones a los que estaba prácticamente obligado por el pacto con Ciudadanos pero limitar el crecimiento en futuros ejercicios.
Distinto hubiera sido que Bonig hubiera conseguido una mejora en la cantidad programada en las cuentas de esta ejercicio. De esa manera, la irrupción de la presidenta del PPCV en la negociación habría resultado determinante de forma visible e inmediata, mientras que la maniobra de última hora acometida el único logro se resume en una promesa de un departamento cuya fiabilidad en cumplimiento respecto a la Comunitat Valenciana no es precisamente destacada.
Uno de sus más destacados incumplimientos es la reforma del sistema de financiación autonómica, que la ley preveía que se reformase una vez evaluado el primer quinquenio del actual modelo (2009-2013). Aún no se ha reformado y la primera de las muchas excusas del ministro fue que en 2014 no se podía afrontar la reforma porque no había evaluación. Lo mismo que ocurrirá a finales de este año con la evaluación de la primera subvención al transporte metropolitano de València.
En cuanto a la justificación de esta enmienda pactada por PP y Ciudadanos, los 10 millones de euros destinados a la Autoridad del Transporte Metropolitano de València para la financiación del transporte regular de viajeros se sacarán de la partida para compensación de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales como consecuencia de normas legales del Estado.
Por su parte, la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) a través de su gerente María Pérez reaccionó este mismo miércoles a la enmienda acordada por el Gobierno de Rajoy y Ciudadanos al considerar que la cantidad es "claramente insuficiente" dado que no cubre "la necesidad de 38 millones para financiar correctamente el transporte metropolitano de Valencia". "Las cuentas deben responder a un criterio técnico y no estar sometidas a criterios arbitrarios que desconocemos", señaló la dirigente.
En esta línea, Pérez puntualizó que la partida acordada está "muy lejos" de las cantidades enviadas a Madrid y Barcelona y muy por debajo de la media per cápita que reciben los ciudadanos de estas áreas". Por ello, calificó de "promesas" el resto de previsiones futuras para años posteriores. "Necesitamos 38 millones este año, en 2019 y en 2020", sentenció.
No obstante, fuentes parlamentarias señalaron que entrada la noche de este mismo miércoles se produjo la votación de la citada enmienda en la comisión del Congreso dado que fue adelantada al afectar a dos secciones. Así, la propuesta firmada por PP y Ciudadanos referida al Transporte Metropolitano salió adelante sin votos en contra y con la única abstención de PDeCAT, con lo que ya quedó incorporada al informe del proyecto de ley de los PGE para 2018.