Bonig traza un plan B para expulsar a los concejales si no entregan el acta

VALENCIA. La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, amagó pero no golpeó -al menos de momento- este miércoles en sus reuniones versión 'uno contra uno' con los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por presunto blanqueo de capitales. Así, el encuentro entre la líder popular con cinco de los nueve ediles se saldó con una solicitud de sus actas que no fue aceptada -al menos ninguno de ellos lo contradijo así a su salida- y la concesión de unos días de reflexión a los imputados para que se replanteen su posición.

La negativa de los citados ayer se une a la que dio el exportavoz del grupo Alfonso Novo el martes y a falta de la respuesta de los tres convocados para mañana, Félix Crespo, Alberto Mendoza y María Jesús Puchalt, si bien esta última habría excusado su asistencia al estar de viaje.

Ahora bien, fuentes de la dirección regional apuntaron a este diario que la reunión, además de solicitar el acta a los ediles investigados, sirvió para transmitir a los mismos que se les remitirá en los próximos días un documento -previa reunión del Comité de Derechos y Garantías del PPCV- en el que se les pedirá que abandonen sus puestos en el Ayuntamiento de Valencia.

Fuentes próximas a los concejales apelaban a los estatutos este miércoles al señalar que el expediente informativo abierto desde la dirección nacional del PP impedía al Comité de Derechos y Garantías regional acometer otro diferente sobre el mismo aspecto. Es decir, Bonig debería limitarse a esperar a que se resolviese la actuación iniciada que, a falta de las actuaciones procedentes, no indicaría necesariamente una sanción disciplinar inmediata salvo que hubiera apertura de juicio oral.

No obstante, el PPCV está decidido a abrir otras vías si los concejales insisten en retener el acta. Así, fuentes de la dirección regional consultadas por este diario puntualizaron que, al margen de la investigación por el presunto blanqueo que recae sobre los ediles, si los concejales rechazan entregar el acta se produciría "un incumplimiento de las directrices del partido" acordadas el pasado mes de febrero. Fue entonces cuando, según las citadas fuentes, se llegó a un pacto plasmado en un "comunicado conjunto" en el que "todos estuvieron de acuerdo y que nadie desmintió". 

Una posibilidad referida a la indisciplina que, efectivamente, aparece contemplada -siempre con cierta carga de interpretación- en los estatutos del partido y que puede ser constitutiva de falta muy grave o grave, lo que puede desembocar en una suspensión de militancia e, incluso, en una expulsión en el peor de los casos.o.

En este sentido, y aunque los hechos son difícilmente comparables, cabe recordar que este tipo de maniobras se han utilizado en otras ocasiones. Sin ir más lejos, bajo el mando de Alberto Fabra en 2013 se suspendió al exconseller Rafael Blasco -que se encontraba imputado- utilizando como motivo unas declaraciones hechas en un programa de televisión. De la misma manera, el presidente del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, fue suspendido directamente de militancia en este caso desde Madrid aunque a petición de Fabra tras hacerse pública una grabación en la que contaba billetes aunque no se encontraba imputado en ese momento.

Pese a la situación de tensión que se vive en el seno del PPCV, fuentes de la dirección regional consultadas por este diario confiaron en que los concejales "reflexionarán" a lo largo de estos días y se decidirán a dejar el acta. No obstante, algunos de ellos esgrimieron ayer que no existía todavía un auto de imputación por lo que apelaban a continuar a la espera, una circunstancia que no parece contemplarse por la dirección regional que dan por hecha la condición tras el levantamiento del secreto de sumario y en el que ya aparece la relación de investigados.

En cuanto al plazo concedido para la reflexión de los concejales, la dirección regional también apunta a la necesidad de seguir los correspondientes pasos preceptivos para tomar decisiones más contundentes de manera que no puedan toparse con algún obstáculo jurídico por el procedimiento adoptado.