VALÈNCIA. El pleno de Les Corts Valencianes debatirá este miércoles la creación de una comisión de investigación del conocido como caso Azud, relativo a una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas. La iniciativa partió de Ciudadanos tras las últimas detenciones en la segunda fase de la operación policial que se desarrolló el pasado mayo. Y los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) tienen previsto votar a favor tras haberse planteado lo contrario a lo largo de la jornada de ayer martes.
El motivo principal del conflicto ha sido que la causa continúa en su totalidad bajo secreto de sumario. Éste se tendrá que ir levantando paulatinamente, por lo que ningún partido puede tener todavía acceso a las diligencias y saber exactamente los hechos que se describen. La propuesta de la formación naranja, firmada por la diputada Mamen Peris, incluía inicialmente que la comisión se constituiría de forma inmediata tras su aprobación. Pero este mismo martes registró una corrección de errores en la que modificaba el texto para decir que se constituirá "una vez levantado el secreto de sumario".
Esto es lo que, salvo un nuevo cambio, ha hecho al Botànic reconsiderar su criterio. O, al menos, a una parte. Desde el PSPV y desde Unides Podem aducían que el hecho de no conocer la investigación iba a impedir realizar los trabajos de la comisión, por lo que su pronunciamiento iba a ser en contra. Ambos grupos apelaban a la unidad de voto de la izquierda en este sentido, pero en Compromís parecían más desmarcados. Así, fuentes del grupo mostraban clara su voluntad de posicionarse a favor. Al final de la tarde, y después de la corrección de errores de Ciudadanos, el tripartito aseguraba ya de manera unánime que sí aprobaría la comisión.
A la espera queda, por tanto, comprobar qué sucederá en Les Corts. Como también está en el aire qué harán PP y Vox, que también parecen proclives al 'sí' mientras el sumario se conociera.
Si, efectivamente, el Parlamento autonómico da luz verde –y además por unanimidad–, será la segunda comisión de investigación que aborde esta legislatura. Y la primera relacionada con una presunta causa de corrupción. De hecho, han llegado a impedir 16 en estos dos años. Una imagen que contrasta notablemente con los primeros 4 años del Botànic en el poder, cuando se llegaron a acumular 12 comisiones y gran parte de ellas sobre casos relacionados con el PP que se llevaban en los tribunales (Feria Valencia, Ciegsa, Taula, residencias...).
En esta ocasión, la causa es más reciente. La investigación de Azud se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo al considerado como principal investigado: el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, quien ingresó preventivamente en prisión, pero pocas semanas después fue puesto en libertad.
Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Es decir, una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal. En esa primera parte de la operación también figuraban como imputadas la mujer de Corbín, Asunción Barberá, y sus tres hijas.
Debido a toda la documentación recopilada en ese momento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedió a la segunda parte de la operación con las detenciones de mayo. La ampliación apunta a comisiones a cambio de adjudicaciones urbanísticas entre 2004 y 2011 –es decir, durante la etapa del PP en el consistorio–, pero también salpica de lleno al PSPV. Entre los que habrían cobrado esas mordidas se encontrarían el exviceacalde de València, el popular Alfonso Grau, y el que fuera subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Rafael Rubio. Otros cargos vinculados a este último partido estarían igualmente implicados, como su exfinanciero, Pepe Cataluña, y el jefe de prevención de riesgos penales de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera.
En el centro de todo, según los investigadores, el empresario Jaime Febrer, supuesto creador de una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el de la capital, como pago por adjudicaciones públicas. Debido a todo ello, estos tres últimos acusados ya han cumplido un mes en prisión preventiva junto a tres empresarios.
Por el momento, los agentes continúan con sus pesquisas, mientras el secreto de sumario de la primera parte del caso podría no tardar demasiado en conocerse. Sin embargo, los tiempos judiciales y los políticos nunca suelen converger. Iniciar la comisión de investigación en Les Corts supondrá, por tanto, basarla en los hechos que trasciendan únicamente de la fase de 2019, a la espera de saber los del pasado mayo –para lo cual no existe ningún tipo de plazo–.