Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Poco van a investigar Les Corts Valencianes en esta legislatura. El Parlamento valenciano constituyó este martes la primera comisión de investigación de la legislatura. Una comisión que analizará la deuda acumulada de la Comunitat Valenciana, los efectos de la infrafinanciación en esa deuda, el coste y las consecuencias de la corrupción en ella que fue aprobada en febrero de 2020 por el tripartito a propuesta de Unides Podem.
Pero será la única que aborde la Cámara, al menos por el momento. A los grupos parlamentarios que integran el tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- no les apetece investigar y así lo han dejado claro votación tras votación en el Parlamento cuando la oposición ha planteado alguna iniciativa de este tipo a lo largo de casi dos años de legislatura.
En total, 16 propuestas de comisiones de investigación han sido rechazadas por el Botànic -la última el pasado jueves-, mientras otras cuatro finalmente fueron retiradas por sus proponentes al constatar que los temas que se pretendían investigar caducaban en el tiempo, como por ejemplo la investigación sobre la gestión y cierre de playas por alta concentración de aguas fecales el verano de 2019 o la creación, financiación y funcionamiento de la fundación CEPS.
También tras una larga espera se decidió retirar la propuesta de creación de un grupo de seguimiento de la situación generada por la covid-19 en abril del año pasado; y la comisión que pretendía investigar las condiciones de trabajo de los becarios de la Generalitat, iniciativa retirada finalmente tras la sentencia que condenó al Consell porque estos desarrollaban funciones de trabajadores y que la Generalitat recurrió en los tribunales. Junto a estas, otra quincena siguen a la espera de tramitarse.
Un escenario que ha despertado sucesivas críticas en los grupos parlamentarios de la oposición, pero que comienza a ruborizar también a algunos diputados del Botànic. De hecho, el tripartito decidió aceptar dos comisiones la semana pasada con el simple argumento, explican, de que la oposición "no pueda decir que se lo rechazamos todo". Eso sí, ninguna de las que han autorizado a la oposición son de investigación, sino de estudio, una diferencia sustancial. Son las comisiones de estudio para la lucha contra la despoblación de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana y otra sobre la discapacidad funcional e intelectual.
El cambio respecto a la legislatura pasada es cuantitativo y cualitativo en este sentido. Entonces, llegaron a acumularse un total de 12 comisiones de investigación, algunas de hecho no llegaron a cerrarsepor el adelanto electoral como la que investigaba la presunta financiación irregular de PSPV y Compromís en la campaña de 2007, más conocida como Crespo Gomar.
En el mandato anterior, incluso, los diputados tuvieron que fijar en una Junta de Síndics un tope -situado en una decena- para poder estudiarlas simultáneamente de manera eficaz, por lo que algunas de ellas tuvieron que ponerse en cola. En la mayoría de ellas, se analizaba la gestión del gobierno anterior; es decir, del PP. Ahora, no obstante, la legislatura que precede a la actual corresponde a la gestión del propio Botànic.
En la actualidad, socialistas, valencianistas y morados tan solo han aceptado una comisión de investigación que, precisamente, propusieron ellos mismos. En concreto, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez, instó a analizar cómo se había generado la deuda pública. Una que ha tardado un año y tres meses en constituirse siquiera, trámite que conviene subrayar que consiste simplemente en designar a los diputados que la conformarán.
Prisa no ha habido, pues 15 meses han transcurrido desde que se aprobó en un pleno de la Cámara y, si bien es cierto que estalló una pandemia mundial el año pasado, también lo es que la actividad parlamentaria se retomó en mayo y desde entonces sus señorías del Botànic han tardado un año en introducirlo en el orden del día de un pleno de Les Corts.
En el largo listado de comisiones rechazadas se encuentran la que pedía investigar el "conflicto de intereses del president del Consell que pudiera derivarse en la quita por parte del IVF al grupo editorial propietario del medio de comunicación del cual es accionista"; "las irregularidades que se han producido en las fundaciones dependientes de la Conselleria de Sanidad, especialmente en Fisabio y en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe"; las supuestas "instrucciones políticas a editoriales para elaborar los libros de texto en la Comunitat Valenciana"; "las conexiones entre la AVL y Acció Cultural del País Valencià".
Las más recientes, la propuesta del PP para investigar la gestión de Oltra en el caso de su exmarido, la posible vacunación irregular de altos cargos o la que pedía estudiar las ayudas para la promoción del valenciano de las que se beneficiaron empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. También otra de Ciudadanos que pedía investigar la atención que se prestó a los pacientes covid en la escuela de enfermería del antiguo hospital La Fe.
En apenas un mes, el Botànic vetó la investigación sobre el procedimiento de adjudicación y montaje de los hospitales de campaña; las irregularidades producidas en el proceso de vacunación de la covid-19; "la relación privilegiada con la administración de las empresas del cártel formado por familiares del president del Consell y sus socios"; o la "utilización del procedimiento de emergencia en la contratación pública durante la crisis de la covid-19".