Bravo aboga por suprimir aforamiento a diputados pero no a jueces y fiscales

VALENCIA, (EFE). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado hoy que los aforamientos "exigen una revisión" y ha abogado por suprimir esta figura en los diputados porque hay "un número excesivo", aunque no en jueces y fiscales porque afectaría a su equidad, transparencia e incluso imparcialidad.

A preguntas de los asistentes al Foro Europa Tribuna Mediterránea sobre si defiende suprimir el aforamiento en Les Corts, Bravo ha contestado: "a nivel autonómico no pasaría absolutamente nada por que quienes ejercen responsabilidades públicas sean sometidos a la jurisdicción ordinaria".

Sin embargo, ha afirmado, "los jueces y fiscales deben mantener el aforamiento" porque si no estarían expuestos a cualquier querella si sus decisiones no gustasen o se consideraran desproporcionadas.

Respecto a los casos de corrupción, ha defendido que es el momento de "la actuación contundente de la justicia" y ha lamentado la "falta de aplicación de esa contundencia en las responsabilidades políticas -dimisiones- que nada tienen que ver con las penales".

La consellera ha abogado por revisar los procedimientos administrativos e incorporar nuevos elementos de control para evitar la corrupción y ha apostado por "redefinir y potenciar" las funciones de órganos como la Sindicatura de Cuentas, "que debería haber ejercido ese control".

Lo "grave", ha subrayado Bravo, es que esos órganos existen, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal -Tribunal de Cuentas- y ha defendido que además de redefinir sus funciones, habría que hacer lo mismo con otras figuras administrativas como interventores o inspectores de Hacienda "para evitar que ser repitan estos casos de corrupción".

Ha mostrado su "profunda indignación" por estos casos que aumentan la desconfianza de los ciudadanos y minan el sistema democrático y ha lanzado el mensaje a los ciudadanos de que "se exigirán todas las responsabilidades para quienes hayan defraudado y utilizado sus cargos púbicos para cometer actuaciones delictivas".

Gabriela Bravo ve "admirable cómo se precipitan las dimisiones al margen o no de las tramitaciones y los tiempos de la justicia" en otros países de Europa para que la ciudadanía sepa que "quien está al frente de responsabilidades públicas debe tener un código ético superior", y ha lamentado que eso no ocurra en España.

A su juicio, una oposición "débil y rodeada de problemas de corrupción tampoco es bueno para un gobierno democrático" y, aunque ha defendido que la acción de su gobierno será favorecida por su buen hacer y capacidad de gestión, ha afirmado que el sistema democrático requiere una oposición "decente".

Para evitar actuaciones corruptas, también ha resaltado la necesidad de "tener altura de miras" y "elegir a las personas honestas, que crean verdaderamente en el servicio público y que la gestión se hace en interés de los ciudadanos y no de sus bolsillos".

Preguntada por si ve a Podemos en el gobierno autonómico cuando se renueve el Pacto del Botánico, ha asegurado que desde el momento es que es uno de los firmantes "tiene absoluta legitimidad para poder formar parte del gobierno".

Durante su intervención, ha defendido que la Justicia tiene que ser "uno de los motores" del cambio y "corrector de la desigualdad" y que invertir en Justicia es hacerlo en el desarrollo económico y por eso el Consell se ha comprometido a aumentar progresivamente su presupuesto.

Ha apostado por mejorar el modelo de contratación pública y diseñar un sistema de empleo público "prestigioso", y entre otras medidas, ha abogado por revisar el tipo y contenido de las pruebas de acceso, no para acabar con las oposiciones sino para modificarlas y "dar más valor" a supuestos prácticos y ejercicios de destreza y "rebajar el peso de los exámenes teóricos".

"Hay que convertir la administración pública en un factor de impulso y dinamización de la economía y no en una rémora como hasta ahora", ha agregado Bravo.

Ha anunciado que ya han empezado los trabajos para el desarrollo autonómico de la Ley de Memoria Histórica y de revisión del modelo de justicia gratuita, y ha defendido medidas como la mediación y el arbitraje y su objetivo de erradicar la violencia machista, incidiendo en la prevención, especialmente, en el ámbito educativo.