VALÈNCIA. (EFE) La Conselleria de Justicia y Administración Pública destinará 45 millones de euros a la justicia gratuita en 2019, el doble que al inicio de la legislatura, y 30 millones para mejorar las infraestructuras judiciales, mientras que ejecutará las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, con la convocatoria de 4.000 puestos.
Así lo ha anunciado la consellera Gabriela Bravo, quien ha iniciado las comparecencias en Les Corts de los miembros del Gobierno valenciano para explicar los presupuestos de 2019, que en el caso de su departamento ascienden a 364,5 millones de euros, un 15 % más que este año, y representan el 1,6 % del total de la Generalitat.
Bravo se ha mostrado "satisfecha" con este presupuesto, mientras que la oposición ha considerado que no puede estarlo, porque esta legislatura "se tendría que haber avanzado muchísimo más" y porque si la justicia realmente fuera una "prioridad" para el Consell tendría más peso presupuestario.
La consellera ha adelantado que destinará 1,2 millones de euros a la creación de nueve Unidades comarcales de valoración forense integral, que facilitará los juzgados informes para proteger a las víctimas de la violencia machista y que se sumarán a las tres provinciales que ya existen, y que pondrá en marcha el Portal de justicia abierta, con una partida de 315.000 euros.
Respecto a la función pública, ha explicado que en 2019 se ejecutarán las convocatorias derivadas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017, en la que se ofertan 2.008 puestos, y la OPE de 2018, que será negociada en las próximas semanas, lo que supone en total la convocatoria de más de 4.000 puestos y la puesta en marcha de cien procesos selectivos.
En materia de memoria democrática, ha precisado que se han consignado 1,1 millones de euros para la estructura administrativa del nuevo Instituto Valenciano de Memoria Democrática, con sede en Alicante, y que se dotará con 350.000 euros el Banco de ADN para la identificación de las víctimas.
Bravo ha explicado que se han previsto dos millones de euros para dotar de personal a los dieciséis nuevos juzgados que ha solicitado al Ministerio de Justicia; que se han consignado 715.000 euros para poner en marcha la futura ley de Mediación, con medidas como la creación del Centro de Mediación, y que se destinarán 8 millones de euros para las elecciones autonómicas.
Además, ha indicado que en 2019 se crearán once oficinas de asistencia a víctimas del delito en los partidos judiciales que actualmente carecen de ellas, y que a finales del mes de marzo se trasladará el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a una sede provisional en la calle Historiador Chabás de València, mientras que destinarán 1,7 millones a adquirir naves industriales para archivo judicial.
La diputada del PP María José Ferrer ha afirmado que la justicia es "la maría del Botánico", pues no ocupa "el lugar que merece" en el presupuesto ni este evidencia que sea "una prioridad", y ha reclamado que se dejen "de rifirrafes" dentro del Consell en materias como la violencia machista y se pongan "a trabajar".
El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha admitido que la herencia del anterior Consell en esta materia era "pésima", pero ha opinado que no se ha mejorado mucho, con una justicia caracterizada por la "lentitud, instalaciones insalubres, burocracia, desesperación y frustración", y ha afirmado que el plan de inversiones es más bien "un plan de hipotecas".
La consellera ha replicado que el presupuesto recoge gastos plurianuales porque no hacen "como el PP, ir a los bancos a pedir un crédito y luego dejar deudas", y ha defendido que ella no está en el Consell para "competir con nadie", sino para hacer política.