VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves que su departamento pretende extender el servicio de coordinación de parentalidad a todos los juzgados de familia de la Comunitat Valenciana.
La consellera ha realizado este anuncio en la apertura de la jornada sobre la coparentalidad organizada por el Colegio Oficial de Psicología en la Ciudad de la Justicia de València, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Los servicios de coordinación de parentalidad surgieron en Estados Unidos a finales de los ochenta cuando, al crecer el número de separaciones y divorcios, aumentaban los riesgos para los hijos por el enfrentamiento de los ya excónyuges.
En Europa, esta figura se ha ido implantando en países como Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. No obstante, en España hubo que esperar hasta julio de 2013, cuando una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona designó por primera vez a un coordinador de parentalidad con el objetivo de planificar con ambos progenitores, y con especial atención a los dos hijos, la normalización del sistema de custodia establecido en el fallo judicial.
El coordinador o coordinadora de parentalidad es nombrado por un juez de familia para situaciones muy específicas en las que se ha perdido la capacidad para encontrar un acuerdo entre las partes y su paso por la vía judicial no ha logrado más que enfatizar las diferencias con un perjuicio evidente para los menores que han quedado en medio de la disputa.
El programa piloto de la Conselleria de Justicia se puso en marcha en mayo de 2017, gracias a la iniciativa de la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira Garrido, quien, a su vez, lo propuso al Decanato de los Jueces de Valencia.
Durante este tiempo se ha atendido a 15 familias y a un total de 25 menores. Todas ellas presentaban un elevado nivel de conflicto y que tenían que hacer frente a numerosos litigios. La mayoría de menores de estas familias, además, padecían desajustes emocionales y, algunos de ellos, incluso, mostraban un alarmante rechazo hacia el padre o madre que no tenía la custodia, así como otros problemas en el ámbito personal, social y escolar.
Tal y como ha recordado Bravo, hay procesos de divorcio "que se enquistan hasta entorpecer el trabajo cotidiano de los tribunales a los que inundan de escritos porque la pareja no asume que deben seguir siendo padres y madres, aunque ya no exista la relación sentimental entre ellos".
En este sentido, ha manifestado: "Nuestro programa piloto también ha dado magníficos resultados, pues el tiempo de resolución de estos expedientes, de media, ha sido de diez meses y medio cuando los indicadores internacionales establecen que la duración óptima de un proceso de estas características debe ser, como máximo, de entre 18 y 24 meses".
"La coordinación parental no está para solucionar los problemas de una pareja tras su separación, sino que actuará siempre, por mandato judicial, con el interés superior del menor como eje, lo que le lleva al principio de no neutralidad, pues siempre se tomará partido por los niños y niñas", ha subrayado Gabriela Bravo.
Para la consellera, medidas como esta tienen como objetivo último "mejorar nuestra Administración de Justicia mediante la adquisición o el perfeccionamiento de nuevos conocimientos y experiencias que persiguen la excelencia en las prestaciones y que se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía".
