Bravo tiene "confianza" en la directora del IMLV y dice que la queja por "abuso de poder" es genérica

VALÈNCIA. (EP). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha manifestado que tiene "absoluta confianza" en la directora del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV) y ha afirmado que la queja presentada por la Asociación de Forenses de la Comunitat por presunto "abuso de poder" es genérica y, por ello, no se va a abrir una investigación.

Así se ha manifestado Bravo en declaraciones a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que ha presentado la Cátedra Deblanc, al ser preguntada por si la conselleria va a investigar la queja de forenses por "injerencias" y "abuso de poder" que atribuyen a la actual dirección del instituto.

Al respecto, la consellera ha aprovechado para decir que tiene "absoluta confianza" con la directora general del IMLV: "Creo que es una gran profesional y su trabajo merece todo mi respeto", ha subrayado. En esta línea, ha defendido que lleva tres años, desde 2015, ejerciendo sin ningún tipo de queja hasta este momento, "que coincide con una etapa de puesta en marcha de nuevas normas y nuevos sistemas de control en el IML".

Preguntada en este punto por las quejas de dos trabajadores del IMLV que originaron una investigación en noviembre de 2016 por un supuesto sistema de guardias no equitativo relacionado con la emisión de certificados de incineración, la consellera ha manifestado que se abrió un expediente pero "esto no tiene nada que ver con las quejas", ha puntualizado.

"Respecto al calendario y al sistema de guardias --ha agregado-- es aprobado por la Dirección General, y se han incorporado modificaciones a ese sistema y el régimen de incompatibilidades y control de las mismas ahora se ha mejorado", ha dicho.

En concreto, sobre la queja de la asociación, ha insistido en que se trata de una "queja genérica" en la que "no se denuncian cuestiones concretas que permitieran abrir una investigación previa, sino que habla en términos generales... que si le parece dictatorial --el trabajo de la dirección-- o que las normas puestas en marcha no le gustan... pero nos parece que tienen un carácter muy genérico".

En esta línea, ha repetido que desde la conselleria están abiertos a atender cualquier queja de cualquier ciudadano, "sea la presidenta de la asociación o cualquier ciudadano usuario del IMLV", pero "obviamente, ante cuestiones genéricas, es muy difícil valorar qué es lo que está denunciando --la asociación-- en concreto".

"Mi respeto a la presidenta de la asociación", ha añadido, para señalar que "si quiere denunciar algo concreto, desde la conselleria estamos abiertos para atender cualquier denuncia de hechos concretos. Pero estas frases tan genéricas que no conducen a ningún sitio, no vamos a abrir ninguna investigación".

Así mismo, la consellera se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que al mismo tiempo que les ha llegado la queja de la asociación, también han recibido un escrito firmado por un "número importante" de asociados que "no suscriben la queja". "Nos ha sorprendido que de forma automática, asociados se hayan desvinculado de este escrito --la queja--", ha apostillado.

La queja

En su escrito de queja, la asociación reclamaba medidas para proteger a los funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Valencia ante "las injerencias" y "abuso de poder" que atribuían a la actual dirección.

En concreto, en el escrito, el colectivo trasladaba "la situación insostenible" en la que se encuentran "muchos médicos forenses de la provincia de Valencia, situación motivada por la actitud injustificada y prepotente de quien ostenta el cargo de directora y subdirectora del IML que pone en riesgo el normal desarrollo del trabajo".

La misiva ponía de manifiesto un "comportamiento controlador y déspota tratando a los profesionales del instituto como personal subordinado y sometido a sus decisiones más arbitrarias". Llegaba a hablar de una "dictadura represiva".

La carta llegaba después de que trascendieran otras quejas por parte de algunos trabajadores del instituto. La Dirección General de Justicia abrió hace unos meses expediente informativo --información previa-- a seis médicos forenses por presuntamente emitir certificados de incineración a funerarias privadas y realizar embalsamamientos o conservaciones sin haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad de la administración.

La Inspección General de Servicios llevó a cabo una investigación tras las quejas en noviembre de 2016 de dos trabajadores del IML, quienes advirtieron de que el sistema de guardias no era equitativo e hicieron alusión a una posible relación causal entre este sistema y la emisión de certificados de incineración --que es una actividad privada que los forenses pueden ejercer de manera legal bajo la debida autorización--.

Desde este departamento público se determinó, según consta en una comunicación de la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios de la Conselleria de Transparencia, que resultaba "evidente que la realización de guardias en el IMLV resulta notablemente mayor en número para aquellos profesionales adscritos al área de la ciudad de Valencia y por ello, resulta en la práctica iniequitativa y en apariencia discriminatoria".

Añadía que no se podía afirmar "con rotundidad que el reparto de guardias y a su aparente estanqueidad por zonas" tuviera una relación de "causa única" pero "sí que guarda una relación estadística clara con la expedición de los certificados de incineración". Teniendo en cuenta los datos de 2016, detallaba que "el grupo de facultativos que realizan guardias en la ciudad de Valencia habrían realizado una media de 22,5 certificados por profesional frente a 1,2 del resto de profesionales que realizan sus guardias en el resto de zonas de la provincia".