¿Cambio de modelo productivo?

Durante los últimos años habrán escuchado como un mantra hablar del pretendido cambio del modelo productivo. Si bien, llevamos varios años de cambio de ciclo económico, la recuperación del empleo en la Comunidad Valenciana se ha debido fundamentalmente a las contrataciones del turismo, la construcción y el sector público (un 21% de los nuevos ocupados en estos últimos cuatro años). Viejos conocidos. Sin embargo, la industria ha visto fluctuar sus cifras y se enfrenta a un entorno internacional incierto, que no presenta buenas perspectivas con las tensiones comerciales, la incertidumbre del Brexit y la desaceleración de los socios europeos. Si en el primer trimestre de 2015, un 20,2% de los asalariados de la Comunidad trabajaban en la industria, ahora solo lo hacen un 18,6% (INE).

Además, los datos de empleo muestran la vigencia de la precariedad. De hecho, si tan solo unas 30 empresas valencianas consiguieron ayudas de Avalem Joves en los primeros años de este plan y hubo que reflotarlo con las ayudas a ayuntamientos, no fue solo porque están poco pensadas para la realidad de las empresas sino porque exigen contratación estable.

Frente al espejismo de la presentación de planes y los titulares de prensa, persisten los cuellos de botella que retrasan la puesta en marcha de proyectos empresariales. La gestión y las trabas administrativas son responsables de la lentitud en conseguir licencias industriales y medioambientales, el retraso de los proyectos energéticos o los problemas regulatorios y financieros que afectan de forma directa a la consolidación de las start-ups o a iniciativas tecnológicas, máxime en un entorno donde la agilidad es clave para tener éxito. Este último punto daría para otro artículo.

Y la digitalización es una asignatura pendiente, como así mostró un reciente informe del IVIE. En este sentido, además existe un problema grave de falta de mano de obra especializada. Los programas educativos no han sabido anticipar esta necesidad de la economía actual, generando un problema de satisfacción de la demanda. Sin embargo, durante los últimos años vemos como empresas internacionales y nacionales se sitúan en nuestro territorio para captar empleados. La economía digital sigue un modelo análogo a la industria tradicional, pero sin grandes inversiones en activos, con la creación de software factories (fábricas de software) en lugares con costes laborales más bajos. En ellas se desarrolla lo que se idea y crea en otros territorios, donde se generan las actividades de valor añadido. Si nos especializamos en este tipo de patrones, con la carencia de mano de obra actual, corremos el peligro de convertirnos en la India de Europa, en lugar de desarrollar el entorno necesario para que las iniciativas tecnológicas se consoliden y produzcan innovación disruptiva propia. Todo esto en un panorama nacional donde se desarrollan iniciativas de hubs digitales o tecnológicos que prometen ser el Silicon Valley del Sur de Europa en Madrid, Barcelona, Málaga, A Coruña, Santiago, Tenerife y otros tantos en ciudades medianas.

La concesión de ayudas públicas ha sido largamente debatida en organismos internacionales por la distorsión de la competencia que provoca. Si bien, algunas materias como la I+D+i debería ser apoyada con financiación pública para asentar un tejido de empresas innovadoras, otro tipo de acciones con retorno a corto plazo podría ser apoyada con préstamos bonificados, dejando libre presupuesto público para la mejora de la gestión pública. Mientras las ayudas industriales pueden afectar a 30-40 empresas, la eliminación de las trabas burocráticas, la gestión eficiente y la adaptación de la regulación existente afecta a todas las empresas que actúan en un mercado, mejorando por consiguiente el clima empresarial y haciendo más fácil realizar iniciativas de valor. Para esto hace falta poner la imaginación al servicio de la Administración Pública.

La aprobación de leyes no es útil para la actividad económica si carece de un desarrollo reglamentario que facilite y aclare su puesta en marcha o está concebida desde su inicio con una visión anticuada del entorno empresarial en el que va a regir. Muchas veces supone un retraso adicional que sería compensado con más voluntad de gestión política. Tenemos ejemplos recientes de normativa estatal (registro horario) y otra autonómica, como la Ley de áreas empresariales (sin desarrollo reglamentario) y la Ley de aceleración de la inversión de proyectos prioritarios (con efectos limitados al no contemplar la problemática de una manera realista). Por no hablar de la falta de adaptación de la regulación que provoca problemas como el del taxi y las VTC o las gasolineras low cost. Recordemos que en ambos casos se aprovechó un vacío legal por no prever el impacto del avance tecnológico en los cambios de consumo.

Los empresarios no necesitamos ayudas, pero sí una administración que acompañe y sea capaz de responder velozmente a los cambios del mercado, sin crear barreras artificiales por la falta de agilidad o normativa que ya nazca anticuada. Una economía dinámica necesita también de unos gestores públicos que le acompañen y esa será la clave que lleve a un cambio de modelo productivo real. Nos encontramos en una encrucijada, probablemente el momento más crucial de las últimas décadas. Y todos los actores deberán estar a la altura.

Noelia Hernández Sánchez es empresaria y consultora de innovación y proyectos en organismos internacionales. Miembro de paneles de expertos sobre innovación, emprendedurismo y competitividad del Gobierno de España, Comisión Europea, OCDE, BERD o ICEX, entre otros, es también docente colaboradora en formación de postgrado en diferentes instituciones educativas.