Carbonell asegura que la aprobación de la ZBE en la APR de Ciutat Vella "no afectará a los vecinos"

Carbonell ha aclarado que los criterios de la APR son "muy, muy estrictos" y ha avanzado que no se van a aplicar "esos criterios tan estrictos al resto de la ciudad". En ese sentido, ha recalcado que los niveles de contaminación atmosférica, de acuerdo con los estudios de la empresa que está trabajando para el Ayuntamiento, "están por debajo de los límites marcados por la normativa europea, lo que da un margen de maniobra amplio para no aplicar medidas restrictivas excesivamente relevantes", ha recalcado.

En cualquier caso, ha destacado que la aprobación de esta primera ZBE supone que no habrá que devolver los fondos Next Generation recibidos para la instalación de 257 cámaras y realizar las actuaciones pertinentes en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático. Ya se ha comenzado su instalación y ha señalado que empezarán a funcionar cuando entre en vigor la ordenanza. "Nosotros siempre hemos dicho que queremos cumplir con las leyes y así lo haremos", ha garantizado.

"Fraude a la ciudadanía"

Desde la oposición en el consistorio, Compromís ha considerado la conversión de la APR de Ciutat Vella en ZBE un "fraude a la ciudadanía" y ha anunciado que se platea tomar acciones contra el gobierno, de PP y Vox, por "poner en peligro la salud de los valencianos".

El edil de esta formación Giuseppe Grezzi ha señalado que en el ámbito de la APR las cámaras de control "no diferencian entre vehículos más o menos contaminantes, que está en la base de la normativa de implantación de las ZBEs, y tampoco hay sensores para medir la contaminación del aire".

"Por eso, declarar como ZBE un entorno en el que no se puede medir la evolución de la calidad del aire antes y después de la instauración es un fraude a la ciudadanía y al espíritu de la ley. Con el incremento del tráfico que ya han fomentado en la APR, todo el centro histórico y más allá, València no dispondrá de información detallada del aire cada vez más contaminado que respira", ha expuesto.

Grezzi ha manifestado que "la APR ya ha sido desnaturalizada porque han incrementado los permisos de acceso a los no residentes, haciendo que se incremente el tráfico de una manera significativa" y "eliminando medidas que protegían espacios del centro histórico" para peatones.

Asimismo, el representante de Compromís ha afirmado que "el PP ha tenido que admitir que las medidas" de "reducción del tráfico en Ciutat Vella" adoptadas por el anterior gobierno "han sido positivas porque ahora utiliza la APR que quería eliminar para crear una ZBE". "No obstante, es una ZBE 'fake'", ha agregado.

Por parte del PSPV, su portavoz, Sandra Gómez, ha criticado las "mentiras" y el "cinismo" de la alcaldesa, María José Catalá (PP), por "utilizar la APR de Ciutat Vella que denostaba y que se comprometió a desmantelar para cumplir con los requisitos de la ZBE" y así "no perder los fondos europeos Next Generation".

"El PP se ha visto obligado a rectificar su posición negacionista con respecto a la ZBE. Había que tomar medidas que realmente ayudaran a mitigar la contaminación para cumplir con las exigencias de los fondos europeos", ha expuesto Gómez, que ha insistido en que Catalá "ha pasado de querer eliminar la APR" a "abrazarla exclusivamente como vía para no poner en riesgo los fondos asociados a la ZBE".

La portavoz socialista ha agregado que la "intención" de Catalá "de no hacer nada contra la contaminación suponía poner en peligro los fondos Next Generation" y ha asegurado que finalmente ha tenido que "aceptar la realidad".

"Han tenido que rectificar. Han tenido que regular y ahora la APR contra la que tanta oposición hicieron y que anunciaron que iban a desmantelar va a ser su bendita APR porque les va a permitir aplicar la zona de bajas emisiones y mantener los fondos europeos", ha insistido Gómez.

Paradas de transporte público y pasos de peatones

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de mejora de accesibilidad a las paradas de transporte público y los pasos de peatones, un mapa de las ubicaciones y las características de las marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) así como de los pasos en los cruces de calles.

El plan, con un coste de 2.299.989,79 euros (IVA incluido), incluye la adaptación y características de las paradas ubicadas en zonas afectadas por planes especiales de protección patrimonial o en el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC). Igualmente, engloba las características de las paradas ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre, que deben estar autorizadas por la Demarcación de Costas.