VALENCIA. El viacrucis judicial por el caso Nóos del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau podría durar sólo dos días, lo mismo que el de la infanta Cristina de Borbón, si los magistrado de la Audiencia Provincial de Palma deciden aplicarles la conocida como doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en estos casos Manos Limpias y el Grupo Municipal Socialista en Valencia-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.
Las defensas de ambos solicitarán a partir de este lunes, fecha de comienzo del juicio, el archivo de las actuaciones contra ambos en el caso Nóos. El ex número dos de Rita Barberá se enfrenta a una petición de pena de 11 años de prisión y 30 de inhabilitación para ejercer cargo público. Los socialistas valencianos piden 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y otros tres de cárcel y 10 de inhabilitación por otro delito de fraude contra la administración.
A ello, además, hay que sumar la solicitud de 1,5 millones de euros del que serían responsables solidarios. Aquí incluyen también al marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, por el dinero que costó la celebración de los congresos Valencia Summit.
Según fuentes jurídicas consultadas por Valencia Plaza, el tribunal todavía no ha tomado una decisión pero sí que ha estado buscando jurisprudencia que apoye una u otra posición al respecto. De hecho, lo único que es seguro es que tanto la hermana del Rey como Grau estarán durante la primera jornada del juicio, y casi seguro durante la segunda, sentados en el banquillo de los acusados mientras los magistrado resuelven sobre las cuestiones previas presentadas por las defensas de los 18 acusados.
La infanta Cristina. EFE
El Nóos valenciano: Valencia Summit
En el caso de los acusados por la conocida como rama valenciana del caso Nóos, Alfonso Grau; Luis Lobón, ex secretario autonómico de Grandes Proyectos de la Generalitat; Jorge Vela, exdirector de Cacsa; José Manuel Aguilar, también exdirector de Cacsa, y la ex directora de Gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, todos ellos están dentro de la causas a raíz de la celebración en Valencia de los Valencia Summit.
Según explica el fiscal en su escrito de acusación, todo comenzó cuando Urdangarin se encontró con Rita Barberá en un acto y le explicó los diferentes proyectos que realizaba el Instituto Noos. Al parecer tanto Barberà como el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunieron con Urdangarin en diversas ocasiones y aceptaron celebrar los foros de turismo y deporte. Cada uno de ellos costó al erario público más de un millón de euros entre los años 2004 y 2007.
El problema es que los responsables de la Generalitat no abrieron un concurso público ni tan siquiera realizaron un estudio de viabilidad del instituto Nóos antes de darles 1.044.000 euros por cada Valencia Summit.
Según el fiscal Pedro Horrach, “el convenio entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Cacsa y el Instituto Nóos le otorgó una cobertura administrativa formal al acuerdo verbal y los representantes políticos se concertaron para eludir dolosamente la aplicación de la LCAP y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos".
Sin embargo, para la defensa de Vela, “el impacto reputacional obtenido, es decir, el retorno económico, la buena reputación generada para la ciudad, el impacto mediático que se obtuvo y los contratos que posteriormente se lograron hacen que la celebración de los Valencia Summit fuera necesaria y viable”.
Por ello, a partir del lunes su abogado solicitará dentro de las cuestiones previas que se admita un informe pericial de impacto reputacional que podría ser muy beneficioso para el exgerente de Cacsa. El abogado lo pedirá dentro de las cuestiones previas porque el juez instructor así lo ordenó cuando en enero pasado lo pidió por primera vez.
Alfonso Grau. VP
