El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ya ha presentado su informe sobre una de las piezas del caso Taula, que investiga las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones de la Comunitat Valenciana. Se trata de la última abierta, la número once, que se centra en las supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados y relacionados con la empresa Servimun, perteneciente al exsuegro del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, Mariano López.
El pasado febrero, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia imputó a diez personas, entre ellas figuran el actual alcalde de Requena, el socialista Mario Sánchez; el exprimer edil de la localidad, el popular Javier Berasaluce; así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo, del PP, y Óscar Martínez, del PSPV. También Mariano López; la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera; el asesor de la Diputación de Valencia Xavier Simó –procesado en el caso Alquería–, un funcionario de la corporación y otros empresarios vinculados a Servimun y a la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA).
Los delitos que se investigan son los de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias. El juzgado remitió en abril a la Agencia Antifraude una solicitud de auxilio para un análisis contable y financiero sobre este asunto, lo que fue aceptado por la entidad y designó a peritos. De hecho, recibió una autorización expresa para acceder a las dependencias de los ayuntamientos y recabar documentos.
Ahora, la entidad ha presentado su informe, de 172 páginas, que viene a corroborar las tesis de los investigadores de la causa judicial. Éste acredita contrataciones irregulares en los consistorios mencionados con Servimun y apunta a la falta de justificación en las facturas y en la realización de servicios que sí fueron abonados.
Los contratos que el juzgado pidió que se analizaran han sido un total de tres. De un lado, el relativo a la prestación del servicio de apoyo al funcionamiento del Ayuntamiento de Requena en su actividad inspectora, al objeto de aflorar deuda oculta relacionada con los ingresos de derecho público relativos al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y al impuesto sobre actividad económica (IAE). Éste se inició por providencia de alcaldía en marzo de 2013 y fue suscrito en noviembre de ese mismo año. La adjudicación se realizó por el procedimiento negociado sin publicidad por 50.000 euros y fue prorrogada por otros dos años en noviembre de 2015. La cantidad total que consta abonada por el consistorio son 178.300,87 euros.
De otro, se encuentra la contratación efectuada también por Requena conforme a "instrucción" de alcaldía de 13 de marzo de 2014 para la grabación de expedientes catastrales, trabajos de campo para completar la información gráfica imprescindible para su grabación. Todo ello, según factura emitida por la empresa de fecha mayo de 2014, sin que exista constancia de la efectiva realización de dichos trabajos.
Por último, aparece la contratación efectuada en el Ayuntamiento de Enguera sobre el proceso de preinstrucción, análisis y evaluación del ICIO relativo al proceso de ampliación de industria de fabricación de masas congeladas para panadería y bollería, promovido por Cobopa. Éste fue adjudicado directamente a Servimun a través de un contrato menor, modificando posteriormente dicho contrato sin la existencia o constancia de la realización efectiva de los trabajos ni la justificación del precio abonado.
En las conclusiones finales, Antifraude detalla que en algunos de estos casos no existe motivación técnica sobre las empresas elegidas, el gasto ejecutado con la contratación supera el importe permitido por la norma o hay facturas y servicios objetos de contrato no justificados.
La Agencia sí que destaca que existen 74 correos electrónicos entre el inspector de calidad (trabajador de la entidad contratista) y la tesorera municipal, por los que se constata que Servimun ha colaborado con el Ayuntamiento de Requena. Concretamente, en sus labores de inspección de tributos relativos al ICIO e IAE en 29 expedientes correspondientes a 33 liquidaciones, correspondientes a 87.049,85 euros de facturación más IVA. Ello teniendo en cuenta que en dos de estos expedientes no consta acta de inspección correspondientes a 1.039,61 euros de facturación más IVA. "Se comprueba que todas las liquidaciones objeto de la facturación de Servimun relativas al contrato de referencia se encuentran emitidas. Asimismo, se comprueba que las liquidaciones emitidas se encuentran todas aprobadas mediante oportuno acto administrativo, excepto en dos casos, sin que conste motivación de tal circunstancia", indica el informe.
Respecto al servicio de gestión catastral de este consistorio, Antifraude señala que no queda constancia en la documentación aportada ni en la entregada por el Ayuntamiento de documento que permita determinar la forma en que se realizó el cálculo de la cantidad a abonar a la empresa por la realización de los trabajos encomendados por la alcaldía. No se acredita tampoco el importe a abonar por la tramitación realizada. Aun así, se ha comprobado que la entidad adjudicataria del contrato colaboró con el consistorio en sus labores de grabación catastral y dentro de los precios de mercado.
En Enguera, la agencia concluye que los servicios prestados por Servimun no cumplen con el objeto del contrato ni podrían haber servido de base para realizar una comprobación tributaria de la liquidación provisional aprobada y recaudada o una inspección para una eventual liquidación definitiva. "De facto, el informe no sirvió para que el ayuntamiento obtuviera vía liquidación definitiva, por carecer de los elementos necesarios para ello, y se ha acreditado documentalmente que dichos trabajos no sirvieron para que el ayuntamiento pudiera tener ningún ingreso adicional", comenta.
Igualmente, el informe apunta que se dio el visto bueno al trabajo realizado antes de su presentación por registro de entrada del ayuntamiento y, por tanto, antes de su conocimiento formal por parte del consistorio. Añade que no hubo "motivación documental ni jurídica para que una administración reconozca una obligación con cargo a su presupuesto municipal de manera previa a la presentación de los trabajos facturados".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
