La juez imputa a alcaldes y exalcaldes del PP y el PSPV por posibles contrataciones irregulares en Enguera y Requena

VALÈNCIA. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha imputado a diez personas en una nueva investigación derivada del caso Taula sobre supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados.

Entre ellas figuran el actual alcalde de Requena, el socialista Mario Sánchez; el exprimer edil de la localidad, el 'popular' Javier Berasaluce; así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo, del PP, y Óscar Martínez, del PSPV. También el exsuegro del que fuera gerente de Imelsa Marcos Banavent, Maríano López; la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera; el asesor de la Diputación de Valencia Xavier Simó –recién procesado en el caso Alquería–, un funcionario de la corporación y otros empresarios vinculados a Servimun y a la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA).

La indagación de los hechos ha supuesto la creación de una nueva pieza en la macrocausa, la número once (letra K), por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.

Ésta se encuentra relacionada con la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades en la adjudicación con cargo al presupuesto de la empresa pública Imelsa –dependiente de la Diputación– del servicio de 'call center' a la firma Servimun, relacionada con el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López. Este último, según la Fiscalía, recibió cerca de 200.000 euros de forma velada (que blanqueó) por mediar en la contratación fraudulenta. 

Las indagaciones de la UCO corroboran la posible existencia de un "concierto para la obtención de contratos evitando la concurrencia y publicidad y sustrayendo fondos públicos".

La juez recuerda en su auto emitido este jueves que esa adjudicación pudo ser decidida por voluntad del entonces presidente de la corporación, Alfonso Rus, "con la intención de favorecer los intereses particulares de Servimun y de su legal representante", Fernando José Palomares Ruzafa. Operación en la que habría actuado como "intermediario connivente" Mariano López y como colaborador Salvador Deusa. 

Todo ello con el objetivo de "manipular de manera interesada el proceso" con la vulneración del principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública. A lo que posteriormente se unió el eventual incumplimiento por parte de la empresa de las prestaciones contractuales que venían establecidas y a las que estaba obligada, lo que pudo generar un perjuicio en el erario público.

El exsuegro de Benavent pudo usar una empresa para ocultar dinero ilícito

Fue a raíz de la instrucción de esos hechos –la cual se encuentra ya finalizada– cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectan otros nuevos que ahora propician la apertura de una pieza separada. Así, comprueban que la empresa Técnicas Legales Administrativas habría sido creada por Mariano López "para ocultar el origen del dinero ilícitamente obtenido del contrato público y transformarlo para reintegrarlo al circuito económico, dando apariencia de legalidad". Y que esa firma, junto a Servimun, habría realizado contrataciones con los ayuntamientos de Enguera y Requena presuntamente fraudulentas "en perjuicio de los intereses públicos".

Las indagaciones de los agentes corroboran así la posible existencia de un "concierto para la obtención de contratos públicos evitando la concurrencia y publicidad y sustrayendo fondos". 

Por un lado, se encuentra Requena, donde existen indicios de la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por parte del exalcalde Javier Berasaluce. Éste contrató los servicios de TLA y abonó tres facturas entre marzo y octubre de 2014 "por decisión exclusiva" suya, según los investigadores, pese a ser informadas negativamente por la interventora del consistorio, y por trabajos que no consta que hayan sido realizados.

A ello se une la contratación efectuada con Servimun por el procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 por importe de 50.000 euros y por la que finalmente se abonan 178.000 euros. De nuevo, con indicios de una prestación de servicios no justificada en relación a las dos facturas de mayor volumen. Cuando se paga la última, en 2016, el alcalde ya era Mario Sánchez.

Enguera: facturas sin justificación y por servicios inexistentes

En lo que respecta a Enguera, se investiga al exalcalde Santiago Arévalo por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial, al ser la persona que promueve la contratación en abril de 2013 por procedimiento negociado sin publicidad. También a la que fuera secretaria del ayuntamiento, Mª Luz Roncero, por presentar un informe jurídico que apoya la decisión "pese a las deficiencias que se exponen, existentes en el inicio de dicha contratación, sin justificación mínima y sin encontrarse en el expediente administrativo la documentación", afirma la juez.

Según el informe policial, existen evidencias de la relación personal entre Mariano López y el exalcalde de Enguera. El caso sería el mismo que el de Requena, pero con otras empresas invitadas: Compañía Informática de Presupuestos, con sede en Canarias, y Missing Net, de Alicante. Ninguna de ellas, relatan los investigadores, aporta presupuesto u oferta para la adjudicación del contrato. Además, se da la circunstancia de que el administrador de la primera, Carlos Antonio Estévez, fue socio de Fernando Palomares en la constitución de Servimun. 

El ayuntamiento de Enguera contrató a esta última firma y le abonó una factura por importe de 21.780 euros, cuya justificación fue elaborada por un funcionario de la Diputación de Valencia pese a que se trataría, destaca una vez más la juez, de unos servicios que no se habían prestado en la realidad. 

La citada factura se presenta en junio de 2015 para la regularización del Camping Teularet, pero es rechazada por el concejal Antonio Gómez un mes después. Ya en septiembre, se presenta, telemáticamente, otra por el mismo concepto e importe, sin obtener contestación. Mariano López se pone, pues, en contacto con el en ese momento alcalde de la localidad, Óscar Martínez, para que la abone. Pero antes ya se había comunicado con Xavier Simó, asesor del entonces presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, "agradeciéndole su ayuda e indicándole que se ha reunido con el alcalde para solucionar el problema", relatan los investigadores. Precisamente ambos han sido procesados por las supuestas contrataciones ilegales de altos directivos en la empresa pública heredera de Imelsa, Divalterra. 

Para la juez, resulta igualmente necesario investigar la actuación del funcionario de la Diputación de Valencia Ricardo Ángel de Mari, quien remite a Francisco Palomares un documento oficial, que obtiene en su condición de funcionario público, conteniendo datos personales y reservados, fechado en julio de 2015 y firmado por él. Se trataba de información sobre el expediente del Camping Teularet a un particular que carece de intervención en el mismo. Una actuación que supondría la revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.