El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERLa Agencia pide personarse en los ayuntamientos para obtener la documentación relacionada con la investigación
VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como caso Taula, ha recurrido a la Agencia Antifraude para la elaboración de un informe sobre una de las piezas de la macrocausa que investiga las presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones de la Comunitat Valenciana.
Se trata, concretamente, de la última abierta, la número once, sobre supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados.
El juzgado remitió a Antifraude una solicitud de auxilio para un análisis contable y financiero sobre este asunto, lo que fue aceptado por la entidad y designó a peritos. Pero ante la "insuficiencia de datos aportados por ambos municipios", indicó la Agencia en un escrito, pedía una autorización expresa para acceder a las dependencias de los ayuntamientos y recabar documentos.
En esta pieza del caso Taula sobre la que Antifraude elaborará ahora una pericial figuran como imputados el actual alcalde de Requena, el socialista Mario Sánchez; el exprimer edil de la localidad, el 'popular' Javier Berasaluce; así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo, del PP, y Óscar Martínez, del PSPV. También el exsuegro del que fuera gerente de Imelsa Marcos Banavent, Mariano López; la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera; el asesor de la Diputación de Valencia Xavier Simó –recién procesado en el caso Alquería–, un funcionario de la corporación y otros empresarios vinculados a las firmas Servimun y Técnicas Legales Administrativas (TLA).
Los delitos que se investigan son los de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Según un auto de la juez, la empresa Técnicas Legales Administrativas habría sido creada por el exsuegro del conocido como 'yonki del dinero' "para ocultar el origen del dinero ilícitamente obtenido del contrato público y transformarlo para reintegrarlo al circuito económico, dando apariencia de legalidad". Y que esa firma, junto a Servimun –adjudicataria del servicio de 'call center' de la Diputación de Valencia y centro de otra pieza de la macrocausa–, habría realizado contrataciones con los ayuntamientos de Enguera y Requena presuntamente fraudulentas "en perjuicio de los intereses públicos".
Las indagaciones de los agentes corroboran la posible existencia de un "concierto para la obtención de contratos públicos evitando la concurrencia y publicidad y sustrayendo fondos".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
