VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no renovará el contrato de gestión de la Oficina municipal por el derecho a la vivienda, un departamento que deriva del servicio de mediación hipotecaria y que protagonizó una polémica adjudicación por el gobierno anterior. La última adjudicación a la cooperativa El Rogle para la gestión de esta oficina, donde prestaba servicios de asesoramiento jurídico y atención integral de carácter jurídico-social a personas en riesgo de problema habitacional, fue en 2021 y en septiembre de 2025 acaba la prórroga.
Este martes, el grupo municipal de Compromís denunció que los presupuestos para el año que viene recogen que el departamento de Vivienda ha comunicado que este servicio, que atiende a más de 5.000 personas, "no va a ser objeto de nueva licitación". "La decisión de Catalá de no renovar el contrato de la Oficina por el Derecho a la Vivienda es un ataque directo a los servicios sociales municipales y un grave retroceso en materia de vivienda", señaló la portavoz de Compromís, Papi Robles.
La portavoz señaló que durante estos años, "la oficina ha demostrado ser un recurso clave para ayudar a las familias más vulnerables, mediar en conflictos de vivienda y garantizar el derecho a un techo digno en València", por lo que "en un momento en que la crisis habitacional afecta a miles de personas, con precios de alquiler desorbitados y desahucios que siguen amenazando a tantas familias, esta decisión no solo es incomprensible, sino profundamente irresponsable. Más aun considerando la crisis que atravesamos debido a la Dana".
Compromís, que dirigía la cartera de Servicios Sociales en el ejecutivo local del pasado mandato, recordó que la Oficina se puso en marcha en octubre de 2021 y "gestionó miles de casos en su primer año de funcionamiento, centrando sus esfuerzos en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad económica o social" y evitando en los primeros meses 187 desahucios.
Desde el ejecutivo local aseguraron que "es absolutamente falso que el Ayuntamiento vaya a eliminar la Oficina para el derecho a la Vivienda" y que sus servicios "se mantendrán una vez finalizado el contrato del adjudicatario actual". El gobierno municipal explica que tiene previsto "reorientar los trabajos que presta la Oficina a partir de 2025. Falta por saber en qué sentido.
Y falta por saber cuál será la fórmula de gestión de esos servicios, pero lo seguro es que seguirán externalizados "Se seguirán prestando por el Ayuntamiento, bien mediante contrato, bien mediante un convenio", aseguran a Valencia Plaza fuentes del gobierno local. En el primer caso, y si no se quiere licitar de nuevo el contrato, las fuentes señalan a un posible contrato menor, si bien cabe recordar que la Agencia Valenciana Antifraude ya cargó contra la ex edil de Vivienda, Maria Oliver (Valencia en Comú) por el abuso de este contrato 'a dedo' precisamente a El Rogle.
En ese sentido, y si no se licita de nuevo el contrato, todo apunta a la recuperación de la fórmula del convenio. No hay que olvidar que antes de que Vivienda adjudicara a El Rogle este servicio con la llegada del gobierno de izquierdas en 2015, era el Colegio de Abogados el que prestaba el asesoramiento y la mediación hipotecaria a los vecinos que acudían al Ayuntamiento de València.
