VALÈNCIA. El gobierno municipal de València aprobó este viernes las ordenanzas fiscales de manera provisional. Unas ordenanzas fiscales donde se incluirá por primera vez la nueva tasa de basuras derivada de una ley estatal, y donde según explicó la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, se mantienen las rebajas fiscales aprobadas por el ejecutivo local de PP y Vos para este año. No obstante, habrá una modificación en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que supondrá una subida de este gravamen.
Así, tal como comunicó el gobierno municipal, "el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armoniza con los de la mayor parte de las grandes ciudades, quedando fijado en el 4%". Una "armonización" tras la cual hay, realmente un incremento sobre el tipo de gravamen que se aplica actualmente, y que según la última ordenanza del ICIO, aprobada en el año 2022, es del 3%. Por tanto, se aplicará una subida de un punto porcentual.
Esta subida se produce, según explicó el gobierno local que dirige María José Catalá, "ante la reactivación del mercado inmobiliario". Precisamente este verano, Valencia Plaza reveló esta reanimación en la construcción de vivienda en el Cap i Casal, con la concesión sólo hasta junio de licencias para desarrollar 1.182 viviendas. Así pues, a partir de 2025, el impuesto que se paga no sólo por la construcción sino también por otro tipo de obras e instalaciones, pasará al 4%.
El pasado ejercicio, el Ayuntamiento de València recaudó por el ICIO más de 16,7 millones de euros, tal como figura en la liquidación del presupuesto de 2023. En los presupuestos de este año en curso, el gobierno municipal previó unos ingresos de casi 17,8 millones de euros, si bien falta saber, una vez acabe el año, cómo se ha materializado esta previsión. Por el momento, sin embargo, y a la espera de la presentación de los presupuestos, se desconoce cuánto supondrá la subida del gravamen en la recaudación consistorial.
La última subida notable en este impuesto se produjo en 2019, justo después de las elecciones en las que Compromís y PSPV revalidaron el gobierno municipal liderado por Joan Ribó. Entonces, la concejalía estaba dirigida por el socialista Ramón Vilar, y el cambio fue dirigido a aquellas obras que no presentaban un presupuesto, y que el consistorio grava una cuota fija, que pasó de 586 euros por metro cuadrado construido a 605 euros.
Según la normativa, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) grava "la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, declaración responsable o comunicación previa", y afecta no sólo a las obras de nueva planta y ampliación de edificios, sino las obras de reforma estructural o del aspecto exterior o interior de edificios existentes, las actuaciones de carácter provisional, movimiento de tierras o derribos totales o parciales, así como las obras de cierre de solares o la modificación de instalaciones técnicas de servicios públicos.
En cuanto a este impuesto, el gobierno municipal ha aplicado la medida que anunció el pasado mes de septiembre la alcaldesa durante el Debate del Estado de la Ciudad, y que supondrá una bonificación del 95% a todas las comunidades de vecinos que acometan la sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación. Catalá dijo que con esta medida se busca "ayudar y fomentar que las comunidades de propietarios que viven en edificios con características similares al de Campanar cambien este tipo de material".