El alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa Sandra Gómez. Foto: ESTRELLA JOVER VALÈNCIA. El gobierno municipal de València, conformado por Compromís y el PSPV, aprobará este mes de septiembre las ordenanzas fiscales preparadas por la concejalía de Hacienda de Ramón Vilar. Estas regulan los impuestos y las tasas municipales, y buena parte de ellos se verán incrementados. Tras su aprobación se incluirán en los presupuestos de 2020, cuando empezarán a aplicarse las novedades, que serán gravosas para todas los vecinos y empresas sin excepción.
Así, este mismo viernes la Junta de Gobierno Local aprobará una subida en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y otra subida de menor calado del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Asimismo, se prevé un incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en la tasa de alcantarillado y en el impuesto de circulación. Además, el consistorio quiere crear una tasa específica para las operadoras de alquiler de vehículos compartidos, conocidos como sharing.
El gobierno municipal dará luz verde este viernes a la ordenanza fiscal del IAE, que pagan aquellas empresas y autónomos que facturan más de un millón de euros. Concretamente, se verá incrementado el tramo que se fija en base a la ubicación del establecimiento, es decir, dependiendo de la calle en la que se encuentre cada local.
La ordenanza establece cinco tipos de calles, desde las más céntricas hasta las más periféricas, incluyendo una reducida especial para una parte del Cabanyal. Y el incremento se aplicará a todas las clases, según el estudio económico, aunque en diferente medida, tal y como muestra la tabla inferior. En total, se aumentará el impuesto en 6.951 recibos de los casi 7.974 que se giran.
Así, por ejemplo, 1.555 locales céntricos verán incrementado este tramo del 3,27% al máximo legal, que es el 3,80%, con un resultado de un aumento medio de casi 500 euros por inmueble. En las siguientes cuatro categorías los aumentos medios serán de de 337, 498, 177 y 36 euros respectivamente. De promedio, y teniendo en cuenta aquellos que no pagan este tramo, el incremento es de 397 euros. En total, la concejalía de Hacienda prevé con este cambio una subida de la recaudación del IAE de 3,1 millones de euros, pasando de los 18 millones que ahora ingresa a los 21,1 que estima hacerlo en el próximo ejercicio. Un aumento de los ingresos del 17% que el edil de Hacienda considera "moderado".
La concejalía explica en el expediente que este impuesto no se actualiza desde hace más de una década, por lo que es "conveniente y necesario" revisarlo "dado que constituye una de las principales fuentes de ingresos para las arcas municipales" y con el propósito de "que se ajuste a la realidad vigente". Además, destaca que el "considerable incremento en el gasto público" del consistorio en los últimos ejercicios "no se ha visto acompañado de la consecuente actualización a nivel impositivo" pese a que el IAE de València es "uno de los más reducidos" en relación con el resto de grandes ciudades españolas.
La otra modificación que se adoptará este viernes tiene que ver con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que según la normativa grava la realización de este tipo de actuaciones a partir del presupuesto presentado por los interesados y revisado por el colegio oficial.
Ahora bien, si no se presenta dicho presupuesto, se aplican unos baremos fijados por el consistorio. En estos casos es donde se va a introducir el cambio. Si antes la base del gravamen era de 586 euros por metro cuadrado construido, ahora pasará a ser de 605 euros por metro cuadrado, un incremento del 3%. Sobre esta base luego se aplican diferentes incrementos ya contemplados anteriormente en función del uso y tipología de edificación, del nivel de reforma, de la calidad de los materiales, etcétera.
Según el documento elevado a la Junta de Gobierno por la concejalía de Hacienda, este cambio, en la práctica, se empezó a aplicar hace dos meses y deriva de la información ofrecida por el Instituto Valenciano de la Edificación, dependiente de la Generalitat, por lo que ahora se incluirá formalmente en los presupuestos municipales de 2020.
También se espera que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sufra esta subida, si bien se desconoce si se aprobará esta semana o la que viene. En realidad, no se subirá el tipo general de este gravamen, sino que se aumentará el valor catastral de los inmuebles a partir del cual se calcula el montante a pagar.
Todos los años, el Gobierno obliga a aplicar esta subida a todos aquellos municipios que, como València, no revisan la tasa desde hace más de una década. Y cada ejercicio, la concejalía contrarresta estas subida del valor de los inmuebles con una bajada del tipo del impuesto, que ahora mismo, para usos residenciales es del 0,7%; para usos no residenciales es del 0,9%; y para usos especiales -como por ejemplo, el Puerto- es del 1,1%.
Sin embargo, en esta ocasión el consistorio no usará esta herramienta. Y de hecho, es probable que se den subidas de alguna décima en los dos últimos tipos anteriormente mencionados: los que afectan a usos no residenciales y a usos especiales. En dichos casos, además de la subida generalizada del 3% del IBI, se aplicarán unos recargos leves.
Más allá de esto, huelga recordar que la concejalía ya ha pedido al Ministerio de Hacienda que actualice los valores catastrales de la ciudad, lo que podría dar lugar, dentro de varios meses o años, a un incremento del IBI como consecuencia del incremento del valor de los inmuebles. No obstante, esto no se ha producido todavía y, en un futuro, si la subida es considerable, podría contrarrestarse con la bajada de los tipos.
El consistorio plantea esta revisión pasadas las elecciones y tras tres años de caída en la previsión de recaudación del IBI. En 2015, el presupuesto elaborado por el gobierno del PP proyectó un ingreso de 205 millones de euros, que se elevó a 215 millones en las primeras cuentas del gobierno dirigido por Joan Ribó (2016), y a 227 millones de euros en 2017. Desde entonces, la estimación ha disminuido: 222 millones en 2018 y dos millones menos en el presente ejercicio.
Por otro lado, también se aplicará un incremento en la tasa de alcantarillado que está inserta en la factura del agua y cuyo montante actual es de, aproximadamente, siete euros por factura bimestral. A partir del 1 de enero se aplicará un incremento de un euro al mes. Es decir, dos euros por factura, dado que llega cada dos meses.
Doce euros más al año, igual para todas las familias sea cual sea su tamaño y renta, que servirán, como avanzó este diario, para afrontar el crédito y los intereses del préstamo que el consistorio va a pedir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el fin de acometer inversiones en la red de saneamiento por valor de más de 160 millones de euros tras los problemas salidos a la luz durante el verano. En este caso, como en el del IBI, es posible que se apruebe este viernes, aunque no se descarta posponerlo a la semana próxima.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el llamado impuesto de circulación, se pretende aumentar únicamente a los vehículos de grandes cilindradas, según el edil de Hacienda, que no especificó el alcance del incremento. Es otra de las modificaciones que podrían aprobarse este viernes. Ahora bien, se pretende continuar bonificando a los vehículos más sostenibles.
Más allá de estos impuestos -que ya existían y la intención es incrementarlos-, el consistorio ha diseñado en los últimos meses una nueva tasa que gravará el uso del espacio público por las empresas de alquiler de vehículos compartidos -el sharing- y con la que Hacienda prevé recaudar, en un cálculo conservador, 700.000 euros anuales.
La ordenanza fiscal se prevé aprobar en septiembre junto al resto de impuestos y establece una tasa anual de 60 euros por patinete eléctrico y monociclos o plataformas de poco tamaño, de 70 euros por vehículos similares de mayor tamaño, 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. En cuanto a los turismos, la ordenanza fija que si los vehículos eléctricos están exentos de pagar la zona azul, deberán abonar 715 euros anuales por unidad; mientras que si deben pagarla, la tasa aumenta hasta los 1.028 euros por unidad.
Se quiere incluir en los próximos presupuestos del consistorio, pero a la postre, no se podrá empezar a cobrar hasta que no exista una ordenanza sustantiva que regule la actividad en sí, y que depende de las concejalía de Espacio Público y Movilidad. Un aspecto importante para ello es conocer cuántos vehículos de cada tipo puede absorber la ciudad. Con todo, es complicado que dicha normativa esté lista antes de empezar el próximo año, por lo que la aplicación de las tasas puede quedar en el aire y acabar modificándose la recaudación final, máxime teniendo en cuenta las reticencias en las filas de Compromís respecto al sharing de patinetes eléctricos.
Esta tasa no sólo afectará a aquellas empresas que tengan repartidos sus vehículos a lo ancho y largo de València, sino que también deberán abonarla aquellos establecimientos que se dediquen a alquilar este tipo de vehículos y los tengan situados frente a su fachada o en el entorno del local. Por otro lado, no tendrá efecto alguno en aquellas empresas que operen en la ciudad mediante una concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de València, como por ejemplo Valenbisi.
Tras conocerse que este viernes se aprobará un aumento del IAE y del ICIO -el resto han sido confirmados por la concejalía pero todavía no incluidos en el orden del día-, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, cargó contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, por "ahuyentar la inversión y el crecimiento en Valencia".
El portavoz de Cs criticó que estas subidas del IAE y ICIO son "sólo el principio del chaparrón de impuestos que le va a caer sobre los valencianos", ha criticado Giner, quien subrayó que el gobierno municipal está "dificultando la creación de empleo, tanto por la creciente carga impositiva, como por la inseguridad jurídica que crea su falta de gestión", añadió, y aprovechó para recordar, en cuanto a las obras (ICIO), que este incremento se suma "al atasco de licencias de obra que tiene el Ayuntamiento".
Por su parte, la portavoz del Partido Popular, María José Català, criticó que la subida del IAE afectará a "las empresas instaladas en València que son las que más riqueza y empleo generan en la ciudad". Según Català, el alcalde "trata de jugar a ser un falso Robin Hood, mientras que lo que realmente hace es perjudicar la economía de la ciudad frenando la llega de empresas que generan riqueza y empleo".
El PP "teme" que esta subida de impuestos sea una muestra de lo que "ya avanzó". "Ribó planea una subida masiva de impuestos que, como siempre, pagarán los bolsillos de los ciudadanos de Valencia a pesar de no recibir a cambio unos servicios de calidad", señaló. "Entendemos que desde el Ayuntamiento deben tomarse medidas que faciliten la llegada de inversiones a la ciudad con el objetivo de generar empleo y dinamizar la economía", pero "con esta subida de impuestos solo van a conseguir que los inversores elijan otras ciudades con menor presión fiscal para asentarse", lamentó Catalá.
