Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El sindicato Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) ha recurrido el acuerdo del complemento covid a sanitarios que se abonó en el mes de diciembre por la falta de negociación a la hora de su aprobación. Ese jueves, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) recogía el envío del expediente por parte de la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, a la sala de lo contencioso-administrativo para poder iniciar un procedimiento contra la controvertida medida.
Este acuerdo del 27 de noviembre de 2020 -que fue precedido por la aprobación de un decreto-, tuvo discrepancias por parte de los sindicatos debido a varias cuestiones. En primer lugar, la falta de negociación para establecer los parámetros por los que se otorgaron los complementos por estar en primera línea en la lucha contra la covid. En segundo lugar, la confusión de dejar en manos de los departamentos el listado definitivo de estos profesionales, lo que provocó situaciones desiguales en el cobro del mismo.
Aunque desde CCOO tampoco estaban totalmente de acuerdo con el fondo, el recurso se ha dado por la falta de negociación sindical. "Lo que se hizo no fue un proceso de negociación adecuado", señala Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV. "La Conselleria de Sanidad le dio un tratamiento a la mesa sectorial de mero trámite y no hubo un verdadero proceso de negociación". En todo caso, la secretaria general recuerda que su pretensión no es que se retire la paga a nadie que la haya cobrado, sino que los criterios de distribución sean negociados.
Fue la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la que paralizó su aprobación en un pleno del Consell alegando la falta de un último informe, además de la necesidad de aprobación en la mesa general con los sindicatos, que fue convocada de urgencia de viernes para lunes. "Se entregó la documentación con muy poco tiempo", recuerda Atiénzar sobre una primera reunión, en la que se les presentó el decreto aprobado previamente al acuerdo recurrido en el que solo se concretaban generalidades.
Tras este primer encuentro, se les emplazó a una segunda reunión esa misma semana para negociar los detalles, para la que se les envío la documentación a medio día de la misma jornada en la que se celebraba la reunión, que tuvo lugar horas después. Un encuentro en el que tampoco se les ofreció la información requerida, como un informe de la Abogacía del que informó este medio o la memoria económica donde se concretaban más detalles.
"La parte que representa a los trabajadores no teníamos conocimiento de prácticamente nada y no hubo posibilidades de hacer aportaciones reales", recalca, destacando que no les dieron ni las pautas ni los indicadores por los que se iba a determinar esta paga. De hecho, la propuesta no fue bien recibida por ningún sindicato, que no entendieron la premura con la que se les quería instar a aceptar el documento, uno de los motivos por el que todos votaron todos en contra, además de la no inclusión de todo el personal sanitario.
"No había ningún margen para estudiar la información, así que pedimos que la mesa se convirtiera en técnica", recuerda la secretaria general. Finalmente, el documento quedó aprobado el 27 de noviembre concretando las cuestiones para determinar la paga covid desde la gerencia de los departamentos, además de los coeficientes para cada categoría recogida. "La conselleria debe cumplir con las obligaciones en materia de negociación colectiva que regula el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco y dejar de tomar decisiones que afectan a las retribuciones y las condiciones de trabajo de manera unilateral", recalca Atiénzar.
No solo los sindicatos no lo veían claro, tampoco la Abogacía de la Generalitat. Y es que desde el organismo se alertaba de un posible aluvión de recursos judiciales contra la administración autonómica por la discrecionalidad para otorgar la compensación, que fue abonada en el mes de diciembre. Según el informe, el establecimiento de los criterios de distribución por categoría profesional y exposición al riesgo, de modo alternativo o acumulativo, podía "generar dudas y controversias a la hora de su aplicación por el Consell, cuando no recursos ante los tribunales".
Además, como también reivindicaron los sindicatos, el requisito de haber atendido de forma directa, efectiva y presencial las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por la pandemia "tampoco resulta de total claridad" a criterio de la Abogacía."La definición de gestión resulta difícil de interpretar en referencia a las personas afectadas por la pandemia", pero no queda claro si tiene un alcance más general de gestión administrativa. Tampoco queda claro si esos cuidados a las personas afectadas por la pandemia debe ser de contacto directo exclusivamente o puede suponer atención indirecta aunque relacionada con el paciente (por ejemplo, análisis clínicos en el ámbito hospitalario u otros indirectos en el ámbito residencial, como limpieza o cocina)", sostenía.
