VALÈNCIA. El Director General de Comercio, Natxo Costa, podría acabar en los tribunales por la emisión de un certificado de representatividad de las asociaciones comerciales. La Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (Cecoval) considera que el dirigente podría haber prevaricado en beneficio de Unió Gremial, su antigua organización, y contempla emprender acciones legales contra él si no rectifica lo manifestado en dicho informe. La organización considera que Costa se ha extralimitado en sus competencias al emitir un dictamen que invade el ámbito de actuación de la dirección general de Trabajo.
Preguntadas al respecto por este diario, fuentes de la patronal del pequeño comercio prefieren por el momento guardar silencio sobre su estrategia judicial, si bien fuentes del sector confirman que Cecoval ya está haciendo acopio de información para acudir a la justicia contra lo que consideran una clara maniobra del dirigente de Compromís para restarle peso a su organización y otorgárselo a la que fue su entidad.
El documento de la discordia es una certificación sobre la representatividad de cada una de las asociaciones del comercio -elaborada por él mismo- que Costa remitió a la Diputación de Valencia. La información la había solicitado la administración provincial para establecer el reparto de sus ayudas al sector -de nueva creación y con un presupuesto de 200.000 euros-. En respuesta a dicha petición el director general entregó a la administración el mencionado documento, un escrito que realmente había elaborado con anterioridad a petición de Les Corts.
Según explicó este martes el propio director general a este diario, Costa confeccionó la certificación siguiendo los parámetros que le marcó el parlamento autonómico para medir "la representatividad a efectos del reparto de subvenciones públicas al comercio". "Establecieron que se tuviera en cuenta, para calcular la representatividad de cada asociación, tanto el número de entidades como el de empresas adscritas a esas entidades que componen cada asociación", detalla el director general, que agrega que le urgieron a entregar dicho informe "en un plazo de tres meses".
Para elaborar la mencionada certificación acudió a la documentación de las ayudas de la Generalitat a los comercios, en las que las empresas solicitantes debían especificar la asociación o asociaciones de las que forman parte. Y con estas cifras confeccionó el documento, que le otorga un 58,65% de la representatividad del sector a la patronal Covaco, un 27,86% a Unió Gremial -la organización de la que proviene Natxo Costa- y un 13,49% a Cecoval, que quedaría relegada a la última posición.
(VER LA CERTIFICACIÓN COMPLETA DE NATXO COSTA)
Al tener constancia de la existencia de este documento, Cecoval montó en cólera. Esta patronal del pequeño comercio, de la que penden entidades sectoriales del textil, el mueble, el metal y de grandes núcleos poblacionales- se considera la más representativa, y sostiene que la dirección general de Comercio ni siguiera tiene la competencia certificar la representatividad de las asociaciones -que corresponde a la de Tabajo-.
En esta línea, Cecoval trasladó una consulta a la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, para tener constancia por escrito de que, en efecto, la dirigente no había remitido información alguna a la Diputación de Valencia sobre la representatividad de las asociaciones del pequeño comercio: Con dicha información la patronal adscrita a la CEV elaboró un duro escrito de alegaciones contra el reparto basado en la certificación de Natxo Costa, cuyo objetivo es la rectificación por parte del Consell.
El escrito, que consta de 16 páginas, la patronal del pequeño comercio asevera que en la actualidad "no existen datos públicos que certifiquen una representatividad que no sea la que resulta del registro de los convenios colectivos, donde Cecoval es la organización mayoritaria entre las de las pymes comerciales de la provincia", al tiempo que solicita "como solución excepcional" para el 2017 que ahora concluye que "se asigne sobre el presupuesto total de 200.000 euros una cuantía igual a Cecoval, Covaco y Unió Gremial".
Más allá del importe a repartir en este caso, la patronal quiere impedir que la categorización de las asociaciones de Natxo Costa -que consideran ilegal y arbitraria- se convierta en el modelo a utilizar en adelante para definir la representación del sector y para el reparto de los fondos autonómicos para el Comercio. Precisamente estos últimos están siendo objeto de debate en Les Corts con polémica, al considerar Cecoval que están siendo ninguneados por Compromís.
El director general, en su defensa, recalca que actuó "siguiendo el mandato de Les Corts", si bien reconoce que "podría haber un error" en el hecho de remitir el mencionado informe elaborado para Les Corts ante la pregunta planteada por la Diputación". No obstante, recuerda que el escenario del que proviene el sector es el de un reparto de subvenciones "a dedo" y que el actual Consell "está tratando de regular por primera vez en muchos años esta cuestión".
En paralelo, se da la circunstancia de que el conflicto desatado entre Costa y Cecoval -así como entre las propias entidades del pequeño comercio- salta a la palestra justo en la fase final de la aplicación de un gran acuerdo entre pequeños y grandes comerciantes para fijar la apertura en domingos y festivos.
En el sector se ha extendido la preocupación por que esta nueva crispación pudiera afectar negativamente al pacto. Al respecto, recuerdan el episodio que tuvo lugar en 2015, cuando Costa sacó del Observatorio de Comercio a la patronal de la gran distribución Anged por serde ámbito nacional y no autonómico. Finalmente la acabó aceptando en el organismo.