VALÈNCIA. El proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, el órgano que gestionaba La Marina, y la resolución del conflicto laboral para echar a la docena de trabajadores que quedan en el ente no está resultando una tarea todo lo sencilla que podría haberse pensado en un principio. Dos frentes tiene abiertos ahora mismo el consorcio y que se dirimirán en los tribunales. Por una parte, el proceso de disolución, que los empleados llevaron a la justicia por considerarlo no ajustado a derecho. Por otro, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la docena de trabajadores que quedan en el ente.
Los trabajadores llevaron a la justicia el acuerdo de disolución del Consorcio Valencia 2007. Así, presentaron un recurso contencioso-administrativo de la mano del abogado y exsíndic del PSPV Manolo Mata para pedir la suspensión cautelar del procedimiento, así como el ERE de los empleados que quedan en el consorcio y la entrada del operador privado en los amarres de La Marina prevista para octubre tras la adjudicación por parte del Puerto, aprobada este mismo jueves en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Así pues, este mismo jueves se conocía que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia ha admitido a trámite el mencionado recurso y ha dado veinte días al consorcio que le remita la copia del expediente en cuestión. Al respecto, cabe recordar que el recurso consideraba nulo "de pleno derecho" el acuerdo de disolución del Consorcio de 2022 debido a "manifiestos y graves errores" al continuarse con toda la actividad consorciada mientras se pretende finiquitar "ilícitamente" los contratos laborales de los empleados.
Así, apuntaba que el consorcio ha continuado con su actividad "sin limitarse en ningún momento a las gestiones compelidas estrictamente para su disolución y gestión de la extinción en estos más de dos años desde el acuerdo adoptado el 30 de mayo de 2022, sino más bien lo contrario". Por lo que "la modalidad disolución, practicada de hecho ha sido la extraordinaria o sin liquidación" y no la liquidación que se pretende llevar a cabo.
Si la justicia acaba atendiendo las pretensiones del recurso, podría retrasar el propio proceso de liquidación del ente, que desde el Ayuntamiento se quiere dar por finalizado en las próximas semanas. De hecho, la docena de trabajadores que han recurrido, se encuentran ya en un proceso de despido colectivo, el otro frente abierto para el consorcio.
Este miércoles finalizó el plazo de consultas del ERE que afecta a parte de la plantilla del consorcio, y que se inició hace apenas tres semanas. Se ha llegado al final del proceso sin acuerdo entre la representación de los trabajadores y el consorcio, que contrató a una consultora externa para llevar a buen puerto el despido colectivo.
Los trabajadores pedían su recolocación en el Ayuntamiento de València, que va a seguir gestionando parte de La Marina de València junto con la Autoridad Portuaria. Sin embargo, el propio consistorio y el consorcio -constituido por el Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València- rechazaban esta posibilidad. De manera que, con este desacuerdo, los trabajadores ya preparan las acciones en vía judicial para conseguir su objetivo.
Este miércoles, en el pleno del Ayuntamiento de València, el gobierno municipal que dirige María José Catalá y con el edil José Marí Olano al frente de la concejalía de Grandes Proyectos, hizo público un informe solicitado a la secretaría municipal, según el cual el consorcio "no forma ni ha formado parte del sector público" del Ayuntamiento y los empleados "no han tenido nunca condición de empleados municipales por lo que no resulta posible legalmente proceder a reasignarlos"
Además, insiste en que "el Ayuntamiento no sucede en la actividad al Consorcio por lo que no es posible asumir personal de tal entidad en liquidación, habida cuenta de la causa de la misma y del tipo de disolución y liquidación acordadas". Algo que desde los trabajadores rechazan y exponen, sin ir más lejos, el nuevo órgano de cooperación conformado por el consistorio y el Puerto para la gestión de La Marina, parte de la cual depende de nuevo directamente del Ayuntamiento.