VALÈNCIA (EP). La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera "injusta" la propuesta trasladada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero, por la que la Comunitat Valenciana recibirá 13.540 millones, ya que teme que "esconda un intento de retrasar más el cambio de modelo de financiación".
Pese a reconocer "el importante aumento de ingresos por financiación", esa cifra -advierte la patronal valenciana- "no cambia que este territorio siga a la cola en lo que a recursos por habitante se refiere". "Y lo que es más importante, esconde un intento de que nos conformemos con este aumento y retrasar de nuevo el cambio de modelo de financiación", ha asegurado el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
Desde la confederación recalcan que la valenciana será la autonomía en la que más crezcan en 2023 los ingresos derivados del sistema de financiación, pero "no se nos escapa que seguimos en una situación de desventaja frente al resto de españoles, con un trato muy desigual frente a otras regiones. No podemos contentarnos con esta solución", ha asegurado Navarro.
"Queremos el compromiso firme del Gobierno y de la oposición, sin la que el cambio no es posible, de no retrasar más el cambio de modelo de financiación. Con elecciones a la vista, tanto el PSOE como el PP tienen la oportunidad de demostrar que tienen visión de Estado y actuar con responsabilidad. Necesitamos una solución urgente a una injusticia que arrastramos desde hace años y que perjudica a los ciudadanos y a nuestras empresas", reclaman.
En opinión de la CEV, ese cambio pasa por utilizar solo el criterio básico de población ajustada para cada uno de los bloques de servicios públicos. Debe basarse en criterios estrictamente técnicos, mientras que los aspectos ajenos al sistema de financiación, como la despoblación, deberían abordarse y resolverse al margen.
Asimismo, se insta a que, en paralelo, se asegure que el 10% de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado vayan destinadas a la Comunitat Valenciana y que la deuda acumulada por la Generalitat debido a la crónica infrafinanciación sea asumida por el Estado.
Finalmente, la CEV exige que en ningún caso una Comunidad con renta per cápita inferior a la media nacional pueda obtener una financiación inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas de régimen común.
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