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CGT insiste en procesamiento de José Luis Moreno

CGT pide ocho años de prisión para López Jaraba por irregularidades en contratos de RTVV 

11/09/2019 - 

VALÈNCIA. (EP). La Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) solicita una pena de ocho años de prisión e inhabilitación por 20 años y 1.385.295 euros de responsabilidad civil para el ex director general de RTVV José López Jaraba en el procedimiento que instruye el juzgado número 6 de Paterna en relación a las irregularidades en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática, cuyo administrador único era el empresario José Luis Moreno.

Según el contenido del escrito, presentado este martes y consultado por Europa Press, Abogacía de la Generalitat acusa a López Jaraba de malversación, prevaricación y fraude a la administración. Por su parte, la Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita una pena de 7 años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y una responsabilidad civil de 1,38 millones.

El caso se refiere a la contratación por parte de RTVV de la serie 'Planta 25' a la productora Alba Adriática por un importe de dos millones de euros. Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora, y no resultaron justificados gastos por importe de 1.785.295 euros.

Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero en realidad nunca ingresó nada. Según el escrito de la acusación, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa 'De un tiempo a esta parte', por un importe que coincidía exactamente con los 1.785.295 euros que debía.

El escrito de CGT, acusación popular en este proceso, considera que se han adjudicado contratos sin ajustarse, a sabiendas, a la normativa utilizada por RTVV para la adquisición de este tipo de programas. Estas operaciones "causaron un grave perjuicio económico y social al servicio público de RTVV". De hecho, destaca que según una prueba pericial, el programa que sirvió para cancelar la deuda de la productora con RTVV tenía un valor que en realidad no superaba los 400.000 euros.

La organización sindical también apunta a que el "contrato fraudulento" se suscribió entre López Jaraba como director general de la radiotelevisión pública valenciana y José Luis Rodríguez Moreno en representación de la productora, "con la connivencia de este, ambos conocedores de que el contrato contravenía groseramente la legalidad" y destaca también que estipularon en la cláusula quinta del contrato un pacto de confidencialidad con la finalidad de mantener oculta la acción delictiva".

"El contrato fue realizado infringiendo flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público y las instrucciones internas de RTVV, (...) sin llevar a cabo un informe que expusiera los motivos que sustentaban la contratación, sin justificar la necesidad de idoneidad, sin justificar los precios propuestos por la productora, sin señalar las ventajas e inconvenientes de la operación, etc.", añade el documento.

Igualmente, desde el sindicato ha subrayado también que "en estos momentos la CGT lucha en solitario para que se investigue a José Luis Moreno". La denuncia de esta organización ha sido desestimada por el juez y está pendiente de recurso de reforma, han puesto de relieve.

A principios de julio, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) decidió procesar a Jaraba por malversación o, en su caso, administración desleal por sobrecostes de 1.385.295 euros en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática, propiedad de José Luis Moreno.

En un auto de conclusión de diligencias previas del pasado 26 de junio --paso previo a la calificación de los hechos por parte de las acusaciones para la apertura de juicio oral o el sobreseimiento--, el magistrado acordó también el archivo provisional de los hechos referentes a otros contratos cuestionados e instaba a las acusaciones personadas a que formulen sus escritos.

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