La dimensión de datos que manejan actualmente las empresas, tanto procedente de clientes como de su propia actividad es ingente y cada día más es necesario utilizar herramientas que permitan mantener a salvo la integridad del negocio, ya que una mala gestión en la seguridad puede afectar al impacto económico, a la reputación y a la confianza de los propios trabajadores.

En 2017 más de 70.000 millones de euros fueron destinados a la seguridad en red y a la protección de datos. Sin embargo más de 800 operadores estratégicos y 116.000 usuarios han sido afectados en el último año por algún ciberataque en España. Esto pone de manifiesto que nadie está a salvo de estos delincuentes cuyo principal objetivo es el acceso a la información privada empresarial.

Incluso se prevé para los próximos años un escenario en el que el Internet de las cosas, el Big Data y el aprendizaje automático jueguen un papel fundamental en nuestro día a día y en el desarrollo de la economía. Esto fomentará que el número de conexiones estimando para 2035 sea de 250 veces el actual llegando casi a un billón de conexiones a internet, con el consiguiente tráfico de información. La ciberseguridad en este entorno debe estar regulada y protegida a todos los niveles, y para conseguirlo se precisarán expertos especializados, que ofrezcan recursos para que tanto personas como empresas puedan proteger todos sus datos.

Ante este panorama y cumpliendo con la normativa europea el gobierno español ha renovado la ley de Protección de Datos, vigente desde hacía más de 15 años, y que empezará a ser operativa el próximo 25 de mayo.

El RGPD, además de regular el tráfico de la información, incluye normas para adaptarse a las circunstancias sociales y tecnológicas e incluye  cambios en materia de clasificación de datos.

Por ejemplo, define como "categorías especiales de datos", aquellas informaciones reveladoras del origen étnico o racial, opiniones políticas, religión, datos relativos a la salud o judiciales, para cuyos casos será necesaria alguna habilitación tecnológica adicional para el procesamiento.

En este sentido recordar que sólo el 32% de las empresas españolas dispone actualmente de un plan específico para afrontar el nuevo reglamento.