Asamblea general de Cierval. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La crisis por la que atraviesa la patronal autonómica Cierval, que acaba de acogerse al preconcurso de acreedores, está dando lugar a situaciones insólitas en la historia de la organización empresarial. Una de ellas ha sido la no aprobación de su presupuesto anual en la asamblea general ordinaria.
El motivo por el que el presupuesto de 2016 no se sometió al voto de la asamblea celebrada el pasado día 21 son las discrepancias que mantienen las tres patronales de Alicante (Coepa), Castellón (CEC) y Valencia (CEV) respecto a la previsión de ingresos de la organización. Cada año, estas tres organizaciones deben abonar una cuota a Cierval en función de su representatividad en la asociación, pero Coepa y la CEC hace tiempo que dejaron de realizar estas aportaciones, lo que ha generado un agujero de 600.000 euros en la autonómica.
Pese a ello, el presupuesto de Cierval para 2016 contempla 240.000 euros en ingresos por cuotas de sus tres entidades fundadoras. Este asunto ya ha sido motivo de enfrentamiento en el comité ejecutivo de Cierval, donde las tres organizaciones provinciales están representadas por sus respectivos presidentes, circunstancia que obligó al presidente de Cierval, José Vicente González a ir retrasando la celebración de la asamblea ordinaria desde julio, el mes en el que habitualmente tiene lugar, ante el riesgo de que le tumbasen las cuentas.
La patronal de Alicante y la de Castellón aspiran a que los futuros estatutos de Cierval les eximan de la obligación de pagar unas cuotas que hoy por hoy no pueden afrontar. De hecho, en 2016 no han efectuado ningún desembolso por este concepto ni aportado garantías sobre el pago, explican fuentes de la organización.
En esas circunstancias, en el comité ejecutivo extraordinario que Cierval celebró el pasado 16 de diciembre, en el que se decidió pedir el preconcurso de acreedores, también se optó por retirar del orden del día de la asamblea el punto de la aprobación del presupuesto de 2016, dado que la previsión de ingresos es irreal. Las fuentes concretan, no obstante, que Cierval no tiene la obligación de aprobar sus presupuestos en asamblea.
El presidente de Cierval informó en esa reunión del estado de ejecución del presupuesto hasta el mes de noviembre. Según sus cálculos, la previsión es liquidar el presupuesto anual con un saldo favorable de unos 3.000 euros. El problema es que esa previsión está realizada sobre la hipótesis de que las tres patronales provinciales abonasen sus cuotas de este año, algo que sólo ha ocurrido en el caso de la CEV.
En esas circunstancias, la previsión sobre el cierre del ejercicio apunta en un sentido muy diferente, ya que las pérdidas pueden elevarse hasta 240.000 euros, concretan fuentes de la organización empresarial.
Ese resultado se suma a los 1,5 millones de euros de pérdidas que tuvo en 2015 como consecuencia de los saneamientos que ha tenido que realizar para cubrir tanto la deuda de las organizaciones provinciales como los reintegros de subvenciones por los que ha tenido que responder por no estar correctamente justificadas.
Así las cosas, la situación de partida para negociar entre las tres entidades fundadoras de Cierval un plan de viabilidad para evitar su entrada en concurso es de enorme complejidad. No sólo por las discrepancias que mantienen los tres socios sobre cuál ha de ser el modelo futuro de la organización, sino porque se teme que Cierval tenga que hacerse cargo de más devoluciones a la Generalitat por la revisión de expedientes de la CEC.
La organización castellonense, tal y como informó este periódico, pretende además que Cierval le aplique el mismo tratamiento que a Coepa y le perdone el 95% de sus cuotas pendientes de pago como parte del acuerdo que pretende proponer a sus acreedores. La CEC, además, podría plantear que esa quita se le aplicase también a las devoluciones que Cierval ha tenido que reintegrar a la administración al no poder responder de ellas desde Castellón.
Mientras, la alicantina Coepa, ha dado marcha atrás en su compromiso de apoyar la reforma estatutaria de Cierval tal y como se había planteado. Su presidente, Francisco Gómez, pide ahora la salida de José Vicente González de Cierval y se opone en dos cuestiones fundamentales. Para apoyar los nuevos estatutos exige que las federaciones sectoriales sigan pagando cuotas en Coepa aunque se asocien directamente a Cierval y un reparto de subvenciones por participación institucional por encima del 10% que le correspondería según la composición de la nueva asamblea.
