La CIJ considera que la política de asentamientos de Israel es contraria al Derecho Internacional

VALÈNCIA (EP). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha estimado este viernes que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.

La CIJ abrió en febrero una serie de vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

En las mismas no ha participado el Gobierno israelí, que "no reconoce la legitimidad" de estos procedimientos, y asegura que sirve al "discurso político que intenta imponer la Autoridad Palestina", en palabras del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.

Violación de la convención de Ginebra 

La CIJ señala en su decisión sobre la legalidad de la ocupación del Gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este que existen "amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos" a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que "Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna".

"La propiedad pública confiscada beneficia a la población civil de los colonos en detrimento de la población local, por lo que el tribunal concluye que las políticas territoriales de Israel no se ajustan a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya".

"La naturaleza de los actos de Israel", prosigue la corte, "incluido el hecho de que Israel frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por lo tanto, no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra".

La corte también denuncia el "fracaso sistemático" de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.

"A la luz de lo anterior, el tribunal afirma que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del Derecho Internacional", concluye el tribunal.

Constitutivo de anexión

La corte también llega a la conclusión de que las políticas y prácticas de Israel están diseñadas para tener un "carácter indefinido" que provoca "efectos irreversibles" en los territorios ocupados.

La CIJ cita el mantenimiento y la expansión de los asentamientos, la construcción de infraestructura asociada y el muro de seguridad, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Jerusalén como capital de Israel, la aplicación integral de la ley interna israelí en Jerusalén Este y su amplia aplicación en Cisjordania, afianzan el control israelí de los territorios palestinos ocupados, en particular de Jerusalén Este y el Área C de Cisjordania.

En suma, la corte declara que el conjunto de estas políticas "equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado" contrario por tanto "a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a la no adquisición de territorio por la fuerza".

La CIJ declara además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por Israel en 1967, y forma una "única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este", de acuerdo con la lectura pronunciada este viernes por el presidente del tribunal, Nawaf Salam.

Detención inmediata de los asentamientos 

Por todo ello, la CIJ considera que, dado el carácter "ilegal" de esta práctica, Israel debe poner fin a su política de asentamientos, comenzando por el "cese inmediato" de cualquier procedimiento de expansión, y siguiendo con la "revocación de toda legislación y medidas que hayan contribuido a esta situación ilegal".

En lo que concierne a un posible proceso de restitución, el tribunal declara que "Israel también tiene la obligación de proporcionar un reparación integral por el daño causado por su hechos internacionalmente ilícitos a todas las personas físicas o jurídicas interesadas".

Por "reparación", la CIJ entiende el comienzo de una restitución inmediata que comprende la devolución, por parte de Israel, "de devolver la tierra y otros bienes desde que inició su ocupación en 1967 a los palestinos y a las instituciones palestinas, incluidos archivos y documentos.

Asimismo, también exige la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construidas por Israel que están situadas en la zona ocupada de los territorios palestinos, además de permitir el regreso de todos los palestinos desplazados durante la ocupación a su lugar de residencia original.

Obligaciones internacionales

Por último, la CIJ manifiesta que todos los Estados miembro de la ONU tienen la obligación de "no reconocer como legal" la situación actual, y no deben prestar ayuda o asistencia para prolongarla.

Una vez dado a conocer este dictamen, la CIJ deja en manos de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad los pasos a seguir y considerar "qué medidas adicionales se requieren para poner fin a la presencia ilegal de Israel, teniendo en cuenta la opinión" de este viernes.