Ximo Puig, en Les Corts. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts ha registrado tres preguntas dirigidas al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y al president de la Generalitat, Ximo Puig, para que aclaren los motivos del presunto trato de favor por parte de la Generalitat al grupo de comunicación que recientemente ha comprado un periódico del que es accionista el propio Puig. Un hecho que también fue cuestionado este martes por la líder del PPCV, Isabel Bonig.
Las preguntas de la formación naranja, planteadas por su portavoz adjunta, Ruth Merino, tienen su origen en la operación mediante la que el grupo editorial Prensa Ibérica adquirió meses atrás el Grupo Zeta, editor entre otras cabeceras del periódico Mediterráneo de Castellón, del que el presidente de la Generalitat es accionista desde hace años.
En concreto, Ximo Puig reconoce en su declaración de bienes poseer un paquete de acciones de Promociones y Ediciones Culturales Pecsa, la firma editora de Mediterráneo, valorado en 178.000 euros.
La cuestión es que, antes de realizarse esa compra, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, editor entre otras cabeceras de los diarios Levante–EMV e Información, pactó con la banca acreedora de Grupo Z una quita de nada menos que el 70% sobre la deuda total del grupo de Antonio Asensio. La empresa editora de Mediterráneo, integrada en el Grupo Z, se habría visto beneficiada pues por la solución al problema de la deuda de su cabecera.
En esa condonación parcial de la deuda se vio implicado el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un ente dependiente de la Generalitat Valenciana al que el Grupo Z debía 1,9 millones como consecuencia de un crédito antiguo a una imprenta de Biar que formaba parte del mismo conglomerado empresarial.
Cuando la banca acreedora de Grupo Z, agrupada en un pool, llegó a un acuerdo con el grupo editorial para el pago del 30% de la deuda pendiente y la condonación del resto, el IVF se vio en la tesitura de mantener la reclamación de su deuda –equivalente al 2% del total del grupo– o sumarse al acuerdo y asegurarse el cobro de al menos 0,6 millones de euros.
Consultado al respecto por este periódico en el momento en el que se realizó la operación, el director del IVF, Manuel Illueca, explicó que el IVF ya tenía clasificada esa deuda como fallida debido a las dificultades que atravesaba el Grupo Z por lo que estaba en un "contexto de reestructuración". Además, según esta fuente, el pool bancario había encargado un informe externo que concluía que, en un escenario de liquidación, los acreedores cobrarían como máximo el 30% del total de la deuda.
Ante ello, previo informe favorable de la dirección de riesgos del IVF y de la asesoría jurídica, la entidad dependiente de la Generalitat aceptó sumarse al pacto de la banca con el grupo editorial porque, en un supuesto de homologación de la deuda, se podría plantear una quita mayor para el IVF si esta se hubiera quedado al margen del acuerdo y hubiera continuado reclamando 1,9 millones de euros.
No obstante, el IVF se cubrió ante posibles riesgos al condicionar la aceptación de la quita a la aprobación previa por parte del Consell de un decreto el pasado mes de marzo para cambiar el reglamento del IVF para permitirle sumarse a la banca tradicional sindicada en operaciones que implicaran grandes quitas, como la de este caso.
En concreto, el nuevo reglamento ampara al instituto a aplicar una condonación parcial de deuda "en los mismos términos y con las mismas condiciones que el resto de co-acreedores, siempre que garantice con ello la continuidad de la empresa, y por ende una mayor expectativa de recuperación de la deuda".
Ante todo ello, sumado a la circunstancia de que Prensa Ibérica es el grupo editorial en el que la Generalitat más ha gastado en publicidad institucional desde que Puig es presidente, Ciudadanos ha reclamado a Puig y Soler aclaraciones al respecto.
En concreto, la formación política plantea a Presidencia si considera "ético" que el presidente de la Comunitat Valenciana "sea accionista del mayor grupo mediático y de Comunicación de la Comunidad Valenciana y que dicho medio sea el que más publicidad institucional recibe y haya sido beneficiado por la condonación de más de 1,3 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)?"
Además, exige a Presidencia de la Generalitat conocer cuáles son los criterios utilizados "para la adjudicación en publicidad institucional de 3,6 millones de euros en los diversos medios de comunicación?" "¿En base a qué parámetros se adjudican dichas cuantías a los medios de comunicación?", subraya.
Adicionalmente, Ciudadanos pide que Hacienda concrete las razones que justifican "el beneficio otorgado al Grupo Zeta, de la condonación de los más de 1,3 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)?".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
