VALÈNCIA. Tras año y medio de legislatura convulsa y crecimiento exponencial de afiliados al partido, casi 30 cargos en la Comunitat Valenciana –la mayoría concejales– de Ciudadanos han salido de la formación que preside Albert Rivera. A pesar de que algunos fueron expulsados y otros, los más recientes, han dejado el cargo que ostentaban por discrepancias con los resultados del pasado cónclave nacional en el que se eliminó el término "socialdemocracia" de los estatutos. La dirección asegura que otros tantos lo han hecho por motivos laborales, e incluso siguen militando.
Sería, según fuentes oficiales, el caso de Laura Palacios (candidata a la alcaldía de Picanya). Tal y como indican desde la secretaría de coordinación de concejales, Palacios regenta una empresa de comunicación que, durante su etapa de concejal, cerró un contrato con una empresa de ámbito nacional que contrató sus servicios para que le llevara una campaña. "Debido a que tenía que pasar largos períodos de tiempo fuera del municipio y a las consiguientes dificultades para seguir el día a día del ayuntamiento, terminó abandonando el escaño", manifiestan.
En este sentido, también Aurora Aquino –cabeza de lista en Sedaví– que dejó la formación o Juanmi Cebrián –aspirante a la alcaldía de Requena– que devolvió el acta de concejal, pero no se dió de baja de C's. La primera, porque al finalizar sus estudios de ingeniería de telecomunicaciones "se trasladó a Arabia Saudí a trabajar", y el segundo, no pudo mantener el cargo debido a "incompatibilidad laboral" al trabajar en el consistorio de su municipio, apuntan.
Sin embargo, no son todos los motivos. Para justificar algunas de las expulsiones de algunos concejales en ayuntamientos como el de Turís, Villamarxant, Alcora o Santa Pola, el partido alega que existía una línea roja que flanquearon: pactar con Compromís.
Ahora bien, entre hacerlo o no hacer nada (abstenerse), la diferencia resultaba dar o no la alcaldía al PP. Un ejemplo de ello sería Santa Pola, donde el partido naranja contaba con tres ediles. Dos de ellos, Francisco Soler e Ignacio Soler fueron expulsados por dar su apoyo al PSOE. Así, ese respaldo supuso que los socialistas sumaran a sus cuatro concejales, los dos de Ciudadanos, los tres de Compromís, uno de Sí Se Puede Santa Pola y otro más de Esquerra Unida. Una alianza con lo que se impusieron con 11 a los nueve que había obtenido el PP. De no haberlo hecho, la alcaldía -por mayoría- la hubieran obtenido los populares, pues una abstención de Ciudadanos les hubiera hecho sumar un total de 12.
La historia se repite en otros consistorios como el de Torreblanca, Castellón. Rosana Villanueva y Carlos Albert, de Ciudadanos, dieron sus apoyos al PSOE pese a que el partido les dijo que no. No había línea roja con los socialistas, pero si éstos eran apoyados por Compromís serían expulsados. Una ecuación que se da varias veces porque la coalición resulta un socio imprescindible en numerosas localidades para que los del puño y la rosa gobiernen.
Así, con esos dos apoyos, los socialistas sumarían seis escaños y con los de Compromís, formarían gobierno con ocho concejales, de manera que el PP se quedaría sin el poder al contar con solo cinco ediles. De haberse abstenido los naranjas, en cambio, sus concejales hubiesen apoyado al partido más votado, el PP. Los populares gobernarían por un solo concejal, ya que los socialistas tendrían seis con el apoyo de los nacionalistas. Ciudadanos ante su disyuntiva local: apoyar o no al PP. De momento, la dirección solo pone una condición: nada de ir del brazo de Compromís.