Ciudadanos se hace otro lío con el derecho civil valenciano

VALENCIA. El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó este jueves una declaración institucional para forzar al Gobierno central a retirar los recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes autonómicas que regulan el derecho civil, con los votos a favor del gobierno tripartito (Compromís, PSPV y València en Comú) y el del PP.

La moción, que respalda las demandas de la Asociació de Juristes Valencians (AJV) no contó con el apoyo de Ciudadanos, que se abstuvo en la votación. La formación naranja optó por esta fórmula al considerar que en la moción lo que se debate es "si una institución pública debe inferir en el trabajo de los tribunales" y pide "respeto a la separación de poderes" y a la independencia del poder judicial.

Sin embargo, el contenido del manifiesto de la AJV y de las mociones presentadas en los ayuntamientos no se dirige al Tribunal Constitucional, sino al Gobierno Central, a quien insta a que retire dichos recursos interpuestos por la Abogacía del Estado en 2011. 

No se trata pues de una petición al propio Constitucional, sino al Gobierno, al que desde otras Administraciones (y  con el apoyo de otras entidades y de la sociedad civil), se solicita que retire los recursos.

Desde la formación que lidera en Valencia Fernando Giner insisten en que su posición es favorable a estas tres leyes (la de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la ley de custodia compartida y la de Uniones de Hecho Formalizadas), que están además integradas en el grueso de su programa electoral. C's lleva ya varios años manifestando su interés en una ley de custodia compartida a nivel nacional, por ejemplo.

La razón de su negativa a secundar la moción es, según apuntan desde la formación, que la consideran una interferencia en la actuación de los tribunales. El partido justifica su posición en el respeto a la separación de poderes, al TC y a la Constitución Española y rechazan lo que consideran una "presión" al Constitucional.

Precisamente, al contemplar el grueso de estas tres leyes en su programa electoral, la alternativa que plantea C's es esperar a que los tribunales dicten sentencia y que "en el triste caso" de que las tres leyes fueran declaradas inconstitucionales "presentar las correspondientes iniciativas en las Cortes Generales para que se desarrolle la legislación". 

Desde la formación de Giner apuntan también que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y su partido, Compromís, hacen de este tipo de reivindicaciones un uso partidista y juegan a la "confrontación entre españoles y valencianos".

Consideran además en la formación naranja que este problema viene originado por un legislador que en su momento "no valoró bien la reacción de la Abogacía del Estado" que interpuso los tres recursos de inconstitucionalidad al entender que hay un cruce de competencias entre la administración valenciana y la central. 

Con el de Valencia ya son 40 los ayuntamientos que respaldan la demanda de la AJV que Compromís trasladó al Congreso y al Senado el pasado febrero.  También el PP valenciano se sumó a esta reivindicación, trasladando desde hace un mes mociones en sus ayuntamientos en favor de la retirada de los recursos de inconstitucionalidad.