La AJV: "Si el TC echa atrás la ley de custodia compartida es por una cuestión política"

VALENCIA. Desde hace tres años la Associació de Juristes Valencians (AVJ) trabaja para que el Gobierno retire los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de Régimen Económico Matrimonial valenciano, la ley de custodia compartida y la de Uniones de Hecho Formalizadas como se ha hecho en otras ocasiones, mediante negociaciones con el poder político. El anterior Consell ya solicitó su retirada, pero resultó en vano.

Desde hace unos meses la asociación lanzado un manifiesto y propone a las instituciones valencianas que se adhieran a él para solicitar en Madrid la retirada del recurso ante el Constitucional. La ley fue recurrida por el Gobierno de Zapatero y suspendida por el TC, aunque posteriormente el tribunal levantó la suspensión.

José Soriano y Joaquín Ivars, abogados y miembros de la asociación, explican a Valencia Plaza las consecuencias de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley de custodia compartida. 

En primer lugar, la AVJ mantiene que "desde 22 de noviembre de 2011, con el auto del TC la ley está en vigor y no ha supuesto ningún perjuicio ni para los menores ni para los matrimonios", según Soriano. 

Los juristas sostienen que el propio auto del Constitucional de levantamiento de la suspensión evidencia que no supone ningún peligro. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) tiene doctrina en esta materia y el Supremo ha dictado sentencias que resultan favorables. 

¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para interponer el recurso de inconstitucionalidad? Ivars y Soriano explican que el recurso se interpone por dos caminos. Por un lado, el abogado de Estado pretende frenar la capacidad normativa y codificadora de la Comunitat. "Se ve cierto riesgo de que la Comunitat pueda hacer un código civil al margen del código civil", explican.

En segundo lugar, "el argumento es que la custodia compartida supone inestabilidad y perjuicios reparables para los menores" cuando, según los juristas "se ha demostrado en este periodo lo contrario". "El abogado del Estado considera la custodia compartida como una cuestión excepcional, mientras que el Supremo lo ve lo más normal e incluso deseable. La última resolución de custodia compartida es del 28 de enero de este año", aclara Soriano.

Los juristas defienden que la valenciana es una de las leyes más avanzadas en temas de familia, en unos parámetros que no tienen otras autonomías. "Partimos de parámetros de coparentalidad, igual responsabilidad de padre y madre sobre los hijos comunes", explican. "La ley valenciana evoluciona por encima de cualquier normativa, incluso el anteproyecto de ley del código civil intenta parecerse. Las legislaciones autonómicas nos miran", señalan los juristas.

Sin efectos retroactivos

Y, ¿qué ocurriría en caso de que el Constitucional declarara nula la ley? "No afectaría con carácter retroactivo y en el futuro se consultaría al Código Civil", explican los juristas. "No habría ninguna diferencia para ellos", refiriéndose a las parejas que decidan optar por la custodia compartida, en el ámbito de mutuo acuerdo. "Pero nos quedaríamos sin herramienta legal ni soporte; dejaría cierta inseguridad. A partir de ahí esa preferencia que la ley marca respecto a la custodia compartida no existiría y tendríamos que acudir al Código Civil a determinarlo" explican.

No es, por tanto, un asunto que pueda producir demasiados problemas en los casos de a pie, sino una cuestión con trascendencia para el futuro. Los juristas explican que en caso de salir adelante este recurso, se castraría la capacidad de la Comunidad Valenciana para legislar en materia civil. "Si nos quedamos sin esta ley nos quedaríamos sin la herramienta fundamental que ha tenido el pueblo valenciano desde 2011 para regular de una forma moderna, segura y acorde con la sociedad actual. Supone una pérdida de autonomía legislativa. No solamente se nos priva de competencias sino de la posibilidad de seguir desarrollando leyes valencianas acordes a la realidad" inciden desde la AVJ. "Por eso se impugnan en masa las tres leyes".

¿Por qué entonces se plantea el recurso? "Es una cuestión más política que de fondo" Los juristas explican que se mira con celo que la Comunitat tenga cierta auntonomía en derecho civil. "El Gobierno fue a por las tres leyes en las que se ve riesgo de compilación del código civil. Pero nuestra vecindad civil conlleva que expliquemos nuestras normas". El riesgo, según los representantes, "es que nos quedemos sin ley porque el TC entienda que nos hemos metido donde no nos correspondía", es decir, por un cruce de competencias. "Pero sí nos correspondía porque el Estatut nos lo permite", aclaran.

Los juristas insisten en que "el interés del menor está siempre protegido", que es uno de los temores del abogado del Estado para interponer el recurso. Según explican Soriano e Ivars, la doctrina de la sala del Tribunal Superior de Justicia valenciano dice que el establecimiento o mantenimiento del régimen de custodia individual requiere de circunstancias excepcionales, en todo caso vinculadas al superior interés del menor. Esta ley, en palabras de los abogados, preserva mejor que el Código Civil el por qué los hijos deben estar con uno, con otro, o con los dos de los progenitores. Desarrolla por qué se decanta por un sistema o por otro. Aunque, recalcan "por encima siempre está la opinión de su señoría, del ministerio fiscal y los informes", es decir, no establece la obligatoriedad ni un sistema por defecto, sino una opción más.

"Sería ir contra la realidad social"

¿Qué peligros entrañaría quedarnos sin esta ley? "iremos por detrás de la doctrina del Supremo, cambiaría el criterio de los juzgados de primera instancia, nos quedaríamos sin apoyo para defender a los menores… y esa ley protege esa situación. Es una ley muy avanzada, no podemos quedarnos sin ella" explica Soriano. Ivars añade "hemos descubierto durante 5 años -desde el levantamiento de la suspensión- que no ha pasado nada.  Ningún daño se ha producido con una custodia compartida. Y si se produjera, hay herramientas para reparar esa situación".

Además, la supresión de la ley supondría "un suicidio, ir hacia atrás, retroceder 10.000 pasos y plantarnos en el año 81, cuando se instauró el divorcio". Sería "ir contra la realidad social" puesto que desde 2005 no se reforma el Código Civil y éste no incluía aspectos de familia.

"No se puede ir en contra de la realidad social. Y si no está esta herramienta, habrá que inventarla y continuar consolidando el sistema de custodia compartida. Sino, sería ir al contrario de una realidad imparable" aseguran los juristas.

Como conclusión, la asociación destaca que no buscan color político. La ley "es la herramienta con la que trabaja el abogado cada mañana". Con el manifiesto busca "generar una imagen pública de unión" entre la Universidad, los ayuntamientos, el Consell, los colegios de abogados..."No es una cuestión de opinión y color, es realidad jurídica".