Coalición y fiscalidad... ¿a la valenciana?

Escribir en este diario cada dos semanas tiene indudables ventajas, y quizá la principal de ellas es tener perspectiva suficiente entre uno y otro artículo, más cuando los temas tienen continuidad. En éste caso, lo que hace dos semanas no pasaba de contingencia u opción estratégica -la coalición entre Podemos e IU para efectuar el sorpasso final al PSOE- parece ser ya una realidad a falta de algunos flecos, entre ellos, la preceptiva ratificación plebiscitaria por su militancia. A diferencia de lo que pasó en otoño, Iglesias y Garzón, que tienen indudable sintonía personal, controlan firmemente los aparatos de sus partidos. El resto es cuestión de cuadrar listas -sin primarias: acabáramos- y otros trámites legales. 

Más allá del lloriqueo de Gaspar Second Life Llamazares y su sector en IU, la oposición de Íñigo Errejón y su entorno ofrece un interesante debate acerca de cuál puede ser el relato de la nueva alianza, y si más allá de su clara ocupación del espectro sociológico que se identifica con posiciones de izquierda y centro-izquierda es capaz de explicar una historia más amplia acerca del futuro del país -o países, según se vea. El objetivo táctico -superar al PSOE y barrerlo de la centralidad- está, pues, más que claro. Y las encuestas -la primera Metroscopia, que otorga a la confluencia la ventaja sobre el PSOE por unas décimas- ya empiezan a reflejarlo. La cuestión es el marco estratégico y el relato macro que lo sustente. 

Parece que el relato va a ser el de la alianza por un “gobierno a la valenciana”, es decir, un gobierno socialdemócrata en favor de no sólo el mantenimiento sino el avance en el desarrollo del Estado del Bienestar, con la doble intención de cohesionar a los partidos que apoyan la fórmula y hacer la envolvente al PSPV-PSOE, que es más que obvio que no se encuentra nada cómodo en el pacto con Ciudadanos y apostaría por un acuerdo de estas características. Cabe agradecer a Podemos e IU la propaganda que están haciendo no sólo a un gobierno en el que no participan sino el hecho de que es la primera ocasión en al menos una década en que el gentilicio “valenciano” aparece asociado a un concepto positivo. Quizá sea la primera aproximación de la izquierda a aquello de “poner en el mapa”.

Un relato... a la valenciana

La gran pregunta que surge contemplando el escenario desde este lado del embalse de Contreras es qué tipo de relato ha de configurar la coalición del “gobierno a la valenciana” en territorio valenciano. Pasado el tiempo de “És el Moment” -desde luego ya se trata de otro momento, seis meses después- no sólo se trata de saber qué nombre tendrá la confluencia valenciana que debe incluir ahora a EU -incluso Mónica Oltra se muestra ahora decididamente a favor de ello-  sino qué relato común deben ofrecer al electorado más allá de trasladar a Madrid el formato del Govern del Botànic con un PSPV más o menos de perfil. Si la confluencia catalana tiene el referéndum como aglutinante y la gallega desplazar al PP de Núñez Feijóo del gobierno en Compostela, parece claro que el déficit de financiación y en infraestructuras habría de ser el eje discursivo central de la nueva confluencia valenciana. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) forzado por las Comunidades Autónomas y el desigual reparto de déficit acordado -unilateralmente- por el gobierno en funciones de Montoro y Rajoy al mismo tiempo que devuelve parte de la paga extra de 2012 a los funcionarios ha situado de nuevo el debate sobre los objetivos de déficit en el centro de la vida política. Lo cierto es que mientras se exigen nuevos recortes a las Comunidades Autónomas, en cifras de 2015 éstas acumulan un déficit medio del 1’66 del PIB -siendo las administraciones que prestan sanidad, educación y servicios sociales- mientras que el déficit conjunto de la Administración Central y Seguridad Social está en el 3’94% del PIB. Esto sin contar las ayudas al sector financiero. 

Una asimetría sangrante que ha contribuido a que la Generalitat alcance una alianza no sólo con los territorios del Mediterráneo -especialmente la Generalitat de Catalunya- sino también con Murcia y que encuentre inesperados aliados en otras comunidades del PP, como el veterano Juan Vicente Herrera, que se ha mostrado crítico con Montoro a pesar que Castilla y León es la principal beneficiaria de inversiones en obra pública del Estado -¡casi cuatro veces más por habitante que el País Valenciano!- y sale relativamente bien parada en el sistema de financiación. Pero más allá de esto, y también del cuestionable modelo de inversiones -el 75% de las no territorializadas tienen por destino Madrid, da para pensar- cabe plantearse en qué se usa el dinero.

Podemos poner un par de ejemplos sencillos. Si seguimos los parámetros de cálculo de gasto en defensa que usa la nada sospechosa OTAN, y según reveló en su momento ElDiario.es, el gasto español en materia militar supera los 17.000 millones anuales, incluyendo el gasto oficial del Ministerio de Defensa y el consignado en otros apartados como I+D o acción exterior que corresponden en realidad a las Fuerzas Armadas. Aunque no tan famoso como el estadounidense, parece existir un verdadero complejo militar-industrial español no sometido a escrutinio público. Otro tanto cabe decir de la inversión en infraestructuras, auténtica política de estado y mascarilla de oxígeno para el sector de la construcción.

La inversión en obra pública en 2015 fue de 9.400 millones de euros, de los cuáles más de 4.000 millones fueron al AVE y unos 1200 millones a nuevas autovías y autopistas. ¿De verdad que ante la emergencia social no se puede cuestionar este modelo arbitrario de asignación de recursos? ¿Debe tener la Administración Central excedente para estos “lujos” mientras los servicios básicos languidecen?

Déficit y nueva fiscalidad

Más allá de la dialéctica que debe existir con Bruselas acerca de los objetivos de déficit y el reparto de recursos y se plantea también desde Italia, Francia, Portugal o Grecia y que es cuestión central en la articulación de la Unión Europea, puede que deba empezar a plantearse la distribución de los ingresos fiscales existentes -el auténtico problema del sistema de financiación- como un todo, y empezar a vincularlos a una jerarquía clara de prioridades. En otras palabras: tal y como planteaban los expertos en el informe de financiación encargado por Les Corts, los servicios sociales del Estado de Bienestar -educación, sanidad, servicios sociales y dependencia- deberían tener una consignación prioritaria. Y compensar efectivamente el coste de la competencia -naturalmente más elevado en zonas rurales, por ejemplo- con las inversiones reales realizadas por las Comunidades Autónomas y entes locales en el pasado, ahora reflejados en su deuda.

Nada de ésto puede desconectarse de la política fiscal que se plantee. Tanto en su distribución a escala “macro” en cuanto a impuestos, tramos y progresividad como en la distribución de los ingresos entre las distintas haciendas. Y digo distintas porque contando ya al menos con cinco -la Estatal más las forales- resulta difícil sostener políticamente que los cuatro territorios vascos tengan derecho a una hacienda propia y no cualquiera de los otros que ostentan algún tipo de “derechos históricos” más allá de su plasmación constitucional y jurídica actual. Cualquier arreglo sostenible a largo plazo pasará por la cesión de algunos tributos a las comunidades autónomas, así como a los entes locales e incluso a la Unión Europea -si sobrevive como algo más que una unión aduanera- reservando otros para la Administración Central. Si se quiere que España tenga continuidad en su forma actual, más valdría ir pensando qué impuestos debería recaudar cada administración, como armonizar los tipos para evitar dumping fiscal y qué sistemas de solidaridad articular. 

El diseño de una política fiscal hacia un Estado que ingrese más sobre el PIB y aumente el gasto social o hacia uno que lo haga menos -y no el tema catalán- fue el desencuentro central entre la ahora inseparable dupla PSOE-C’s y la tríada Podemos-Compromís-IU en las negociaciones para la investidura. Y seguramente como competencia central que es de la Administración Central deba ser la clave de bóveda de cualquier alianza que quiera transformar mínimamente el Estado. Por los ingresos que necesita para políticas sociales y de transformación del modelo productivo y tienen que provenir de alguna parte vistos los límites del endeudamiento, pero también por el tipo de sociedad y los incentivos que establece para la convivencia y la actividad económica. 

La distribución de ingresos y su priorización no es neutral, como tampoco lo es la asignación de recursos por sectores. Una confluencia valenciana puede explicar en Madrid las limitaciones de un gobierno socialdemócrata sin recursos en la zona cero de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica -en cierta manera, una España a pequeña escala. Estaría bien que pudieran aportar también algo en el campo de las soluciones a bajo coste redistribuyendo recursos. ¿Se imaginan ser en diez años un ejemplo de buenas prácticas en políticas públicas? Yo tampoco.