Cuenca del Ebro. Es una de las ocho regiones europeas identificadas en el ambicioso proyecto Strategy CCUS debido a su enorme potencial para el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento y valorización del CO2 (CCUS). Ocupa un vasto territorio que incluye las áreas industriales de Tarragona (Repsol, por supuesto), el norte de Castellón y el norte de Teruel y lo que la hace especial son sus estructuras geológicas, adecuadas para almacenar gas, punto de partida crítico para expandir cualquier solución CCU a gran escala.
Strategy CCUS cuenta con financiación de la Unión Europea y ha encomendado a científicos de diez Estados miembro la misión de proponer soluciones para conseguir unos sectores energético e industrial menos intensivos en emisiones en el Sur y el Este de Europa. Sus trabajos concluyen el próximo mes de abril. Según sus estimaciones, la Cuenca del Ebro abre oportunidades comerciales para varias tecnologías CCUS, como la transformación de CO2 en productos químicos, el uso de CO2 en operaciones mejoradas de recuperación de petróleo y la descontaminación de desechos industriales alcalinos.
Y he aquí dos asuntos a seguir. En primer lugar, “la presencia de una red de transporte desde el Puerto de Barcelona, que incluye el acceso potencial a alrededor de 2.000 km de gasoductos, podría vincular las fuentes de CO2 con los sitios de almacenamiento y con las oportunidades de uso de CO2”, dicen los impulsores de Strategy CCUS.
Y otro asunto que tiene que ver con los primeros pasos dados ya. El proyecto PilotStrategy, en el que participan Repsol, CIEMAT y el IGME, analizará acuíferos salinos profundos en la Cuenca del Ebro, siguiendo los cálculos realizados ya por Geocapacity, CO2STOP y COMET, para determinar la posible ubicación de infraestructuras para almacenamiento CO2.
Todo está, como puede verse, en un punto extremadamente preliminar, lo cual, a tenor de las urgencias climáticas y después de batir el récord de consumo mundial de carbón en 2021, no deja de representar un enorme riesgo y una gran oportunidad.
El gran campo de juego de la innovación, donde existe realmente margen de recorrido y disrupción, son los desarrollos en captura, almacenamiento y valorización, todavía puntuales y localizados en todo el mundo. Debe ser posible escalarlos y en esa batalla deberíamos estar. Porque, sin soluciones CCU a gran escala, con la tecnología actual, siendo realistas, sólo disponemos de dos herramientas viables para cumplir los Acuerdos de París: la reducción de las emisiones de CO2 y la reforestación. Analicemos.
El problema de sobredimensionar la lucha contra las emisiones en la acción política, sin promover estratégicamente otras alternativas tecnológicas vía innovación, es que reparte de forma injusta el coste. Sólo parecen ser responsables de combatir el calentamiento global una parte del sector industrial de la Comunitat Valenciana, en especial a la cerámica y el cemento, junto a la generación eléctrica y el refino de petróleo. Porque todos ellos emiten el 85% del CO2 de la Comunitat Valenciana. Y no es así. Hay culpables por omisión.
También supone aceptar, sin presentar batalla, que cualquier solución tecnológica susceptible de imponerse en el futuro, cualquier opción diferente a la de reducir las emisiones para combatir el cambio climático desde la Comunitat Valenciana, vendrá de fuera. La tendremos que comprar de alguna forma. En el escenario actual, por tanto, perdemos de dos modos diferentes.
París plantea un todo o nada. No basta con parchear, exige un del modelo productivo y energético. De otro modo, no se cumplirán sus objetivos. SAPEA son las siglas de un servicio de Asesoramiento Científico a la Política integrado por las Academias Europeas. Forma parte del Mecanismo de Asesoramiento Científico de la Comisión Europea. El desafío es tan grande que, según explica en un informe, ni siquiera disponer de tecnologías rápidamente escalables para el almacenamiento y valorización de CO2 garantiza que puedan actuar de forma efectiva.
Aunque en los proyectos piloto funcionen estupendamente, no es tan sencillo escalarlas porque “nuestro sistema energético actual tardó más de un siglo en llegar a su forma actual con una enorme infraestructura que funciona de manera en gran medida invisible para la mayoría de la población. La transición energética requiere una infraestructura novedosa con redistribuciones geográficas radicalmente diferentes de sus elementos: esto llevará décadas y afectará a más partes interesadas que el sistema actual”.
O se produce un gran cambio, en fin, o no se cumplirá París. Pero nada de eso aparece en nuestros grandes ejes de acción política. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, publicado en enero 2020 por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se marcan objetivos ambiciosos y sorprendentemente precisos de reducción de emisiones, pero las tecnologías de captación, almacenamiento y valorización de CO2 aparecen como ese invitado a la boda que nadie sabe si es del novio o de la novia.
Y, por cierto, ¿de qué emisiones de CO2 estamos hablando? Si con dificultad conocemos la huella de carbono de los sectores obligados a calcularla, qué vamos a saber de la de aquellos que no lo están. Startups muy interesantes, como la valenciana MyEnergyMap, han desarrollado un software para disponer de ese dato en tiempo real, porque ayuda a optimizar costes y porque una foto fija no tiene sentido. En ese punto incipiente estamos. Si no sabemos a ciencia cierta lo que tenemos que reducir, ni lo que podremos capturar, almacenar y valorizar, cómo pensamos llegar a París.
