Con un pie en campaña: Compromís per València airea diferencias con el PSPV y marca su agenda

VALÈNCIA. Quedan alrededor de 500 días para las elecciones municipales del año 2023, pero los grupos políticos del Ayuntamiento de València ya calientan motores y empiezan a ocupar sus respectivas posiciones. Una de las principales pugnas será la del bloque de izquierdas contra el bloque de derechas, batalla que se vaticina ajustada después de que en los anteriores comicios la diferencia entre uno y otro se decidiera por un solo voto. Y no parece que la situación vaya a cambiar de cara a la siguiente cita. Sin embargo, dentro de los bloques también se aprecia un palpable interés por delimitar perfiles entre partidos, y uno de los más evidentes en este sentido a lo largo de las últimas semanas ha sido Compromís. 

Y es que, el grupo liderado por Joan Ribó se ha esforzado por remarcar públicamente sus diferencias de opinión y de agenda con respecto al Partido Socialista, sus socios de gobierno, en cuestiones que tienen tanto que ver con la ciudad como con asuntos de índole autonómica y estatal. Una actitud que podría manifestar el interés por desmarcarse y ocupar su propio espacio electoral, con el objetivo de seducir a los votantes y volver a repetir como el partido más votado dentro de la unión de izquierdas. 

En los últimos días, Compromís ha agitado de cara a la opinión pública cuestiones como el hotel-residencia de estudiantes de Saïdia o la acequia de Benimaclet, que también despierta al mismo tiempo las desavenencias con respecto al PAI. Tendencia que asimismo se aprecia en otras disputas acumuladas como la tasa turística, la remodelación de la Avenida Ausiàs March, o asuntos más genéricos como el servicio de Cercanías o la ampliación del Puerto. 

La acequia de Benimaclet y el PAI

Las obras para llevar agua limpia a los huertos regularizados del barrio de Benimaclet ha agitado uno de los últimos puntos de desencuentro entre Compromís y el PSPV. Y es que, hace poco, se detectó que uno de los ramales de la acequia de Mestalla que se utiliza para regar la zona portaba agua contaminada. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la comunidad de regantes para realizar una nueva conexión a un ramal limpio, de manera que los huertos pudieran seguir funcionando con normalidad y sin ningún tipo de riesgo. Ahora bien, de la intervención tan solo se podrían beneficiar las parcelas que estuvieran correctamente agendadas en el registro de la comunidad de regantes. El resto, consideradas irregulares por no participar ni pagar cuota, no. 

Esto supone, a la hora de la verdad, que tan solo la mitad de los terrenos señalados podrían acceder al nuevo ramal de agua limpia. La decisión despertó el malestar de los afectados, que incluso llegaron a manifestarse en la Plaza del Ayuntamiento y consideraron que el gobierno local está intentando desincentivar los cultivos en la zona para dejar el terreno despejado a la construcción del nuevo PAI de Benimaclet. Sin embargo, lo cierto es que la administración local no tiene competencias sobre el sistema de riego, que depende exclusivamente de la comunidad de regantes. La concejalía de Ciclo Integral del Agua, que dirige la socialista Elisa Valía, simplemente se encarga de realizar la obra, pero no realmente de tomar la decisión sobre qué pasa con los ramales o quién se conecta y quién no.

Aun así, el concejal de Agricultura, Alejandro Ramón, de Compromís, no dudó en unirse a la manifestación para exigir que se respetara el acceso de todos los huertos al agua limpia. Una exigencia que Valía acogió con sorpresa, al asegurar que, según dijo, "nadie de Compromís" se había puesto en contacto con ella para tratar el asunto dentro del seno del gobierno antes de airearlo públicamente. Sea como sea, la edil socialista explicó que por las características de la obra, el caudal apenas sí servirá para regar las parcelas legales. Y, al mismo tiempo, matizó que otros terrenos también irregulares podrán seguir haciendo uso de los riegos no afectados por el ramal contaminado, siempre que la comunidad de regantes así lo permita. Por todo ello, niega persecución a este tipo de actividad, y mucho menos a través de una actuación sobre la que no tiene competencias directas. 

Sea como sea, la 'guerra' del agua agita el recuerdo de otro gran desencuentro entre PSPV y Compromís en la ciudad de València: el PAI de Benimaclet, precisamente también a cuenta del espacio reservado para el cultivo y su preservación dentro de los planes de desarrollo urbanístico. Y es que, a principios del mes de diciembre, ambos partidos llegaron a un acuerdo inicial para encargar a la empresa municipal Aumsa la redacción del plan especial, después de meses de desavenencias sobre cuáles deberían ser los requisitos mínimos a tener en cuenta. Y, en ese documento, no se contemplaba al menos de manera inicial una de las principales reivindicaciones de Compromís: desclasificar los terrenos de huerta cultivada para que no se pueda construir sobre ellos, lo que reduciría considerablemente el ámbito territorial del plan.

Una idea que no seduce al PSPV, quien ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de mantener el uso del suelo tal y como está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Es decir, totalmente urbanizable. Y es que, una de sus principales preocupaciones es que el desarrollo del PAI está sujeto a la reserva de un porcentaje de las viviendas para dedicarlas al alquiler asequible. Por lo que, si se construye menos, también habrá menos beneficio para el parque público del Ayuntamiento. Aun así, y a pesar de que Compromís rubricó el acuerdo sin contemplar la desclasificación de la huerta, ya adelantó que seguirá exigiendo la incorporación de esta medida según se vaya desarrollando el plan. Además, también recordaron que el PAI será sometido a un nuevo proceso de participación pública, por lo que los vecinos de la zona podrá trasladar sus reivindicaciones. Incluida esta. 

Tasa turística

Una de las diferencias más palpables entre Compromís y PSPV tanto en les Corts Valencianes como en la ciudad de València ha sido la tasa turística. Y es que, mientras que la formación valencianista exigía su inmediata incorporación para el año 2022, los socialistas apostaban por esperar un poco más. Al menos, hasta que haya una recuperación económica palpable dentro del sector.

Así, Compromís y Unides Podem apretaron hasta el último momento a sus socios en les Corts presentando una enmienda a la Ley de Acompañamiento para poder introducir la tasa en los presupuestos autonómicos de este año. Algo que finalmente no sucedió. Y es que, después del tira y afloja que protagonizaron los tres grupos que componen el Botànic a finales de 2021, la solución alcanzada fue intermedia: pactaron escuchar a los Ayuntamientos y a la patronal durante enero y febrero, con el objetivo de presentar una proposición de ley en el mes de marzo. Aunque, eso sí, el síndic socialista Manolo Mata incidió en que esto tendría que ser en el marco de una recuperación.

La tasa, tal y como ha sido pactada, será municipal y voluntaria. Es decir, queda en manos de los Ayuntamientos decidir si la incorporan o no, en base a sus necesidades. Y precisamente en eso se encuentra ahora mismo el gobierno de la capital. Y es que, en el mes de noviembre el grupo Compromís llevó al pleno municipal una moción para aprobarla para el año 2022, pensando todavía que sería regulada a tiempo en les Corts. Aunque , finalmente, pactó con sus socios de gobierno en el consistorio una alternativa: el impuesto se incorporaría en el momento en el que hubiera una recuperación económica en el sector.

Pero este acercamiento aparente no deja clara una de las cuestiones principales: el marco temporal. Así, mientras que Compromís parece tener más prisa por introducirla, después de los diferentes movimientos de presión que ha protagonizado, sus socios del Partido Socialista avanzan con más calma. Tanto es así que el concejal de Turismo, Emiliano García, reconoció que no la veía factible para València hasta el año 2024, una propuesta que a la luz de los recientes acontecimientos podría ser de difícil encaje para la formación valencianista. 

La residencia de Saïdia y Ausiàs March

Durante la pasada semana, una de las diferencias más sonadas entre el PSPV y Compromís fue la macrorresidencia de estudiantes que se ha proyectado en el barrio de la Saïdia. Si bien los vecinos llevaban semanas en pie de guerra contra el complejo, no ha sido hasta ahora que los grupos de gobierno en el Ayuntamiento de València han decidido tomar posturas en el asunto. Y, precisamente, el primer paso lo dio la formación valencianista. Y es que, el partido de Ribó dio un paso adelante a espaldas de sus socios ofreciendo su apoyo a los colectivos vecinales y proponiendo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para impedir que determinadas parcelas de uso residencial puedan ser cambiadas a terciario. Justamente lo que sucedió en los terrenos de la residencia.

Así, con todo, trasladaban la responsabilidad directa sobre la cuestión al área de Urbanismo, en manos del PSPV. Un movimiento súbito que no gustó especialmente a los socios de gobierno, quienes reaccionaron rápidamente adelantándose a la reunión con los vecinos y además alegaron que la propuesta de Compromís no sería muy útil a la hora de afrontar específicamente el problema. En este sentido, los socialistas matizaron que un cambio en el PGOU no sería retroactivo, por lo que no afectaría a la parcela en disputa y todo se quedaría exactamente como está. 

De este modo devolvieron la pelota al tejado de Compromís, y explicaron que la única manera de frenar el proyecto sería paralizando la tramitación de la licencia desde la concejalía de Actividades que ahora mismo se encuentra en manos del grupo liderado por Ribó. Algo que solo podría ser posible en caso de que se hallara algún defecto que la hiciera, de hecho, incompatible con la normativa vigente. Aunque, sea como sea, lo que sí que podría manifestar el avance de Compromís es un intento por marcar agenda propia y diferenciarse de las acciones del gobierno en su conjunto. 

Por su parte, un poco más antiguo es el choque por la remodelación de la avenida Ausiàs March. Y es que, Urbanismo presentó un proyecto para reducir a la mitad los carriles para vehículos y de este modo ofrecer un entorno mucho más verde y amable para los peatones. Sin embargo, el alcalde de la ciudad no dudaba en enfriar posturas y marcar distancias con el proyecto al considerar que, aunque era positivo para la ciudad e iba en la línea general de recuperación del espacio público, se tendría que haber esperado a informe de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Todo ello con el objetivo de conocer las verdaderas necesidades de la vía e incluso aportar propuestas más ambiciosas que delimitaran todavía más el espacio reservado para el coche. Con todo, un nuevo cuestionamiento a las acciones de un área dirigida por los socialistas. 

Cercanías y ampliación del puerto

Más en clave nacional, Compromís denunció a finales de año los retrasos y cancelaciones en la red de trenes de Cercanías. Un problema que afecta a toda la Comunitat Valenciana y que la formación valencianista abordó a través de un vídeo en clave de humor lanzado en el propio día de los inocentes. En él participó también el alcalde de València Joan Ribó, para denunciar la falta de respuesta y el abandono por parte del Gobierno central liderado por el PSOE. 

También recurrente es el tema de la ampliación del puerto, en la que Compromís se ha mostrado especialmente beligerante por el daño que podría acarrear la obra sobre la costa valenciana. En este sentido, uno de los últimos movimientos que protagonizó el primer edil fue mostrar su "oposición clara" y "absoluta desconfianza" hacia el proyecto, después de conocer que Puertos del Estado había avalado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

En este sentido, lamentó que no se hubiera consultado ni tenido en cuenta la posición de la ciudad, y mostró desconfianza ante una intervención de la que todavía desconoce los detalles. Así, con todo, unos días más tarde reconoció que rechazar totalmente el proyecto era "complicado" llegados a este punto, teniendo en cuenta que ya se ha creado el dique y que su propia retirada podría generar problemas ambientales. Aun así, consideró que todavía "no es tarde" para alcanzar una posición de consenso que tenga el menor impacto posible. Y, del mismo modo, rechazó la salida norte y abogó por un acceso basado en el ferrocarril.