VALENCIA, (EP). La síndica adjunta de Compromís en las Corts en la Comisión de Investigación sobre las plazas de residencias, Mònica Àlvaro, ha considerado este lunes que el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent debe comparecer en esta comisión tras las informaciones hechas públicas a raíz del levantamiento del secreto del sumario del caso Imelsa.
Según ha apuntado en un comunicado, esas informaciones sobre las declaraciones de Marcos Benavent "confirman nuestras sospechas sobre la trama ilegal en la adjudicación de plazas de tercera edad y su vinculación con el caso Taula, después del levantamiento del secreto de sumario".
"Ahora es imprescindible que la Comisión pida la comparecencia de Marcos Benavent, Alfonso Rus y otros implicados en dicha trama, además de verificar si los presuntos pagos de Gerocleop al Olímpic de Xàtiva coinciden en fechas con la adjudicación de los contratos de Accesibilidad Social", ha indicado la parlamentaria.
Según Àlvaro, "la comisión especial de investigación sobre la adjudicación de plazas de residencias de tercera edad, que empezó en febrero, ya apuntaba el pasado mes de mayo a la existencia de una trama para acceder a un contrato especial con la administración, una implicación que ahora podría ser confirmada".
Se trata de la adjudicación "poco clara" de la residencia de la tercera edad en Xàtiva, donde, según ha dicho, se beneficiaban Alfonso Rus, Benavent, como testaferro, y la empresa Gerocleop, "también investigada en el caso Taula, como beneficiaria de un contrato que ya había caducado en el momento de la adjudicación".
"En la sesión de la Comisión del 31 de mayo, durante la comparecencia de Marcos Turró, gerente de Gerocleop, nuestro grupo pidió la comparecencia en comisión de Alfonso Rus, Marcos Benavent y Carlos Turrró para poder esclarecer la forma en que accedieron a la adjudicación de la residencia en Xàtiva", ha recodado.
Ese centro, al que hacen mención las conversaciones recogidas en el sumario, fue inaugurado en 2007, mientras que el contrato para plazas de residencia en el modelo de accesibilidad social se publicaba en 2001. "Esto hace sospechar que detrás de un entramado de empresas fantasma, que se crean y se venden en pocos meses con alta rentabilidad económica, había un interés por hacerse con un contrato que conveniaba directamente con la administración pública", ha explicado Àlvaro.
Para la diputada, "es evidente la implicación directa de Rus cuando se recalifican terrenos y se ceden gratuitamente a la empresa de Turró. Incluso la empresa escogía qué ubicación quería, y el alcalde concedía, según las declaraciones de Marcos Turró en la Comisión de Investigación en las Corts".