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AL MENOS hasta 2020

Compromís regó de contratos el despacho ligado a la familiar del encargado de la Mesa de Movilidad

11/03/2022 - 

VALÈNCIA. 18 contratos menores -sin concurso público- por valor de 200.000 euros fueron los que entre 2016 y 2020 el Ayuntamiento de València adjudicó directamente a La Paisatgeria y a los arquitectos vinculados a este despacho. Y la gran mayoría de los contratos (16) proceden de áreas municipales gestionadas por concejales de Compromís, convertidas en sus principales y casi únicas clientes dentro del Ayuntamiento, según la documentación analizada por la Agencia Valenciana Antifraude.

La historia fue cronológicamente de la manera que sigue. El consistorio empezó a contratar a este equipo de arquitectos y urbanistas a partir del pasado mandato, cuando accedió al gobierno municipal la coalición de izquierdas conformada por Compromís, PSPV y València en Comú -plataforma ligada a Podemos-. En 2015 se constituyó el ejecutivo local y la concejalía de Movilidad Sostenible, con Giuseppe Grezzi al frente, creó la Mesa de Movilidad Sostenible para "hacer transparente, participativo e inclusivo el camino de València hacia la movilidad sostenible". Como coordinador se situó a Joan Olmos, doctor ingeniero de Caminos y ex profesor de la UPV.

Sería meses después, en abril de 2016, cuando llegaron los primeros contratos directos. Era la primera vez que el Ayuntamiento de València contrataba a estos profesionales. De hecho, la Agencia Antifraude cree "necesario" resaltar este hecho: "Anteriormente a 2015, por el Ayuntamiento de Valencia [...], no se ha certificado la existencia de ningún contrato adjudicado" a dichas personas.

El contrato menor es una fórmula legal que permite hacer encargos pequeños directamente, sin concurso público ni concurrencia competitiva, hasta un determinado límite de dinero por contrato. Los primeros, a una de las arquitectas de este equipo, los hizo la concejalía de Jardines, entonces dirigida por Pilar Soriano (Compromís), por valor de 11.700 y 12.500 euros respectivamente para la redacción del proyecto de un jardín y la dirección facultativa de las obras.

Antifraude cuestiona que se hicieran dos contratos diferenciados, que de haber sido uno único habría obligado a sacarlo a concurso público. De hecho, pocos meses después el mismo departamento recurriría a la misma profesional para las mismas labores en otro jardín, pero esta vez hizo un solo contrato de 18.000 euros -límite legal hasta 2018 para dar un contrato 'a dedo'-.

El estudio de arquitectura

En verano de ese mismo año 2016, el equipo creó el estudio La Paisatgeria. Una de las socias fundadoras fue Elena Azcárrega, quien según Antifraude tiene una "relación familiar" con Olmos, coordinador de la Mesa de Movilidad. También se da la circunstancia de que Olmos y otros miembros del equipo habían sido profesores y alumnos en la UPV, según la información recabada por Antifraude.

Poco después de nacer el estudio, ya empezó a recibir encargos del Ayuntamiento. En total, y hasta 2020, hubo cuatro, todos ellos procedentes de la concejalía de Movilidad o de la EMT, dependientes del edil Giuseppe Grezzi (Compromís). Estos trabajos facturados a la administración local supusieron, como publicó Valencia Plaza este jueves, casi el 58% de los ingresos totales de la firma durante sus primeros cinco ejercicios de vida.

Vinculaciones entre los arquitectos, según el informe de Antifraude. JOL: Joan Olmos; EAM: Elena Azcárrega

Así, el despacho fue el encargado de elaborar un proceso participativo para el barrio del Botànic por 15.500 euros en 2016 -dos meses después de crearse el estudio-; la dinamización de mesas sectoriales por casi 6.000 euros en 2017; y un estudio de movilidad en escuelas por 15.500 euros en 2018. Más tarde, en 2019, la EMT le adjudicaría sin concurso el contrato de la EMT para diseñar el proyecto temporal de la Plaza del Ayuntamiento por casi 15.000 euros -límite legal desde hace más de tres años para celebrar una licitación-.

A las preguntas de Antifraude sobre el contrato de la plaza del Ayuntamiento, la EMT respondió que la ley no obligaba a pedir más de una oferta. ¿Y por qué se fijó el precio en 14.950 euros y no 17.000 o 12.000? Se desconoce: "No es posible fiscalizar adecuadamente la fijación del precio", dice Antifraude, porque la concejalía sólo enumeró las tareas incluidas en el contrato "sin valorar económicamente cada una de ellas".

Hay que recordar que los auditores de la EMT consideraron que este contrato y otros dos -el seguimiento arqueológico y  la dirección de las obras en la plaza- tenían "una misma finalidad técnica y económica". Esto es, que a su juicio debería haberse hecho un único contrato que "cubriera el proyecto de remodelación en su totalidad" y que, por ende, habría sido obligado sacarlo a concurso. En cambio, la escasa cuantía de cada uno de ellos al hacerse por separado permitió eludir la concurrencia.

Foto: KIKE TABERNER

Coincidencia o no, Azcárrega abandonó el estudio que había impulsado poco antes de que se firmara el contrato de la plaza del Ayuntamiento, pues fue nombrada alto cargo de la Generalitat: directora general de Vivienda en la Conselleria del ramo que dirigía entonces Rubén Martínez Dalmau, cargo en el que permanece la arquitecta.

Otros contratos

Durante los años siguientes a 2016 el equipo también recibió encargos de diferente tipo. En 2017, por ejemplo, el departamento de Soriano hizo otro contrato sin concurso a otro de los profesionales relacionados para el proyecto de remodelación del jardín en la Plaza Manuel Granero por 14.700 euros.

En 2018, la concejalía de Devesa-Albufera, que dirige Sergi Campillo (Compromís), adjudicó también a uno de estos profesionales la modificación de un proyecto para la restauración de la Gola de Pujol por valor de 2.375 euros; y a otro arquitecto vinculado, la adecuación del recinto de las compuertas de la Gola de Pujol por otros 14.800 euros. Contrataciones a las que habría que sumar otro encargo directo a otro de los arquitectos de este círculo -arquitecto jefe en el propio Ayuntamiento durante el gobierno de Ricard Pérez Casado (PSPV)-, para analizar el potencial uso público del cauce nuevo del río Túria por 14.800 euros.

El año siguiente hubo más contratos. Por una parte, el área de Campillo adjudicó uno por 3.700 euros para una nueva modificación del proyecto de rehabilitación del embarcador de la Gola, y otro por 5.543 euros para el proyecto y la dirección de obras de reparación en un colegio. Por otro lado, la concejalía de Cultura, dirigida por Gloria Tello (Compromís) aprobaría ese año otro encargo por 13.900 euros para los textos de unas placas identificativas. Este año fue también el del contrato de la EMT para la plaza del Ayuntamiento.

Antifraude culmina su investigación en el año 2020, cuando hasta la fecha de las indagaciones, se registraron otros dos contratos de la delegación de Campillo para la dirección de obra (8.500 euros) y la coordinación de seguridad y salud (11.000 euros) de las obras en la Gola de Pujol.

Toda la relación de contratos que expone Antifraude corresponde a servicios municipales, si bien la Agencia admite que "tiene constatación de la existencia de otras contrataciones a favor de las personas reseñadas" desde organismos dependientes del Ayuntamiento como empresas públicas o fundaciones, pero no están recogidos por "la extensión y complejidad" de la investigación practicada.

Así pues, la mayoría de los servicios encargados desde el Ayuntamiento a estos profesionales procedió de departamentos que dirigía Compromís, si bien se registraron otros dos en 2017 de la concejalía de Neus Fábregas (ValC) para el proyecto de un edificio en la Plaza de Alfonso el Magnánimo por 13.600 y 4.000 euros.

En 2020, el coordinador de la Mesa de Movilidad Sostenible, Joan Olmos, dejó su cargo aduciendo que había finalizado un ciclo tras cuatro años al frente del órgano consultor del Ayuntamiento. Aunque el análisis de Antifraude finaliza en ese año, el consistorio ha continuado con contratos a arquitectos vinculados a La Paisatgeria.

Sin ir más lejos, los dos últimos se adjudicaron este miércoles a dos de las arquitectas desde la concejalía de Recursos Culturales de Tello (Compromís): uno por 3.000 euros para un estudio paisajístico y otro por valor similar para un análisis botánico del jardín de la casa museo Benlliure.

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