VALÈNCIA. "Desde nuestro punto de vista, estos contratos cumplen una misma finalidad técnica y económica de las prestaciones que se contratan y, en consecuencia, se podría haber valorado la posibilidad de realizar un único expediente de contratación que cubriera el proyecto de remodelación en su totalidad". Son claros los auditores de la EMT al expresar su criterio sobre los diferentes contratos menores que se hicieron desde la empresa para la reforma provisional de la Plaza del Ayuntamiento: a su juicio, tenían un mismo objeto y no debieron dividirse.
La auditoría de legalidad de la empresa municipal recoge tres contratos menores, sin concurso público, que se adjudicaron en 2019 y que estaban vinculados directamente a los trabajos de reforma de la Plaza del Ayuntamiento. Se trata por un lado, del contrato para el diseño y el proyecto de urbanismo táctico; por otro, el seguimiento arqueológico y la redacción de la memoria final de las obras; y por otro, la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las actuaciones.
Tres contratos que se hicieron por separado y cuya escasa cuantía permitió a la firma que preside Giuseppe Grezzi adjudicarlos sin concurrencia competitiva. Los contratos menores de servicios pueden eludir el concurso público legalmente siempre que su valor se encuentre por debajo de los 15.000 euros. Por ello los auditores hacen referencia expresa al artículo de la normativa según el cual "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".
Uno de los contratos, el primero de los mencionados, ya es de sobra conocido. Se trata del encargo que hizo la EMT al despacho La Paisatgeria y que ascendió a 14.950 euros -rozando el límite que obliga a sacarlo a concurso- para la elaboración del diseño del proyecto de urbanización táctica y temporal de la plaza del Ayuntamiento. Se hizo en tres días desde que se abrió el expediente de contratación, no se pidieron más ofertas -tampoco existía la obligación-, y según denunció la oposición en su momento, se hizo “sin informes, con la única firma del ex gerente y sin consignación presupuestaria”.
Reviste especial interés este contrato porque, huelga recordar, una de las fundadoras de la firma fue Elena Azcárrega, actual directora general de la Conselleria de Vivienda, y que guarda vínculos con quien fuera el coordinador de la Mesa de Movilidad, Joan Olmos. Poco antes de que la EMT adjudicara el mencionado contrato a la firma, Azcárrega abandonó el despacho para ser nombrada alto cargo del departamento autonómico que dirige Rubén Martínez-Dalmau.
Otra de las adjudicaciones en cuestión, en este caso por 12.800 euros más IVA, se hizo a la firma Semar Arqueología, y la otra, a La Mingenieria por 5.000 euros. En todo caso, tres contratos menores que según los auditores compartían un mismo objeto al compartir "una misma finalidad técnica y economíca" y que, a su vez, están relacionados con el contrato principal de ejecución de las obras de la reforma adjudicado a Pavasal por 100.000 euros aproximadamente, en este caso tras superar un concurso público de por medio, como obliga la ley.
A juicio del portavoz de Ciudadanos en la ciudad, Fernando Giner, resulta "alarmante que la propia auditoría cuestione la presunta partición de contratos de las actuaciones de Plaza del Ayuntamiento" y las calles aledañas, lo cual añade "más dudas si cabe a la forma de gestionar de Grezzi". Así, Giner aprovechó los informes de auditoría para solicitar que la empresa municipal "sea intervenida de manera inmediata por el Ayuntamiento de Valencia".
Hay que recordar que el contrato a La Paisatgeria originó sendas denuncias de PP y Ciudadanos a la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió una investigación sobre las contrataciones del Ayuntamiento de València y la EMT a la empresa vinculada con la directora general de Vivienda. En total son 17 contratos adjudicados al despacho los que Antifraude ha solicitado en el marco de las pesquisas que está llevando a cabo.
Por su parte, el concejal del PP Carlos Mundina, resaltó de la auditoría que la EMT adjudicó el año pasado más de 1.100 contratos menores. Esto es, sin concurso público. Según Mundina, los auditores hacen un rosario de recomendaciones y advertencias ante la “deficiente dirección y gestión de la entidad”. Se han detectado deficiencias en materia de contratos, sobre todo, en contratos menores donde se pide "mayor precisión en la duración de la necesidad, mayor control sobre la documentación exigida en los pliegos aportados por los adjudicatarios y que se establezcan sistemas de control adecuados para cumplir con los plazos de pago establecidos".
Por otro lado, subrayó el edil popular, se detectan hasta una decena de incidencias en materia de transparencia. Entre otras cosas, no se ha publicado en la página web el estado de ejecución de los presupuestos anuales de forma trimestral; no se han publicado las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, ni la información relativa a campañas y acciones de publicidad.
