El estudio que diseñó la Plaza del Ayuntamiento 'a dedo' recibió el 58% de sus ingresos del consistorio

VALÈNCIA. Cinco años de vida tenía el estudio de arquitectura La Paisatgeria cuando la Agencia Valenciana Antifraude empezó a indagar en los contratos adjudicados sin concurso a la firma desde el Ayuntamiento de València, en 2020. Uno de ellos, el relativo al diseño temporal de la Plaza del Ayuntamiento, motivó la investigación de la Agencia que dirige Joan Llinares, entre cuyas conclusiones señala que la firma obtuvo más del 58% de sus ingresos con trabajos facturados al consistorio valenciano.

El consistorio ya había empezado a contratar a los arquitectos de La Paisatgeria de manera individual antes de que surgiera el estudio. Tras su creación, en verano de 2016, recibió cuatro encargos directos hasta 2020 que llegaron todos ellos de áreas dirigidas por el edil Giuseppe Grezzi y que supusieron casi el 60% de los ingresos totales de la firma. Nada más crearse el despacho, ya empezó a recibir encargos del Ayuntamiento. El primero, en septiembre de ese mismo año desde la concejalía de Movilidad para un proceso participativo de espacio público en el barrio del Botànic, por valor de 15.500 euros.

El año siguiente llegaría otro contrato menor, sin concurso público, del mismo departamento para la "dinamización" de las mesas sectoriales de cara a la nueva ordenanza de movilidad (5.960 euros). Y en 2018, otro similar, también de Movilidad Sostenible, para hacer un estudio de movilidad en centros escolares, por otros 15.500 euros. A los que hay que sumar el contrato más conocido, suscrito en 2019 por el gerente de la EMT, que preside también Grezzi, para el diseño de la peatonalización blanda en la Plaza del Ayuntamiento por 14.950 euros -50 euros menos que el límite fijado por la ley para sacar el contrato a concurso-.

"Cabe concluir, por tanto, que el Ayuntamiento de Valencia ha aportado en estos 5 años de vida de Paisatgeria el 38,43% de sus ingresos totales y la EMT el 19,67%, para un total del 58,11% de los ingresos totales de la entidad", señala la Agencia Valenciana Antifraude, para detallar en ese sentido que la firma, durante sus dos primeros años de vida, sólo registró los ingresos del primer contrato consistorial. El informe provisional de la Agencia, elaborado tras consultar a la empresa en cuestión y al Ayuntamiento, está ahora a la espera de alegaciones por parte del consistorio.

Pero el informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, sí pone negro sobre blanco una circunstancia: una de las socias fundadoras, Elena Azcárrega, guarda una "relación familiar" con el que fuera coordinador de la Mesa de Movilidad, Joan Olmos. En 2019, Azcárrega abandonó el estudioal ser nombrada directora general de Vivienda en la Conselleria del ramo que depende de Unides Podem. Lo hizo justo antes de firmarse el contrato de la plaza del Ayuntamiento. Olmos dimitió en 2020 de su plaza.

Contrato troceado en la Plaza del Ayuntamiento

El contrato que dio inicio a las indagaciones es el relativo a la remodelación temporal de la Plaza del Ayuntamiento. Se hizo en tres días desde que se abrió el expediente de contratación en el verano de 2019 y no se pidieron más ofertas a otros despachos, de manera que se adjudicó a La Paisatgeria sin concurrencia competitiva aprovechando que el valor del contrato era de 14.950 euros, rozando el límite legal que hubiera obligado a sacarlo a concurso.

El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, explicó en su momento que se utilizó este procedimiento sin consultar a otras firmas "por motivos de urgencia y por la voluntad de peatonalizar con toda la rapidez posible", si bien es cierto que la idea de la peatonalización ya se había puesto sobre la mesa el pasado mandato. Se contrató al estudio apor estar dedicado específicamente "a hacer estudios y proyectos paisajísticos".

Por su parte, a las preguntas de Antifraude, la EMT respondió que la ley no obliga a pedir más ofertas. ¿Y por qué 14.950 euros y no 17.000 o 12.000? Se desconoce: "No es posible fiscalizar adecuadamente la fijación del precio", dice Antifraude, porque la concejalía sólo enumeró las tareas incluidas en el contrato "sin valorar económicamente cada una de ellas".

En este sentido, no hay que dejar pasar que como publicó este diario los auditores de la EMT consideraron que este contrato y otros dos -el seguimiento arqueológico y  la dirección de las obras en la plaza- "cumplen una misma finalidad técnica y económica de las prestaciones que se contratan". Esto es, que a su juicio debería haberse hecho un único contrato que "cubriera el proyecto de remodelación en su totalidad" y que debería haberse sacado a concurso público. En cambio, la escasa cuantía de cada uno de ellos al hacerse por separado permitió eludir la concurrencia.

"Un proyecto sin informes"

El concejal del PP, Carlos Mundina, señaló que las conclusiones provisionales de Antifraude prueban que hay "indicios de irregularidades en la contratación de un proyecto que hizo en tiempo récord y sin ningún tipo de informe previo". Por ello, pidió "valentía" al PSOE para apartar Grezzi de la firma municipal.

Así, Mundina aprovechó para recordar que la falta de mecanismos de control en la EMT permitieron el fraude de cuatro millones de euros y que a ello se suma la "gestión presuntamente irregular en las contrataciones de obras para peatonalizar provisionalmente la plaza del Ayuntamiento y otras realizadas en l’Albufera".

Deficiencias en otros contratos

La Agencia no sólo analiza los contratos adjudicados desde el Ayuntamiento y la EMT al despacho La Paisatgeria, sino que ha recabado todos los encargos sin concurso realizados a los integrantes del estudio y a otras empresas vinculadas a ellos, y que empezaron a realizarse con el actual gobierno municipal: "Anteriormente a 2015 [...] no se ha certificado la existencia de ningún contrato". 

En total son 18 contrataciones sin concurso por valor de más de 200.000 euros y que no tienen en cuenta otros contratos de entidades dependientes del Ayuntamiento, que también los hay, debido a "la extensión y complejidad alcanzada por la investigación". Eso sí, sobre los analizados el organismo que dirige Llinares halla "prácticas que vulneran los principios inspiradores" de la ley de contratos.

Por ejemplo, se contrató a una misma arquitecta con dos contratos menores, por una parte para la redacción del proyecto de obras en el jardín de la Ermita de San Jerónimo, y por otra, para la dirección facultativa. Dos contratos que sumaban más de 24.000 euros pero que, al adjudicarse por separado -lo que "llama la atención de la Agencia- se evitó el concurso público. Además el hecho de usar el contrato menor dejó el servicio a prestar "cautivo" de la adjudicataria, pues no se ejecutó hasta 19 meses después de su adjudicación, algo similar a lo que ocurrió en otras obras de ajardinamiento.

En otro contrato, relativo al proceso participativo de movilidad en el barrio del Botànic, para fijar su precio se empleó el baremo del Colegio de Ingenieros de Caminos, lo que sorprende a la Agencia al no haber utilizado un "baremo propio del sector de la agricultura; además de que se aumentó el precio unitario de cada hora "sin justificar objetivamente dicho aumento". Lo mismo que ocurrió en otra contratación sobre las mesas sectoriales.