ALICANTE (EP). El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil por la contratación "arbitraria" del exalcalde de Altea, el 'popular' Miguel Ortiz, como gerente de la empresa pública 'Proaguas'.
Así lo ha confirmado este miércoles el portavoz de la coalición, Gerard Fullana, quien en rueda de prensa ha señalado que la formación ha denunciado el acuerdo de designación del pasado mes de septiembre tras detectar "grandes irregularidades" en la contratación.
Compromís considera que la designación del puesto se debe a un acuerdo "arbitrario" y "lesivo" para los intereses de la mercantil. También acusan al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de "ocultar información" durante la votación del puesto en el Consejo de Administración y que la selección de Ortiz vulnera "los derechos de igualdad, mérito y capacidad" para el puesto de trabajo.
En concreto, la demanda recoge que el acuerdo tomado por el Consejo de Administración que designa como gerente a Ortiz es "arbitrario y lesivo" para los intereses generales de la mercantil, porque "va en contra" de lo establecido en los estatutos de la misma. También señala que se ha vulnerado el derecho a la información, ya que "ningún miembro del Consejo tuvo acceso al expediente de contratación antes de la reunión de designación del gerente".
Por su parte, Fullana subraya que durante este acto la oposición pidió la información correspondiente antes de pasar a la votación pero "Mazón se negó alegando motivos de protección de datos". "Votamos sin tener ningún tipo de información y documentación, por lo que todos los allí presentes votaron al futuro gestor sin tener ningún tipo de valoración y conocimiento de las cualidades del candidato", ha agregado.
Por último, la demanda sostiene que la elección de Ortiz vulnera el principio de igualdad, mérito y capacidad, ya que según la información aportada por Compromís, se han descartado otros tres candidatos "con mejor preparación para el puesto". "Había 16 aspirantes, de los cuales se hizo una selección de cuatro, entre ellos Ortiz, y se han descartado tres perfiles que eran ingenieros técnicos, industriales con doctorados en ingeniería civil, hidráulica y medioambiental, con amplias experiencias profesionales", afirman desde Compromís.
Asimismo, subrayan que resulta "evidente" que en el nombramiento de esta persona, que percibirá más de 60.000 euros anuales durante cinco años, "no ha primado su capacidad de gestión hídrica". La votación fue respaldada únicamente por el equipo de gobierno, PSPV y Compromís votamos en contra".
A este respecto, Fullana ha criticado el voto a favor de Cs, quien "ostenta la cartera de Transparencia" en la Diputación de Alicante. "Pedimos que nos apoyen en esto y reflexionen, Cs no hubiera votado a favor si hubiera sido a principios de la legislatura", ha sostenido.
Por último, ha explicado que la formación no ha acudido al Contencioso Administrativo al tratarse de una empresa pública, por lo que se ha de acudir a lo Mercantil. "Ya estudiaremos si además tiene derivadas penales, nuestro objetivo es que no queremos que la Diputación sea cómplice de esto o que Mazón la utilice como agencia de recolocación zaplanista", ha dicho Fullana.
"La Justicia tendrá que decidir si nuestras percepciones son correctas o no, lo que no se puede negar es que ha sido un proceso carente de toda transparencia y ética. El zaplanismo y aquella ya no tan vieja política no pueden estar mejor representados en este proceso con las formas del presidente Mazón", ha zanjado.
Por su parte, la Diputación de Alicante ha defendido el proceso selectivo para la contratación del gerente realizado a través de una convocatoria "pública y abierta" en la que "se han respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad e idoneidad de los candidatos".
En declaraciones facilitadas a Europa Press, la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha indicado que el Consejo de Administración de Proaguas aprobó el pasado 14 de septiembre "por mayoría" la designación Ortiz "al considerar que se trataba del candidato más idóneo por su experiencia y trayectoria para este puesto de alta dirección".
Esto fue, señala Serna, una vez la Comisión Técnica de Valoración había preseleccionado a cuatro de los 16 aspirantes que se presentaron al proceso tras analizar y acreditar sus méritos.
Igualmente, ha explicado que ninguno de los candidatos que han optado a la convocatoria ha presentado reclamación y ha acusado a Fullana de "manipular, una vez más, la información para ofrecer una imagen sesgada y presentar a la opinión pública sólo aquello que le interesa, incluso ocultando datos".
En este sentido, ha denunciado que durante la rueda de prensa "Compromís no ha incluido toda la información recogida en el currículum de Miguel Ortiz, mientras que sí lo ha hecho con otros candidatos con los que lo ha comparado, a pesar de tener acceso a toda esa información". "Ortiz cuenta con una dilatada experiencia profesional en el sector público y ha participado en entidades del sector público en materia de aguas".
También ha explicado que además de alcalde de Altea y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, entre otros cargos públicos, ha sido miembro del Consorcio Provincial de Aguas de la Marina Baja, presidente de la Mancomunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR o patrono de la Fundación Valenciana Agua y Progreso y del Consejo Rector del Centro de Servicios para la Gestión del Agua de la Comunitat Valenciana.
Paralelamente, el PSPV en la Diputación ha confirmado que llevará a Antifraude el expediente de nombramiento de Ortiz como gerente de Proaguas y advierte que para su elección se ha tenido en cuenta en la valoración de los méritos del proceso la condición de cargo público. En concreto, una serie de cargos en empresas públicas que tuvo por su adscripción política, "no por la experiencia profesional en materia de aguas", indica el portavoz Toni Francés, en un comunicado.
"La experiencia política o las responsabilidades que haya tenido por su pertenencia al PP, no deberían ser tenidas en cuenta ni valoradas como méritos profesionales, de hecho, no constituyen méritos para el acceso a las administraciones públicas", ha zanjado.
