Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana formará parte, junto a Navarra, del consejo asesor para la elaboración y despliegue de la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización: para una buena vida en la comunidad, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La elección de la Comunitat Valenciana se anunció este miércoles tras la presentación en Madrid por parte de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de la Estrategia de Desinstitucionalización, ha informado la Generalitat en un comunicado.
La directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, Mercé Martínez Llopis, que representará a la Comunitat Valenciana en el Consejo, se ha mostrado "muy satisfecha" con esta elección que, a su juicio, demuestra que, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, "se están haciendo las cosas bien al apostar por una atención a las personas mayores y en situación de dependencia no centrada en la institucionalización residencial".
Martínez ha asegurado que la decisión de formar parte del Consejo "refuerza el modelo valenciano de dependencia centrado en fomentar los cuidados y la autonomía personal en el entorno familiar, en el que estamos trabajando desde la pasada legislatura".
La Estrategia Estatal de Desinstitucionalización: para una buena vida en la comunidad forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, donde se menciona la necesidad de "reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración", y está vinculada con el cumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según ha destacado Martínez, esta estrategia oficial pretende "favorecer la transformación del modelo de cuidados actual en España, promoviendo la vida independiente y la atención enfocada en la persona en el entorno comunitario", de manera que si una persona en situación de dependencia quiere quedarse en casa "tenga los apoyos y las ayudas necesarias para seguir viviendo en sus domicilios y no acaben en una residencia si no lo desean".
El Consejo Asesor de la Estrategia, que estará formado por personas de "diferentes perfiles y ámbitos sociales, públicos y privados", tendrá como funciones actuar como "garante del enfoque adecuado de la estrategia y dotar de calidad al proceso de elaboración del documento".
Igualmente, este órgano participativo contribuirá con la aportación de conocimiento y visión "desde diferentes perspectivas", y con la colaboración en la identificación y movilización de actores y generación de un "contexto favorable" para el desarrollo e implantación de esta iniciativa.
La Estrategia de Desinstitucionalización consta de tres fases: la primera, que comenzó en noviembre de 2022 y que culminará en abril de 2023, es la de 'Análisis y Diagnóstico'. En esta se estudian el contexto y ciertos proyectos pioneros en los que los mayores ya envejecen en sus casas gracias a una red de cuidados.
La segunda fase consistirá en un proceso participativo en el cual todas las comunidades autónomas, entidades locales y el Tercer Sector realizarán sus propuestas y, en base a estas, se redactará la Estrategia que definirá el marco en el que se opera, los ejes, los objetivos, las líneas de actuación, los indicadores y el sistema de gobernanza. Está previsto que comience en primavera de 2023 y terminará en otoño de ese mismo año.
Finalmente, entre noviembre de este año y enero de 2024 se elaborará un borrador del Plan Operativo 2024-2025, que concretará las medidas y actuaciones previstas, los indicadores de progreso y el mecanismo de seguimiento de su aplicación.
Durante la presentación de la Estrategia, se dieron a conocer los resultados de una encuesta encargada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde solo el 21 por ciento de los españoles considera que las personas que viven en residencias están incluidas en la sociedad y el 81% piensa que se ha de potenciar que los colectivos vulnerables vivan en sus hogares y cuenten con redes de apoyo. Además, el 87% de los encuestados creen que las residencias deben ser recursos temporales y transitorios.
Por otra parte, según la encuesta, el 97% de la población estaría a favor del cambio del modelo de los cuidados, aunque sólo el 58% piensa que es probable que se lleve a cabo.
