VALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana se sitúa en el puesto 13en el ranking de las autonomías sobre servicios sociales que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el denominado Índice DEC 2023, pero registra "un gran cambio" de tendencia desde 2015 hasta 2023.
Así, en su valoración global ha pasado en este tiempo de un desarrollo calificado de "irrelevante", a "Débil", y de 0,60 puntos a 4,73. Expresa así "un gran cambio de tendencia positivo", especialmente señalado en cuanto a ordenación del Sistema y en relevancia económica, aunque en los dos últimos años "esta mejora no se ha visto reflejada en una mayor cobertura de prestaciones y servicios, que sigue registrando un ligero retroceso".
Asimismo, el informe señala que resulta "especialmente destacable" en el caso de la Comunitat de Valencia, el "esfuerzo" de desarrollo normativo y la ordenación del Sistema, que se inicia con la aprobación de una Ley de nueva generación, que reconoce derechos subjetivos, su concreción en un Catálogo, y una planificación estratégica. Así mismo, tiene integrada la atención a la dependencia en su Sistema de Servicios Sociales.
Por todo ello alcanza "la excelencia" en este apartado. Sin embargo, explican que el "ligero retroceso" en la puntuación se debe a que en esta aplicación deja de puntuar el indicador de la Ley (ya que se ha alcanzado por parte de todas las Comunidades), y en su lugar se incorporan tres nuevos indicadores, de los cuales en uno de ellos, la historia social única, no puntúa. En cambio, sí que puntúa en ética (normativa y comité) y "parcialmente" en investigación, por tener partidas dedicadas a ello pero "adoleciendo de una estrategia o plan claramente definido".
Además, desde 2014 la relevancia económica de los Servicios Sociales de las Administraciones Públicas en la Comunitat Valencana refleja "un incremento continuo", expresado en los tres indicadores, y mantiene esta tendencia en esta aplicación del DEC.
En términos absolutos, las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana (Comunidad, Diputaciones y Ayuntamientos) incrementaron un 12,2% su gasto en servicios sociales en 2022 respecto al año anterior, pasando de 461,4 euros por habitante a 517,6 (+56,2 euros). Esta cuantía supone superar, por primera vez, la media estatal, que fue 512 euros en 2022.
En relación con el PIB regional, este gasto del conjunto de administraciones públicas de la Comunitat Valenciana en servicios sociales representó en 2021 el 2,09%, un porcentaje "similar" al del año anterior. De esta manera, se mantiene por encima de la media del conjunto de Comunidades, que fue de 1,81%.
Además, ve "destacable" que en 2014 el porcentaje del PIB que la destinaba a servicios sociales públicos era sólo del 1,04%, de manera que en 8 años ha duplicado este porcentaje. Por último, el porcentaje del presupuesto total que las Administraciones Públicas de la Comuniat dedican a servicios sociales también ha aumentado pasando del 8,43% en 2021 a 9,27% en 2022. A pesar de ello, es en el único indicador de relevancia económica sigue por debajo de la media estatal, que se situó en 2022 en 10,24%.
Por su parte el peso de la financiación local sobre el total del gasto en servicios sociales en la Comunitat Valenciana es "sensiblemente inferior" a la media de España, ya que supone sólo el 16,1% frente al 27,2%. Además, tiene una tendencia "decreciente" en los últimos años. En consecuencia, la aportación de la Comunidad Autónoma es superior a la media, con el 83,9% del total del gasto, frente al 72,7% de media en España.
Los aspectos más destacados de la Comunidad Valencia en servicios sociales son sus estructuras básicas de servicios sociales, con un profesional por cada 1.493 habitantes frente a los 1.764 de media; la atención a la dependencia, que alcanza 5,8 puntos , siete décimas mas; las Rentas Mínimas de Inserción, que perciben el 10,8% de las personas bajo el umbral de la pobreza frente al 7,99% de media; y el porcentaje de acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos, que en la Comunidad Valenciana representan el 59,5%, siendo la media de España el 52,2%.
Por el contrario, está por debajo de la media estatal especialmente en servicios para personas mayores y no hay datos para valorar las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
