El Congreso convalidará el último decreto anticrisis después de las elecciones del 23J

VALÈNCIA (EP). La Diputación Permanente del Congreso convalidará el último decreto de ayudas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas después de las elecciones generales del 23 de julio.

Según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press, no está previsto que la Diputación Permanente se reúna la próxima semana, con lo que la convalidación del decreto tendrá que esperar a la semana posterior a las elecciones o a más tardar, a la siguiente.

Y es que la norma, en vigor desde su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de junio, tiene que ser convalidada en los 30 días hábiles siguientes a su promulgación.

Como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral, la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, es quien asume la facultad de convalidar o derogar las medidas que aprueba el Gobierno vía decreto ley.

Un paquete con un impacto de 8.900 millones

El objetivo principal del decreto pasa por extender algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el próximo 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público.

En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total -teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones- es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

El nuevo paquete aprobado mantiene la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Además, entre otras ayudas que se prorrogan se encuentra también la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año).

Así, se seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que las comunidades autónomas se comprometan a aumentar este descuento hasta, al menos, el 50%.

Se prorroga la prohibición del despido por costes energéticos

El Real Decreto-ley también prorroga asimismo algunas medidas laborales vinculadas a ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

Eso sí, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

También se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por mes, mientras que en el último trimestre del año será 5 céntimos por litro.

En clave energética, el decreto aporta una modificación de las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, mejorando así la retribución para estas tecnologías.

Se prorrogan medidas de apoyo a la isla de La Palma

Adicionalmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma. Concretamente, se prorroga otros 6 meses el régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

También se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas.

Como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral, la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, será quien asuma la facultad de convalidar o derogar las medidas que ha aprobado este martes el Gobierno vía decreto ley.

Se elimina la prórroga automática del alquiler

No obstante, el decreto también elimina algunas de las medidas establecidas en anteriores paquetes anticrisis. Es el caso de la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento.

Esto no afecta a la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulado en la Ley de Vivienda, que impide subidas superiores al 2% hasta el 31 de diciembre de 2023 y del 3% hasta el final de 2024.

En materia de vivienda, el decreto mantiene hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional. Se prorroga también el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.

Por otro lado, en este decreto-ley se incluye una línea de avales de 2.500 millones de euros para la compra de una primera vivienda de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, pero con ingresos de hasta 37.800 euros anuales. Con esta medida, el Gobierno aspira a posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.

Adicionalmente, se incluyen medidas para facilitar las inversiones del Perte Chip (semiconductores y microprocesadores), al tiempo que se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Límites a VTC

Por otro lado, el paquete también habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.

Sin salir de la movilidad, el decreto recoge una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% tanto para la compra de un vehículo eléctrico como para la instalación de sistemas de recarga, con una base máxima de deducción de 20.000 euros.

La desgravación será deducible durante los dos próximos ejercicios, hasta final del año 2024, mientras que es susceptible de ampliarse un año más cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación.