Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El pasado mes de marzo los partidos del Botanic aprobaron la nueva Ley de Transparencia. Una norma impulsada en realidad por la Conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo aunque fuera registrada en su día por PSPV, Compromís y Unides Podem en Les Corts como proposición de ley, que sustituyó a la de 2015 y cambió la composición, dedicación y salario de los consejeros del Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana.
Las modificaciones, que no fueron del agrado de los tres partidos del tripartito, han tenido una repercusión significativa en el presupuesto de 2023: los fondos destinados a este órgano se han multiplicado por tres respecto al ejercicio anterior. Si para este año el dinero reservado para el Consejo de Transparencia era de 135.000 euros, para el próximo ejercicio aumenta hasta los 432.880 euros.
Un incremento que se debe, principalmente, al cambio de categoría de los miembros del Consejo, que con la nueva ley pasan a tener dedicación exclusiva en el órgano con un sueldo equiparable al de un director general. Es decir, sus integrantes, cuando sean elegidos -pues el órgano lleva en funciones desde diciembre de 2020-, pasarán a percibir un salario aproximado de 64.000 euros brutos anuales.
La nueva ley redujo el número de consejeros a tres, mientras anteriormente el Consejo estaba integrado por cinco personas. Por lo que los tres salarios absorben un total de 192.000 euros aproximadamente, es decir, el 64% del incremento del presupuesto del Consejo se debe a las retribuciones que tendrán los consejeros.
Con la norma de 2015, los miembros salientes compatibilizaban sus trabajos con alguna reunión mensual del Consejo por la que perciben dietas.
Este cambio en la dedicación de sus integrantes fue defendido en su momento por Esquerra Unida con la intención de "profesionalizar" el órgano, dado que existen otros consejos de transparencia en España cuyos integrantes se dedican a ello en exclusiva.
En su día el PSPV lo uso en duda, dado que con ello pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario -la mayoría de los consejeros actuales provienen de este ámbito y el salario ahí es mayor que el de director general- ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión. Algo que consideraban que podría complicar la elección de candidatos y, de hecho, votaron a favor de la ley pero advirtieron que lo hacían por lealtad institucional porque les parecía un error.
