Pilar Blanco-Morales y Vicent Soler. Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La Junta de Extremadura y la Generalitat valenciana han remarcado este miércoles que el Estado debe comprometerse con la financiación de los servicios públicos "fundamentales" y han señalado que tiene que acometerse en España un "proceso de armonización fiscal" como "condición necesaria" para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera "eficiente y equitativa".
Estas cuestiones, entre otras, se plantean en una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017 firmada este miércoles en Mérida (Badajoz) por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, y del conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana, Vicent Soler.
Asimismo, ambas administraciones autonómicas entienden que la reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como un debate de "territorios", sino con el objetivo de "mejorar" el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, "estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan".
También, ambos ejecutivos plantean que el nuevo modelo de financiación autonómica "tiene que proporcionar" una financiación "suficiente" para que las comunidades puedan prestar "todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte de 2020".
En el texto, ambos ejecutivos defienden que hay que construir un sistema que "equipare" en recursos a las distintas regiones, en tanto que "todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las comunidades autónomas".
Al mismo tiempo, la Junta y la Generalitat subrayan que el sistema de financiación debe proporcionar a su juicio "estabilidad sanitaria, educativa y de los Servicios Sociales", que son tres de los cuatro "pilares" del Estado del Bienestar.
En este sentido, afirman que debe construirse una "garantía a largo plazo" mediante reglas de gasto "reformadas" y la creación de un fondo de reserva, tal y como sucede con las pensiones, de forma que "se protejan" los recursos "necesarios" para la prestación de tales servicios.
De igual manera, entienden que debe "asegurarse" la aplicación "efectiva" del principio de "lealtad institucional" entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas "entre sí", lo que significa -según reza la declaración firmada- que "las nuevas reglas de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes".
En este punto, Junta y Generalitat abogan por un "proceso de armonización fiscal", en tanto que "la ausencia de armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria de las comunidades autónomas, con la consiguiente desigual e injusta distribución de la carga tributaria".
Por otra parte, en la declaración suscrita defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser "sencillo, transparente, predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo", lo que "coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las comunidades autónomas".
También entienden que durante los últimos cinco años la contribución al "esfuerzo" de la reducción del gasto público de las distintas administraciones ha sido "muy desigual" y "en absoluto proporcional" a sus pesos respectivos en el gasto público. En concreto, apuntan que la Administración central ha soportado un 20,5 por ciento de los ajustes, las comunidades autónomas el 62,2 por ciento y las corporaciones locales el 28,1 por ciento.
De igual manera, subrayan que la "infrafinanciación" experimentada por las comunidades autónomas debe ser "tratada y solucionada" como un "problema de Estado".
Al respecto, advierten de que como "consecuencia" de la "insuficiencia de ingresos", y pese a las "reducciones de gasto en todos los ámbitos", las regiones han "incrementado sustancialmente" su endeudamiento entre 2009 y 2014.
También, defienden que debe abordarse la "problemática" derivada de los "déficits presupuestarios" generados por la "infrafinanciación autonómica "desde el principio" y, "particularmente, en el periodo 2002 a 2017, y que según indican "se han traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de comunidades autónomas de régimen común".
Tras la firma de la declaración, la consejera extremeña Pilar Blanco-Morales ha señalado que en un momento en el que se debate la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica las comunidades autónomas creen, ha dicho, que "es más lo que nos une que lo que nos separa".
Asimismo, ha incidido en que las reclamaciones contenidas en la declaración en materia de financiación autonómica suscrita este miércoles surgen bajo el "estricto respeto a los principios constitucionales" de "solidaridad, equidad y suficiencia".
A su vez, Vicent Soler ha afirmado sobre la firma de la declaración de este miércoles en Mérida que es "necesario" este tipo de "contactos bilaterales que refuerzan la multilateralidad" que, según ha dicho, se pretende "inscribir para conformar un estado compuesto, el Estado español de las autonomías desde la lealtad mutua, institucional" entre "todos".
Ha reconocido que se siente "muy cómodo" con el trabajo abordado con la Junta de Extremadura, teniendo en cuenta que hay "muchas cosas en común" entre las CCAA, ya que éstas son "responsables de una parte importante de la vida cotidiana de los ciudadanos".
"Tres de los cuatro pilares básicos del Estado del Bienestar son responsabilidad nuestra, es el mandato constitucional", ha espetado, al tiempo que ha añadido que existe "un problema de recursos para todos", para "los ciudadanos de todo el territorio español". También ha abogado por una "reflexión" de "cómo distribuir los recursos en función de cómo ha quedado el reparto de competencias entre tres administraciones".
En este sentido, ante el tema "básico" de la "suficiencia global", Soler ha defendido que hay una "gran oportunidad histórica" de corregir la situación actual; y tras ello también ha agradecido a la Junta de Extremadura la invitación para "pensar juntos, en las personas, en la gente".
De igual modo, Soler ha defendido que "se ha acabado la historia de los codazos" en favor de la "historia" de cogerse, ha dicho, "de la mano" y "de estar trabajando para conseguir que los ciudadanos estén mejor atendidos".
También ha señalado que la Generalitat ha firmado con la Junta de Andalucía un "protocolo" similar al suscrito con Extremadura, así como también con Murcia y Baleares. "Estamos hablando de oírnos, porque muchas veces lo que hay es malentendidos y lo mejor para superar los malentendidos es oírnos, hablarnos, discutir, reflexionar sobre temas básicos que nos unen y no configurar que no sé a quién favorece de conflicto permanente", ha aseverado.
