Dalmau durante una comparencia en Les Corts. Fotos: Inma CaballerVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda ha sacado a información pública un decreto en el que regula la la movilización de inmuebles vacíos en la Comunitat Valenciana con el fin de ofertarlos en el mercado del alquiler. Con esta norma, que incluye la creación de un registro de estos pisos, se pretende dar salida a los más de 19.000 inmuebles que este departamento calcula que hay deshabitados en la autonomía valenciana por parte de grandes tenedores y entidades bancarias. También permitirá a pequeños particulares ponerlos a disposición de la Administración valenciana de forma voluntaria.
Esta norma, que salía este martes a exposición pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), desarrolla uno de los mandatos que incluía la Ley por la Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017, en su artículo 11, como era la intervención de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana sobre viviendas deshabitadas y medidas de fomento para su movilización. En este sentido, ya preveía la creación de un registro que el decreto del departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau ahora desarrolla y dota de reglamentación.
Así, el texto acota los supuestos de intervención para la declaración administrativa de viviendas deshabitadas y, a su vez, obliga a los grandes tenedores de más de diez inmuebles a ponerlos en conocimiento de la Administración. Aunque la ley ya recogía este deber, con el decreto se define el marco normativo y se introducen derechos específicos para quienes saquen estas viviendas al mercado, como son bonificaciones y exenciones fiscales.
También recoge el régimen sancionador para multar a grandes propietarios de casas desocupadas, que no comuniquen sus activos vacíos a la Conselleria, y esta normativa también dará cobertura al impuesto a las viviendas vacías que el Botànic aprobó en la Ley de Acompañamiento de este ejercicio y que sin este decreto no podía ser regulado por la necesidad de definir el marco normativo que le diera amparo.
De este modo, el texto que ahora entra en trámite de alegaciones, persigue poner en circulación más viviendas para destinarlas al alquiler y atender la emergencia habitacional en la autonomía valenciana. "Supone uno de los grandes hitos en el desarrollo de la Ley por la Función Social de la Vivienda porque supone un impulso para movilizar vivienda deshabitada", destaca Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional, quien señala que el objetivo es movilizar 500 unidades este año.
En concreto, el decreto obliga a grandes propietarios de diez o más inmuebles a informar semestralmente a la Conselleria de Vivienda de sus viviendas deshabitadas, es decir, aquellas que estén "desocupadas de forma continuada durante un tiempo superior a un año, sin que concurra causa justificada de desocupación", indica el texto. En el caso de propietarios particulares, esta comunicación será voluntaria.
Esos inmuebles se incluirán en un registro de titularidad pública, de naturaleza administrativa y carácter autonómico, adscrito a Vivienda, que servirá de instrumento básico para su control y seguimiento, así como para la planificación de las políticas públicas de vivienda. Este instrumento se conformará como un inventario informatizado.
No obstante, este departamento premiará a los grandes tenedores que ofrezcan voluntariamente las viviendas deshabitadas a la Generalitat, o a cualquier otra administración pública, a través de "exenciones o bonificaciones que prevean los tributos autonómicos y locales al efecto". Vivienda no tiene competencia en esta materia y, por tanto, el texto no especifica cuáles serán las rebajas, pero permitirá que puedan acogerse a las exenciones que recoja la futura Ley de Vivienda que prepara el Ministerio. Además, permite que estas entidades puedan hacer uso de la Ley de Haciendas Locales, que prevé bonificaciones potestativas de hasta el 90% del IBI.
"Además, si el legislador autonómico lo considera, en el impuesto de viviendas deshabitadas que se aprobó en la Ley de Acompañamiento de este año, también se pueden establecer bonificaciones fiscales a grandes tenedores que pongan sus inmuebles en alquiler", puntualiza Peris.
Paralelamente, también se ha previsto una serie de medidas para fomentar la movilización de las viviendas, ya no solo en el caso de grandes propietarios, sino también de particulares. Así, la Generalitat financiará la contratación de las pólizas de seguro que garanticen a las personas arrendadoras el cobro de las rentas, la defensa jurídica en relación con la vivienda arrendada y la reparación de desperfectos derivados de los daños que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo.
Igualmente, financiará la contratación de un seguro multiriesgo para el hogar, así como promoverá ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética.
Para facilitar el acceso de la ciudadanía a estas viviendas que se saquen al mercado del alquiler, se establecerá una red de intermediación de 'Agentes Inmobiliarios Colaboradores' que se encargarán de tramitar estos alquileres con todas las garantías y hacer un control de las operaciones.
