Corrupción y política: los costes del capitalismo clientelar

No por antigua la situación deja de ser destacable. Residimos en un país  descentralizado y sin embargo centralista; en donde para gran parte del poder, (político, económico y mediático) lo que sucede dentro del perímetro de la M-30 queda equiparado con lo que ocurre en el conjunto de España. A Ortega y Gasset, hace ya un siglo, se debe una de las apreciaciones más certeras de un rasgo vigente hoy. Como él escribiera "como no se [va] en busca de la nación dónde en efecto está -recorriendo cada uno delos trozos de la península-, la idea abstracta "nación" se llena  irremediablemente con lo que el político [tiene] delante de sus ojos; esto es con Madrid". De forma que "de puro querer ser nacionales, los hombres públicos [son] madrileños, particularistas confundiendo la nación con su centro".

Una nueva comprobación de lo anterior es lo sucedido con el escándalo Lezo en la Comunidad de Madrid, repetición de lo conocido antes en Baleares y Comunidad Valenciana, ligados al PP, o Cataluña relacionados con la antigua Covergència. Al afectar a la administración autonómica de la capital del Estado, cierto que con el conocimiento de derivaciones nuevas en la relación con altos cargos del gobierno y de Fiscalía General del Estado, ahora sí es detectable una más que notable preocupación entre  representantes públicos, medios de comunicación y poderes económicos “nacionales”. No es para menos podría añadirse cuando, limitándonos al terreno empresarial,  existe una presunta implicación de grandes empresas, pertenecientes, ahora o en el pasado, al IBEX. Un hecho que no pasa desapercibido en los centros financieros internacionales poco dados, dada la inmensa oferta de oportunidades de inversión, al matiz y la diferenciación: la imagen deteriorada es la del conjunto de las empresas españolas.

Demasiado a menudo, sin embargo, el coste de estas prácticas se sigue circunscribiendo al monto de lo detraído, bien para financiación partidaria bien para enriquecimiento personal. Sin negarle importancia, esta aproximación es la menos relevante social y económicamente. En el primer caso, porque con independencia de los importes esas prácticas son las que, junto a una insolidaria gestión de la crisis, han destrozado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, un elemento central de la cohesión social y de la capacidad colectiva para fomentar el progreso de las sociedades.

El gráfico siguiente, elaborado con la información de los Eurobarómetros, demuestra que en el terreno de la confianza institucional estamos a la cola de la UE. La de los españoles en su gobierno y en su parlamento es la más baja de los 28 países miembros. Es un hecho grave, por más que se soslaye o se pretenda defender que la situación es similar a la del resto de la UE. Parece demostrado que las crisis económicas provocan shocks permanentes, y negativos, en la evolución tendencial del PIB. Si las crisis institucionales también los tienen en los niveles de confianza, la magnitud de la tarea que tiene por delante la democracia española para recuperarla roza lo gigantesco

Los efectos negativos de mal gobierno no son visibles en el corto plazo en el que la economía parece evolucionar de manera independiente. Sin embargo, como vienen subrayando desde hace ya años los expertos, y desde fechas más recientes organismos como la OCDE,  la confianza es decisiva para la mejora de la posición de una economía en el mercado global. No es necesario considerarla una de las virtudes sociales como hiciera Francis Fukuyama, para reconocer que su existencia fomenta el crecimiento sostenido a medio y largo plazo y su ausencia lo dificulta.

Pero los nefastos efectos de la corrupción, cuando no es un fenómeno excepcional, no son solo sociales. Tiene costos económicos muy elevados por más que también sean difíciles de cuantificar. La desafortunada traducción entre nosotros de “crony capitalism” por capitalismo de amiguetes, viene impidiendo relacionar lo que viene ocurriendo en España con la abundante bibliografía existente sobre este fenómeno. El cual puede definirse por aquellas sociedades donde en la toma de decisiones públicas, las relaciones personales entre intervinientes y responsables políticos dominan sobre los criterios de eficiencia y de interés general.

La existencia de comportamientos clientelares deteriora la competitividad. Lo hace por el ineficiente uso de los recursos públicos pero también lo hace al afectar al conjunto de la economía, al menos, por dos vías. En primer lugar, al privilegiar la acción pública a las empresas que aceptan, o promueven, estas prácticas, se convierte en un obstáculo a la  mejora de la eficiencia. Los contratos no se conceden (troceados o no) a los más competitivos; se conceden a aquellos que han conseguido que el gestor público haga los concursos a la medida de sus intereses o fuerce la ley para que los consiga la empresa dispuesta a pagar sobornos. Su coste, por tanto, no es solo el porcentaje que éste represente, a sumar al importe total cargado a los contribuyentes. Al mismo hay que añadir el derivado del hecho de que quien obtiene el contrato no lo hace por ser el más eficiente sino el dispuesto a pagarlo. Al margen, pero no independientes de ello,  quedan las medidas legales hechas a medida de los intereses de determinados grupos de presión con ejemplos bien conocidos como el caso Castor, las radiales de Madrid o las energías renovables. Son actuaciones legales, pero son también, como mostró Carlos Sebastián en España estancada: Por qué somos tan poco eficientes ejemplos claros de capitalismo clientelar.

Pero en segundo lugar, esta situación, al ser conocida, o como poco sospechada por los competidores desde mucho antes de ser descubierta e investigada por los jueces, desincentiva la competencia en el conjunto, o gran parte, de los contratos públicos. Estas prácticas  incentivan en el resto de las empresas el convencimiento (con razón o sin ella) de que los concursos públicos están otorgados de antemano. La actuación pública irregular amplifica, por tanto sus efectos a gran parte de la acción pública, y es un formidable obstáculo al estímulo de la competitividad. Y es en el fomento de la igualdad de oportunidades en donde se origina la mejora de la eficiencia de la que tan necesitada está la economía española.

Los estragos del tsunami de casos de capitalismo clientelar que se van conociendo no quedan, por tanto, acotados al enriquecimiento personal de algunos dirigentes políticos o a la financiación ilegal de las formaciones políticas. Sus efectos negativos se propagan al conjunto de la sociedad que acaba asumiendo como inevitable y normal lo que es excepcional cuando no directamente ilegal. Ya lo viene haciendo la sociedad española respecto al nivel de desempleo o la reducción de ingresos para la mayoría. ¿Por qué van a quedar excluidos de la reversión otras convicciones igual o más de importantes para el avance de una economía eficiente y competitiva? Además, por supuesto, de para la salud de la democracia en España.