Alfonso Rus sale detenido de su casa (EVA MÁÑEZ).VALENCIA. Desde primera hora de la mañana dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil custodiaban la puerta del domicilio del expresidente de la Diputación de Valencia y del PP Alfonso Rus. A las nueve y cuarto de la mañana el fiscal Anticorrupción Vicente Torres, y el secretario judicial llegaron a ese mismo domicilio para comunicarle a Rus la detención y comenzar los registros, tal y como publicó en primicia desde Xàtiva Valencia Plaza.
A medianoche, más de 14 horas después del arranque de una de las mayores operaciones contra la corrupción y el blanqueo de capitales, bautizada como operación Taula, los agentes de la UCO y Torres finalizaban los registros en Xàtiva. No quedó un milímetro de las propiedades de Rus por escudriñar. FOTOGALERÍA
A la misma hora, la primera y única detenida que pasó a disposición judicial el martes, la exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, quedaba en libertad tras declarar durante hora y media, imputada por cinco delitos.
Mientras la Guardia Civil estaba con el expresidente de la Diputación en su casa, más de 200 personas se fueron agolpando en la puerta del garaje. El debate entre vecinos estaba abierto, y el que antaño fuera el alcalde más querido y votado de Xàtiva era insultado sin tapujos por sus conciudadanos a su salida en calidad de detenido: "Corrupto, ladrón, sinvergüenza...".
La exconcejal María José Alcón, a su llegada al juzgado (Marga Ferrer).Al mismo tiempo, a 60 kilómetros de allí, otro baluarte del PP valenciano era arrestado. Sin tanto nombre de cara al público pero si dentro del partido, la secretaria del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster, era detenida por presunta corrupción. La detención de Fuster no es sino una prueba más de las dimensiones y ramificaciones que tiene esta macro operación que está siendo capitaneada por el magistrado del juzgado de Instrucción número 18, Víctor Gómez Saval.
Fuentes del Partido Popular se mostraron indignadas con Fuster, ya que tan sólo 24 horas antes había hecho “un apasionado discurso en la sede de la calle Quart diciendo que el problema del PP era y es la corrupción, y que no hay que tener piedad con los corruptos”, según explicaban a Valencia Plaza asistentes a la reunión.
Junto a Alfonso Rus, otras 23 personas fueron detenidas en Valencia, Castellón y Alicante (QUIÉN ES QUIÉN) por presunto amaño de contratos en administraciones públicas relacionados con el caso Imelsa. Entre los arrestados en la operación desarrollada conjuntamente por la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, están el exvicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina, y el exalcalde de Genovés y asesor de Rus en la Diputación Emilio Llopis.
También fueron arrestados el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en Les Corts David Serra; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu Vicente Burgos; y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia Salvador Deusa Ibanco.
Ademas de los citados, este martes también fueron arrestados trece empresarios, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular), según informó el TSJCV.
El fiscal anticorrupción, Vicente Torres (izquierda), llega a casa de Alfonso Rus (Foto: EVA MÁÑEZ)En la operación hay un total de 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Entre ellos se encuentran el portavoz del PP en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia y presidente del partido en la capital, Alfonso Novo, y uno de los asesores del grupo, Luis Salom, que no fueron detenidos pero sí citados como imputados para declarar este miércoles ante el juez.
La operación se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En total se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad, concretamente 14 en domicilios particulares y 19 en sedes sociales.
Uno de los registros se llevó a cabo en la sede la empresa pública de la Generalitat Ciegsa, creada por el PP para construir colegios y sobre la que la Intervención de la Generalitat acaba de destapar millonarios sobrecostes. También se registró la sede de la mercantil Engloba.
Se registraron domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede del Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente, y la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia.
La operación policial llegaba tras meses de investigación judicial en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia por supuestas irregularidades en la empresa de la Diputación de Valencia Impulso Económico Local (Imelsa), cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent, imputado en la causa, no se halla entre los arrestados este martes, según precisó el TSJCV.
Registro de la Guardia Civil en la sede de Ciegsa (Marga Ferrer).El origen de la investigación fue una denuncia de la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que aportó diez horas de grabaciones que implicarían a numerosos cargos políticos en una trama de corrupción a través de las contrataciones de la Diputación de Valencia.
Rus se vio forzado a renunciar a todos sus cargos en la Diputación y el PP tras hacerse pública una de esas grabaciones en las que se escuchaba al exdirigente popular contar dinero de lo que se investiga si podría ser un soborno, aunque él siempre negó que fuese su voz.
El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
