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estaba previsto para el 13 de marzo

Costa, contrariado por la suspensión del juicio de Gürtel: "Que lo retrasen, pero con fecha" 

Foto: JC CÁRDENAS/EFE

La Audiencia Nacional ha notificado este martes a las partes la suspensión temporal del inicio del juicio

22/02/2017 - 

VALÈNCIA. El ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa, se mostró este martes contrariado por la suspensión del juicio oral sobre las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel dictada por la Audiencia Nacional. En declaraciones a Valencia Plaza, Costa afirmó que "la Fiscalía tiene fiscales suficientes para hacer juicios". 

"Tú ves el final de una situación y ya no lo ves, aunque tampoco hay que darle más vueltas, aunque me dicen que no es habitual que la Fiscalía pida la suspensión de un juicio", manifestó en relación a su situación como procesado en esta causa, en la que el fiscal solicita para él siete años y nueve meses de cárcel.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicó este martes la suspensión del juicio oral que debía comenzar el 13 de marzo. El motivo de la suspensión es la baja médica de una de los fiscales asignados al caso, Míriam Segura, y la imposibilidad de comparecer del otro fiscal, Carlos Yáñez. La providencia del magistrado José Luis de Castro anuncia que "se señalará de nuevo a la menor brevedad posible teniendo en cuenta la circunstancia en que se encuentra este Juzgado Central Penal de baja del titular del mismo por enfermedad".

"Imagínate a una defensa pidiendo la suspensión. ¿Qué le dirían? Busque un sustituto", afirmó Costa. El exdirigente y exdiputado popular añadió que "“a lo mejor no tienen del todo claro que el juicio tenga mucho sentido, y si lo tienen claro por las conformidades de los empresarios, estoy seguro de que tienen fiscales fantásticos para poner a uno. Que se prepare y a empezar".

Costa pidió que el juicio no se aplace sine die, sino que se fije la fecha de inicio. "Si el problema es que se tiene que mirar la causa, que pongan a un fiscal nuevo y que retrasen el inicio, pero con fecha", argumentó. 

Respecto a cómo ve él el juicio después de que nueve empresarios hayan llegado a una conformidad con la Fiscalía y vayan a confesar que financiaron irregularmente al PPCV, el exdiputado es optimista: "Confío en que voy a terminar bien".


Este juicio es el segundo por las piezas separadas de Valencia dentro de todos los juicios de Gürtel. El primero, y con condenas más que contundentes para los principales investigados, ha sido el de la pieza de Fitur, donde los cabecillas de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo han sido condenados a penas de entre 12 y 13 años de cárcel -ya están en prisión-, mientras que la exconsellera de Turismo de la Comunitat Valenciana Milagrosa Martínez fue condenada por el TSJCV a cumplir 9 años de cárcel, aunque sigue en libertad bajo fianza hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.

También falta un juez

El magistrado del Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional que debía juzgar el caso es José María Vázquez Honrubia, quien se encuentra de baja por motivos de salud. Su sustituto natural es el juez Central de Vigilancia Penitenciaria y menores y firmante de la providencia de suspensión, José Luis de Castro, pero este renunció a sustituir a Vázquez Honrubia debido a la carga que soporta en su juzgado. 

Dada a esta situación anómala, se decidió sacar a concurso la plaza de lo Penal, pero con la condición de que en el momento que el magistrado titular se encuentre recuperado, su sustituto deberá abandonar la Audiencia Nacional y el juzgado. Es por todo esto que la citada plaza se ha quedado vacante, por el momento.

El juicio

El juicio ahora suspendido es el  previsto por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) entre los años 2007 y 2008 en el marco del caso Gürtel, que afectaría a las elecciones autonómicas y locales de 2007 y las generales de 2008.

En el banquillo de los acusados se sentarán 20 personas, entre los que destacan el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, condenado a 12 años de cárcel por Fitur; su número dos, Pablo Crespo, también condenado a más de 12 años, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, igualmente en prisión por el caso Fitur. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

En el marco de esta causa, la segunda pieza vinculada a la trama que comenzaría a juzgar la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra, y su antecesora en la gerencia, Cristina Ibáñez.

Entre los testigos se encuentra el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, cuya presencia estaba prevista el 15 de mayo. Unos días antes, el 24 de marzo, el magistrado señaló la declaración como testigo de Luis Bárcenas.

Nueve empresarios pactaron con el fiscal

Seis empresarios implicados en la rama valenciana del caso Gürtel han reconocido recientemente que participaron en la financiación irregular del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Todos ellos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de rebajar la petición de penas, tal y como ya han hecho los empresarios Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá.

Con ello, la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado un acuerdo de conformidad con los nueve empresarios implicados antes del juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia.

Estos empresarios son Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada. A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de 2 años de cárcel, con lo que no entrarían en prisión, aunque ese principio de acuerdo está pendiente de firmarse.


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